La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) sentenció que la elección judicial de este domingo se trató de un proceso que no atiende las verdaderas necesidades del sistema de justicia ni garantiza el fortalecimiento institucional que México requiere.
“Nuestra posición es clara: Esta elección no puede convertirse en el nuevo modelo para futuros procesos electorales. No debe sentar precedentes para justificar recortes presupuestales, reducir el número de casillas que solo debilitaron la logística electoral, exigir a las autoridades electorales la organización de una elección con poco tiempo, entre otros problemas. Estamos seguros de que las condiciones que observamos hoy durante la jornada electoral, atentan contra la verdadera democracia, los derechos de los ciudadanos e incluso contra la independencia de los órganos electorales que hemos construido desde la sociedad y que deben seguir sirviendo a la ciudadanía”, subrayó el organismo en un posicionamiento oficial.
La Coparmex, que fungió como observador electoral, aseguró que pudo constatar múltiples irregularidades que comprometen seriamente la legitimidad del proceso y ponen en evidencia su fragilidad.
“A lo largo de la jornada generamos más de mil reportes y documentamos una baja participación ciudadana, retraso en la instalación de casillas, violencia en algunas casillas y hasta compra de votos en algunos municipios. En diversas casillas se reportó el uso de ‘acordeones’ y mecanismos para inducir el voto, lo que confirma la falta de garantías para un ejercicio auténticamente libre y razonado”, destacó.
El organismo empresarial destacó que la baja asistencia y el desinterés generalizado “confirman una verdad incómoda: que esta elección no nació de una exigencia social, sino que proviene de una imposición política mal ejecutada, pero con serias repercusiones en nuestras instituciones y que permea en la inversión y confianza como país”.
Consideró que las irregularidades detectadas vulneran los principios democráticos y evidencian los riesgos señalados desde un principio: “una reforma impulsada sin un diagnóstico técnico adecuado, sin consenso plural y sin mecanismos efectivos de evaluación de perfiles. Lo que debía ser una transformación hacia un Poder Judicial más fuerte y confiable, se convirtió en un proceso que prioriza el control político por encima de la autonomía, la profesionalización y la meritocracia”.
“Esta elección no representa el camino correcto para lograr justicia en México. Un sistema que nombra juzgadores sin transparencia, sin evaluación de capacidades y sin condiciones mínimas de información para la ciudadanía, está condenado a la ineficacia, al fracaso. La justicia no puede ser reducida a un ejercicio de popularidad y menos cuando hay una baja participación de los ciudadanos. La verdadera legitimidad se construye con preparación, imparcialidad y ética”, expuso.
Defendió que sin justicia independiente “no hay inversiones sostenibles. México no puede aspirar a un desarrollo sin legalidad. La justicia debe ser autónoma, profesional y confiable. Quienes resulten electos o designados deben actuar con independencia y apego a derecho. De lo contrario, no habrá confianza ni inversión que aguante. Defender el Estado de Derecho es defender el futuro del país. Porque lo que está en juego no es una elección, sino el modelo democrático que México ha construido por décadas”.
La Confederación patronal reiteró que ésta no es la reforma que el país necesita y ya está teniendo consecuencias. “Cada vez más empresas transnacionales están optando por recurrir a tribunales internacionales para resolver sus controversias, abandonando la jurisdicción mexicana ante la falta de confianza en la justicia local. Y el impacto más severo lo enfrentarán las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), que quedarían completamente desprotegidas frente a un sistema judicial politizado o ineficiente”.
“En Coparmex no nos quedaremos en la denuncia y señalamientos. Como parte de nuestro compromiso con México, trabajaremos en una propuesta de reforma judicial, construida con base en criterios técnicos, buenas prácticas internacionales y la participación de expertos, organizaciones sociales y actores del sector productivo. Nuestro objetivo es impulsar un sistema que realmente garantice certeza jurídica, profesionalismo y acceso efectivo a la justicia.
“Nos mantendremos como observadores permanentes del desempeño del nuevo modelo judicial. Evaluaremos periódicamente su operación, emitiremos informes independientes y continuaremos alzando la voz frente a cualquier intento por debilitar la justicia en nuestro país. Sin un Poder Judicial autónomo, confiable y eficiente, no habrá inversión sostenible, seguridad jurídica ni futuro para México”, concluyó el organismo.
