Por Miguel Casillas
INTRODUCCIÓN
Comparto un breve apunte crítico sobre la gestión del rector Martín Aguilar. Se trata de un documento de trabajo que debe ser enriquecido, complementado y corregido por la comunidad.
Lo primero que hay que observar es que la gestión actual se distinguió por su incapacidad para generar una alternativa pedagógica durante la pandemia del COVID-19, nunca hubo programas de apoyo para estudiante o profesores, se careció de empatía y liderazgo para sostener a la comunidad que reaccionó de modo solidario. Nunca hubo capacitación para el uso de tecnologías y el uso de plataformas.
Fue una gestión que no escuchó a los estudiantes inconformes, que desoyó a las estudiantes feministas, que dio la espalda a las demandas de los profesores, que impuso medidas autoritarias y de coacción para los universitarios.
Ha sido una gestión gris, sin proyecto de reforma y sin liderazgo. No hay argumentos que sostengan la retórica del rector para continuar y prorrogar su mandato. No es verdad que haya una reforma del MEIF en curso, pues no hay proyecto definido, ni intervención de profesores y estudiantes. La reforma del MEIF sólo está en la cabeza de un puñado de funcionarios. Tampoco es cierto que hay un plan para impulsar la educación híbrida ni la digitalización de programas. No han hecho nada al respecto en cuatro años. No hay proyecto académico para los próximos cuatro años, solo ambición personal.
DOCENCIA
Hubo un lento incremento de la matrícula; lejano de las necesidades sociales, intrascendente frente a las prioridades nacionales, favoreciendo a clases medias. No hay un plan para el crecimiento de la matrícula, ni metas, ni indicadores de inclusión de grupos desfavorecidos.
Para bien, se diseñó un proyecto experimental de políticas de apoyo a estudiantes vulnerables; fue exitoso, pero tardío e insuficiente, estuvo fuera del proyecto original de la gestión y desconectado de las prioridades institucionales.
A pesar del cambio el régimen político y de su falta de relevancia en las políticas nacionales, de su inutilidad e intrascendencia académica se continuó la vieja inercia de las antiguas políticas de docencia (simulación, acreditación de programas con las típicas agencias corruptas, diseño por competencias, etc.).
A pesar del discurso oficial, no ocurrió una sola reforma curricular que favoreciera una reforma de género en los programas educativos, tampoco se incorporaron contenidos sobre medio ambiente y sustentabilidad, no hubo reforma que incorpore la cultura de derechos humanos. La UV sostiene una postura centralista y durante la gestión no se hizo nada por incorporar contenidos y crear programas educativos vinculados a la solución de necesidades regionales.
Se habilitaron sobre viejos salones de clase unas 400 de las llamadas aulas híbridas; con un costo económico alto, impertinentes pues se implementan en un momento en que se exigió de modo autoritario el regreso presencial a clases, sin capacitación magisterial, con serios problemas técnicos, y, sobre todo, sin un proyecto académico que justificara su implementación. Se les impusieron a las facultades. Según un diagnóstico oficial no se usan como aulas híbridas, pues se siguen usando de un modo presencial y convencional o para eventos académicos. Muchas ya no sirven, se han perdido o maltratado los equipos, y no se han diseñado criterios académicos para su uso. En tanto gasto inútil, este caso podría tipificarse como corrupción académica y ser investigado sobre su funcionamiento y utilidad por la Contraloría.
El proyecto de digitalización de programas; fue un desarrollo experimental que desmantelaron, con resultados inciertos en programas educativos de baja incidencia social y educativa. También este caso podría tipificarse como corrupción académica y ser investigado sobre su funcionamiento y utilidad por la Contraloría. La gestión actual fue incapaz de promover una actualización tecnológica de los planes y programas de estudio.
La reforma del MEIF es un proyecto regresivo y conservador que no busca su profundización y desarrollo sino su desaparición para favorecer la desregulación de la docencia a favor de la enseñanza tradicional. Se tardaron cuatro años en terminar un pésimo diagnóstico que no involucra a profesores y estudiantes. El documento de trabajo es regresivo, pretenden eliminar el AFBG y prácticamente acabaron con la flexibilidad curricular. La UV no ha discutido un proyecto de enseñanza que actualice y profundice el MEIF hacia una educación híbrida y una pedagogía moderna.
La UV ha sido incapaz de promover una capacitación general del personal académico; no hay programas de corte disciplinario o metodológico; no hay capacitación tecnológica, ni sobre derechos humanos o género; no hay capacitación sobre la problemática ambiental. No hubo durante la pandemia y no hay en la actualidad apoyos al gasto privado en conectividad y equipo de cómputo que realizan los profesores.
