Por Víctor A. Arredondo
- La libertad de pensamiento y la pluralidad ideológica que conlleva, han sido principios esenciales en el quehacer universitario autónomo.
- La libertad de gobernanza y de manejo de los recursos potencian el impacto social de las universidades.
- La Autonomía implica también responsabilidad social en la gobernanza universitaria, conducción académica y rendición de cuentas.
Desde los tiempos medievales, cuando surge el modelo de universidad que hoy conocemos con adaptaciones, se hizo evidente su misión de anticipación y cambio social. Gracias a pensadores iluminados que conformaban sus claustros y que influyeron el trabajo de las siguientes generaciones, se logró abatir el oscurantismo y la imposición de dogmas por la fuerza; se conocieron principios y leyes que explican el comportamiento del cosmos, la naturaleza y la condición humana; se recuperaron culturas y conocimientos milenarios; se impulsó la estética, la ética y la organización social; se descubrió cómo combatir plagas y epidemias; se propició el avance actual del conocimiento humanista, científico y tecnológico; pero sobre todo, nos enseñó que aún es poco lo que sabemos en relación a la inmensidad de interrogantes sin respuesta. La base de todo ello ha sido la libertad académica, la pluralidad, el trabajo colegiado basado en el respeto al otro y en el consenso, el manejo soberano de la gobernanza y el patrimonio universitario.
La universidad autónoma de nuestros días retoma tales principios, a partir de leyes, estatutos, reglamentos, normas y acuerdos que orientan el adecuado quehacer de todas sus funciones, instancias, órganos, autoridades, personal y comunidad estudiantil. Esto es, la gobernanza autónoma es regida por reglas, atribuciones, derechos y responsabilidades de todos los miembros de la comunidad universitaria. Por ello, es una gran responsabilidad moral, legal y social de las autoridades universitarias cumplir y hacer cumplir la legislación, lo que es esencial en la obligada rendición de cuentas a la sociedad.
Hace unos días, la ex rectora, Dra. Sara ladrón de Guevara y los dos ex rectores del régimen autónomo de la Universidad Veracruzana hicimos un pronunciamiento público sobre nuestro deber ético de velar por su autonomía externa e interna, estabilidad institucional y su futuro trascendente. Esta decisión fue pensada, consultada y sopesada entre cinco de los seis ex rectores con vida, después de un detallado análisis jurídico, respaldado por expertos en la materia. Recordemos que el ex rector de la UV, Dr. Salvador Valencia, fue protagonista central, junto con el Dr. Diego Valadez, en la redacción de la iniciativa de ley que condujo a que la autonomía universitaria se elevara a rango constitucional en los años ochenta. La inquietud inicial de poner atención al cercano proceso de designación rectoral, nos fue expuesta por el ex rector Dr. Raúl Arias, a partir de fuentes de información que le anticipaban que se presentaría una solicitud a la Junta de Gobierno (JG) para prolongar cuatro años más el actual periodo rectoral. Un par de días después de nuestro pronunciamiento se hizo público este hecho. Como se sabe, esa solicitud intenta fundamentarse en que la Ley de Autonomía de la UV establece la posibilidad de una prórroga de cuatro años más; lo que es correcto, pero respetando todos los demás ordenamientos al respecto. La misma Ley (Artículo 8, inciso b) mandata claramente a la Junta de Gobierno a realizar todo un proceso bien reglamentado al término de cada periodo rectoral. Éste debe materializarse en el lanzamiento de una convocatoria dos meses antes de la designación rectoral para fomentar la participación de aspirantes a la rectoría, quienes deben cumplir con requisitos puntuales, presentar una propuesta de trabajo y la comprobación documental de su trayectoria académica y profesional. A partir de la selección formal de los candidatos entre el grupo de aspirantes, la Junta de Gobierno realiza un amplio proceso de consulta entre la comunidad universitaria y un análisis pormenorizado de las mejores candidaturas, para luego sostener entrevistas personales con ellos y un debate público entre los finalistas. Esta normatividad inapelable busca un proceso transparente y altamente participativo de la comunidad universitaria. La solicitud de prórroga que conocemos es prácticamente pedirle a la Honorable Junta de Gobierno que incumpla su obligación legal; por lo que se trataría de una designación ilícita al transgredirse los ordenamientos normativos de la propia universidad. Además, se afectarían los derechos de los aspirantes que de manera genuina y legal desean ser considerados como candidatos a la rectoría, así como el derecho de toda la comunidad universitaria de participar en la auscultación sobre el futuro proyecto de la universidad.
Se sabe que el año pasado se quiso subsanar el escollo del límite de edad en una asamblea del Consejo General Universitario en la que se aprobó una propuesta de enmienda a la Ley Orgánica que eliminaba ese requisito. Sin embargo, también se sabe que hubo desistimiento en mantener esa gestión en la Legislatura del Estado. Ahora bien, en caso de la eventualidad de tratar el asunto de la prórroga en el Consejo General Universitario (CGU) no tendría ningún sustento legal ni sentido. La legislación universitaria es muy clara y explícita: la designación del rector le corresponde a la Junta de Gobierno; tratar ese asunto en el CGU con la finalidad de buscar una salida inexistente, podría convertirse en una grave transgresión a la ley.
En las últimas semanas ha habido expresiones públicas que pretenden descalificar a priori a la Honorable Junta de Gobierno que está conformada por destacados profesionales y universitarios que no pondrían en entredicho su probidad, honorabilidad y respeto a la legalidad. Es fundamental otorgarles credibilidad; confiando en que saben bien que su altura de miras y transparencia estará a la vista de la comunidad universitaria, de la sociedad veracruzana y del sistema universitario nacional. Al respecto, se han presentado comentarios anodinos de políticos que, en búsqueda de notoriedad, pretenden sacar beneficios partidistas al exponer argumentos sobre el proceso de designación rectoral que perjudican la autonomía universitaria. Por último, es justo reconocer la actuación respetuosa de la gobernadora, Mtra. Rocío Nahle, ante este proceso que debe dirimirse en la propia universidad. Todos esperamos que algunos colaboradores del rector no lo convenzan de que recurra a medidas que transgredan la legalidad y la estabilidad de la Máxima Casa de Estudios de Veracruz.
