Por Raúl Contreras Zubieta Franco*
Para quienes hemos seguido de cerca el actual proceso de sucesión rectoral en la Universidad Veracruzana (UV), no hay duda: la máxima casa de estudios del estado vive un momento tan inédito como tenso. Por primera vez en casi tres décadas de autonomía, un rector en funciones ha solicitado prorrogar su mandato por otros cuatro años, amparado en una disposición legal nunca utilizada. En respuesta, la Junta de Gobierno de la UV lanzó una consulta “abierta” a la comunidad universitaria para evaluar dicha petición. Sin embargo, esa supuesta apertura resultó ser más retórica que real: invitó a toda la “comunidad universitaria”, pero deja fuera a miles de egresados y jubilados de esta institución. Es decir, excluyó a sectores fundamentales en la vida de cualquier universidad. El contraste entre un discurso incluyente y una práctica excluyente ha encendido la indignación en amplios sectores universitarios.
El contexto es claro: el 29 de mayo pasado, el rector Martín Aguilar Sánchez presentó formalmente ante la Junta de Gobierno su solicitud de prórroga para extender su mandato, originalmente previsto para el periodo 2021-2025. Cabe recordar que, en aquel proceso de selección, todos los aspirantes, incluido el actual rector, se apegaron de manera puntual a lo estipulado por la Ley Orgánica, la Ley de Autonomía y el reglamento de la propia Junta.
Cuatro años después, ese mismo órgano colegiado, conformado por nueve destacadas figuras del ámbito académico nacional, decidió en sesión extraordinaria admitir la solicitud y definir un procedimiento inédito, ausente en la normatividad vigente. Como parte de este nuevo proceso, anunció una consulta híbrida —en línea y presencial— abierta, en teoría, a toda la comunidad universitaria. El registro se abrió entre el 5 y el 9 de junio para la participación presencial, mientras que la consulta digital se realizará del 10 al 13 de junio de 2025. Lo que sobre el papel podría parecer un ejercicio ejemplar de democracia institucional, en la práctica está plagado de filtros excluyentes y silenciosos.
Uno de ellos es especialmente significativo y, sin embargo, apenas se ha comentado de forma explícita: el requisito de contar con una cuenta institucional activa de la UV para poder participar. Tal condición, confirmada por la propia Junta de Gobierno en sus comunicados oficiales, implica que, tanto para registrarse en línea como para agendar una cita presencial, es necesario iniciar sesión con credenciales universitarias.
Este filtro, que podría parecer un detalle técnico menor, tiene consecuencias profundas: deja fuera a todos aquellos que no tienen un correo electrónico institucional vigente. Y eso incluye a miles jubilados universitarios y otros tantos más de egresados que, desde distintas trincheras, siguen siendo parte viva del legado universitario que, aunque no figuran en nóminas ni aulas, sostienen emocional y socialmente la experiencia universitaria. Así, la invitación a participar se redujo a quienes hoy ostentan una cuenta @uv.mx, acotando peligrosamente el espectro de voces convocadas.
Excluir a estos sectores no es un descuido menor ni una torpeza técnica: es una decisión que revela una concepción empobrecedora y reducida de lo que significa ser comunidad universitaria. Universidades como la UV se conforman tanto por quienes hoy caminan sus pasillos como por quienes los transitaron y siguen sintiéndose parte de su historia. Al marginar estas voces en una decisión tan trascendente –como lo es la continuidad o el relevo en la máxima autoridad universitaria– se les está diciendo, sin decirlo, que su opinión no vale porque no poseen una credencial vigente.
En redes sociales y espacios digitales, numerosos egresados han compartido su frustración al intentar registrarse en el portal de consulta, solo para toparse con el muro del correo institucional. Tras años de formación y de contribuir profesionalmente al país, se les niega la posibilidad de pronunciarse sobre el futuro de su alma máter. ¿Acaso se pierde la pertenencia universitaria en cuanto se obtiene un título? Esta exclusión no solo hiere la identidad colectiva, sino que evidencia una preocupante falta de sensibilidad por parte de quienes diseñaron el proceso. A ello se suma el desdén por las voces de madres y padres, quienes tampoco podrán expresar si consideran o no pertinente la extensión del actual rectorado. Ellos, que acompañan desde el silencio los triunfos y tropiezos de la vida estudiantil, también han sido relegados.
El contraste con el discurso oficial no puede ser más chocante. La Junta de Gobierno habló de “consulta abierta” y dirigió sus mensajes “a la comunidad universitaria”. Pero la plataforma digital solo admitió cuentas institucionales activas. Es una exclusión sutil, casi invisible, que sin embargo lanza un mensaje clamoroso: solo cuentan las voces validadas por el sistema, mientras que las otras –aunque igual de válidas y vinculadas a la universidad– quedaron fuera por diseño.
Y no es solo la exclusión lo que genera inquietud. Tampoco está claro cómo se ponderarán las valoraciones y opiniones recabadas, ni bajo qué criterios realizarán tal evaluación. ¿Tendrá el mismo peso la voz de un estudiante que la de un académico?, ¿cuáles serán los criterios de evaluación?, amén de las expresiones que las distintas juntas académicas con seguridad plantearán en este proceso; y qué decir de los colectivos universitarios o de quienes decidan participar de forma individual (profesores, trabajadores o estudiantes).
Hasta ahora, la Junta de Gobierno no ha detallado la metodología que aplicará ni ha explicado de forma transparente el impacto que tendrá la consulta en su decisión final. Solo se ha anunciado que emitirá una resolución tras la evaluación y que, si se niega la prórroga, se convocará al proceso para designar a un nuevo rector o rectora. Pero a la comunidad –“acotada” o no– le quedará la duda: ¿se conocerán los resultados desagregados? ¿O solo se nos informará el veredicto? La incertidumbre reina, agravada por un silencio institucional que muchos interpretan como cómplice.
En el fondo, la pregunta que late en medio de esta controversia es simple y profunda: ¿quiénes tienen derecho a decidir sobre el destino de la universidad? La UV no es solo sus edificios o sus normas; es su gente, su historia, su red de afectos. Cada egresado orgulloso de su título, cada jubilado que confía en ella, cada trabajador que sostiene su funcionamiento diario es parte del alma colectiva de esta institución. Dejarlos fuera es herir ese vínculo invisible pero esencial que da sentido a la universidad pública.
La consulta actual, aunque vestida de legitimidad, amenaza con convertirse en una democracia a medias, pensada para validar una decisión previamente tomada. Es urgente reconfigurar los mecanismos de participación para que incluyan, en serio, a todos los actores de la vida universitaria. Si se quiere conocer el sentir de la comunidad, hay que abrir canales amplios, sin restricciones artificiosas ni condiciones que excluyan de forma encubierta.
La UV no pertenece solo a quienes tienen un correo institucional vigente. Su verdadera comunidad se extiende por generaciones y geografías. Ignorarlo no solo empobrece el debate: socava la confianza en las instituciones. Que este episodio sirva como recordatorio de que la autonomía no es aislamiento, y que la participación no puede tener apellidos ni fecha de caducidad.
Solo reconociendo todas las voces que conforman a la UV, y no solo aquellas que convienen al poder, se podrá honrar el verdadero espíritu universitario. La comunidad, entendida en su sentido más amplio, exige ser escuchada. Y ese clamor, nacido del afecto y de la razón, no debería volver a caer en el vacío.
* Premio Nacional de Periodismo 2024 y doctorante en Ambientes y Sistemas Educativos Multimodales; Egresado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación (1990-1994).