No hay políticas que atiendan las necesidades y características de los profesores de asignatura y que terminen con la precariedad laboral. No hay un programa de recambio generacional del profesorado.
INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
En la actual administración se nombró funcionarios de investigación y posgrado a distinguidos académicos que desconocían el funcionamiento, el contexto y la realidad de la Universidad, particularmente en sus regiones académicas. Nunca hubo un diagnóstico, nunca hubo reuniones colegiadas donde se convocase a los coordinadores y académicos; los recorridos que algunos funcionarios hicieron siempre fueron formalistas, superficiales, acríticos. No se atendieron las necesidades específicas de los grupos de investigación.
La DGI no considera para nada de su gestión a los académicos que, siendo investigadores nacionales, participan de las facultades: como si sólo la investigación ocurriera sólo en los institutos y centros. La incapacidad para la gestión, el autoritarismo y la incomprensión del valor que tiene la investigación científica determinaron que se cerrara el Centro de Investigaciones en Conducta que dirigía uno de los más prestigiados académicos de la UV. Durante esta gestión se mantuvo la condición de discriminación hacia el CIIES manteniendo su condición de autofinanciable. Otros centros tienen condicionado su reconocimiento como institutos por motivos políticos. Se inventaron de modo incomprensible un nuevo centro de investigaciones dividiendo del IILL. De modo reactivo para justificar que necesitamos el dinero que no ha dado el gobierno, sin estar planeados ni considerados, se ha anunciado la incierta creación de nuevos centros de investigación regionales.
El incremento en el número de profesores en el SNII, el aumento y la mejora en la consolidación de los cuerpos académicos, y la creación de nuevos programas de posgrado, han sido resultado del esfuerzo individual y colectivo de los profesores, de su tenacidad, del incremento en sus grados y credenciales académicas, de su productividad, no del apoyo institucional. Aun cuando esto debe reconocerse como una mejora institucional, también es necesario observar que no resulta de la acción y promoción de los funcionarios responsables, ni de un plan ni una política expresa. Impera el burocratismo, la ineficiencia y el desprecio por la investigación y los investigadores.
La Universidad contrató a un agente externo la elaboración de un plan de desarrollo del posgrado y la investigación. Técnicamente el documento es superficial, incompleto, acrítico, ahistórico y desconectado de la realidad veracruzana. Su diagnóstico y conclusiones perdieron sentido y relevancia cuando al otro día de su presentación ante el Consejo Universitario, el Conahcyt cambió las reglas para el posgrado y creó el Sistema Nacional de Posgrados.
La falta de visión sobre los cambios en la política pública hacia la educación superior, la indolencia y la displicencia en la operación, la incapacidad de la gestión, colocaron al posgrado de la UV en una tremenda crisis, pues de un golpe se perdieron las becas que reciben nuestros alumnos, aunque luego de una negociación se consiguió conservar la mitad de las becas que ante se tenían. En la actualidad tenemos serios déficits de becas de posgrado que inhiben la expansión de este nivel educativo. En la convocatoria del 2025, la UV perdió 20 programas con posibilidad de becar a sus estudiantes.
Se aprobó por mayoría un nuevo reglamento de posgrado en el CUG con un conjunto de insuficiencias y errores que han tenido que ser arreglados progresivamente en reformas sucesivas. El principal problema de ese reglamento es que carece de una visión y un sentido de futuro, está desvinculado de las necesidades del desarrollo regional y del proyecto institucional pues sus reformas curriculares han sido impermeables a los asuntos del medio ambiente, de los derechos humanos, de la igualdad de género, de su actualización tecnológica.
La Universidad carece de un proyecto académico para el posgrado y la investigación; no hay sinergia ni complementariedad en estas funciones, no hay objetivos institucionales nítidos y compartidos por la comunidad. Los programas de posgrado en su mayoría son pequeñas islas desconectadas de los programas educativos de licenciatura y de los grupos de investigación. No hay criterios claros para su apertura, para su evaluación y para su estímulo.
No hay políticas de investigación que orienten las acciones de los funcionarios y de los grupos de investigación.
DIFUSIÓN CULTURAL
La difusión cultural mantuvo su dinámica inercial y la administración central fue incapaz de formular una política integral. Al inicio de la gestión se realizaron nombramientos equívocos que generaron una permanente situación de conflictividad interna en esa dirección.
En términos de acciones hubo un desarrollo inercial, se ampliaron algunas construcciones y recintos, destaca el arranque de la obra del nuevo teatro universitario.
La Universidad se distingue entre el resto de las IES de nuestro país por su fuerte proyecto de difusión cultural y de promoción (enseñanza, investigación y difusión) de las artes. Este sello distintivo, en tanto ventaja comparativa, está desaprovechado y desvinculado de la formación de los profesionales y en general de la comunidad científica.
La UV carece de una política integral de difusión cultural. La misma dirección general comprende muchas funciones y dependencias descoordinadas entre sí y muy distantes de las funciones de docencia e investigación.
Es necesaria la construcción de un proyecto de difusión cultural con objetivos, metas y acciones precisas que avancen en la coordinación y la integración de las actividades culturales de la Universidad.
GESTIÓN INSTITUCIONAL
Durante la gestión que termina, se intentó alcanzar una reforma a la Ley Orgánica. El proyecto se discutió formalmente sin amplia participación de la comunidad; su contenido no supone la consolidación del proyecto académico de la UV, no modifica la estructura orgánica ni la estructura de gobierno. En la operación política de su presentación ante el Congreso fueron evidentes la falta de oficio político, la falta de respaldo por parte de la comunidad, la desconsideración de la correlación de fuerzas en el Congreso y el enorme riesgo de poner en sus manos la máxima ley de la Universidad.
En términos generales el signo de los tiempos es la prevalencia de una estructura autoritaria de gobierno; seguimos sin tener elecciones libres para los consejeros y representantes, sin vida parlamentaria libre y democrática, sin órganos colegiados libres y democráticos. Prevalece el control autoritario.
Durante el periodo de esta administración entraron en crisis los sistemas digitales principales para el registro escolar y el control del personal. Hasta la fecha han sido incapaces de formular una propuesta coherente o de diseñar su propia versión, o de comprar el software necesario para garantizar un óptimo funcionamiento administrativo. Permanecen los obstáculos burocráticos del pasado y se han entrelazado con las nuevas exigencias administrativas y de control del gasto.
El desconocimiento de los agentes y los procesos, la incapacidad técnica y operativa, la falta de visión y de conocimiento sobre las políticas federales, la falta de oficio político, la desconexión con el gobierno del estado y sus políticas, la indolencia y la falta de compromiso fueron el sello de la gestión. Uno de los más graves fracasos de la Universidad ha sido la débil e inútil lucha por el 4% para el financiamiento; en el extremo, están las devoluciones del presupuesto que cada año se realizan por la incapacidad de gasto, y mientras se mantienen necesidades financieras enormes en cuanto al apoyo a la investigación y el financiamiento del trabajo académico.
La demagogia en relación con la incorporación de los derechos humanos, de la igualdad de género, de la educación para la paz, y la protección del medio ambiente fue patente. La inutilidad del plan de acción climática, el rechazo a las recomendaciones de la CEDH, el acoso para profesores disidentes, el silencio ante los reclamos estudiantiles, el control corporativo de los consejeros, el autoritarismo, el hostigamiento y la violencia de género continuaron. El pacto patriarcal sigue vigente.
Continuaron la corrupción y el amiguismo, por ejemplo, con las aulas híbridas, la contratación de asesores, el otorgamiento de plazas, ¡hasta la creación de un nuevo centro de investigaciones para las amigas del rector!
La Universidad tiene una estructura de gobierno antigua, de corte autoritario, antidemocrática y vertical. Debería avanzar hacia una estructura moderna, eficiente y democrática.
La Universidad tiene una estructura organizacional centralizada que inhibe el desarrollo de sus regiones académicas. Debería asumir plenamente un compromiso hacia la desconcentración y la descentralización, hacia el desarrollo de perfiles propios en cada región, vinculados a las necesidades regionales.
La Universidad tiene una estructura administrativa gigantesca, altamente burocratizada e ineficaz. El avance hacia la digitalización de los procesos ha sido lento.
En la estructura administrativa y de gobierno cada vez cobra mayor relevancia la DGTI, no sólo absorbe muchos recursos, sino que impone una visión técnica del uso de las TIC en la Universidad. De manera equívoca realiza tareas (cursos, talleres) como si fuera entidad académica. Esto tiene que ser revertido para construir un plan de desarrollo tecnológico con base académica.
Conclusión
A partir de lo aquí referido no hay argumentos que validen una gestión exitosa, no existen los enormes proyectos en curso que justifiquen la pretensión del rector por continuar otros cuatro años. Por el contrario, hay un extendido descontento y una situación de anomia institucional que exige ser revertida. Otros cuatro años de lo mismo significarían ancaminarnos al abismo de la mediocridad.
