Por Alejandro León Maldonado*
Este fin de semana circuló en medios una defensa inverosímil de la solicitud del rector de la Universidad Veracruzana para extender su mandato por un segundo periodo de cuatro años, sin someterse al procedimiento que marca la Ley Orgánica. La defensa se sustenta en una serie de confusiones conceptuales y abusos del lenguaje que disfrazan una intención política con ropajes filosóficos. Es una columna basada en lo que podríamos llamar una falacia del interpretativismo.
El argumento central de dicha nota sostiene que “la Junta de Gobierno tiene el derecho de interpretar las disposiciones existentes en la normatividad universitaria” para, así, justificar la prórroga sin el debido proceso. Para sostenerlo, se recurre a una noción burda de “interpretación”, entendida como algo que hacemos constantemente en la vida cotidiana: una supuesta “traducción de lo que percibimos”. Esta idea, más allá de su superficialidad, es epistemológicamente insostenible. Desde hace más de un siglo, diversas tradiciones filosóficas han desmontado esa visión relativista, mostrando que es posible, y necesario, distinguir entre percepción directa y actos de interpretación[1]. No todo es interpretación. No todo es una “traducción”. No todo vale.
La trampa de esta pseudo defensa es doble. Por un lado, intenta desacreditar la existencia de hechos objetivos, afirmando incluso, con una cita sacada de contexto de Nietzsche, que “no hay hechos, sólo interpretaciones”. Por otro, se pretende deslizar que, en consecuencia, la Junta de Gobierno podría «interpretar» cualquier norma a conveniencia del rector. Es decir, se desmantelan los fundamentos de la racionalidad jurídica para imponer una voluntad individual, como si la ley fuera un texto vacío de sentido, moldeable a capricho del poder.
El problema es grave. Cuestionar la existencia de hechos en el contexto jurídico no sólo es filosóficamente erróneo, sino políticamente peligroso. En derecho, el concepto de “hecho” es central. Sin hechos no hay derecho. Y entre los hechos que todos conocemos están: el hecho de que ningún rector, desde la autonomía universitaria, ha sido prorrogado sin el proceso que establece la Ley Orgánica; el hecho de que los resultados de la presente administración distan mucho de ser satisfactorios; el hecho de que existen otros miembros de la comunidad con el legítimo derecho a aspirar al cargo; y el hecho de que hay una comunidad universitaria que demanda ser escuchada y tomada en cuenta en la designación del rector.
La interpretación normativa, por supuesto, existe. Pero tiene criterios claros: debe ser armónica con el sistema jurídico, congruente con los antecedentes, y favorecer el fortalecimiento del Estado de derecho. En el ámbito universitario, esto implica promover la transparencia, la participación democrática y la deliberación plural. No hay interpretación válida que habilite eludir el procedimiento establecido por la Ley Orgánica, que exige auscultación abierta, evaluación de resultados y consideración de candidaturas múltiples. Saltarse este proceso es quebrantar la legalidad, y querer justificarlo con argucias filosóficas sólo empeora el agravio.
Lo que el rector y su equipo proponen es una confusión deliberada: que los conceptos se acomoden a su voluntad. Pero ni los hechos son negociables, ni los conceptos jurídicos pueden redefinirse al antojo del poder. Afortunadamente, el lenguaje tiene su propia vida y dinámica, y en ella no es posible la existencia de dictadores lingüísticos que conviertan una extralimitación en legitimidad por decreto semántico.
La comunidad universitaria lo sabe. La UV es más que un grupo en el poder. La Junta de Gobierno tiene en sus manos la oportunidad de demostrar que está a la altura del momento: actuar con independencia, con sentido jurídico y, sobre todo, con respeto al espíritu democrático que debe regir la vida universitaria. Cualquier decisión que se tome de espaldas a la comunidad y al derecho no será una interpretación: será, en los hechos, una usurpación.
*Es Investigador del Centro de Investigaciones Biomédicas de la UV.
[1] Ludwig Wittgenstein, en su segunda filosofía, abundó en este tema. La Universidad Veracruzana ostenta una Cátedra de Excelencia, por cierto muy venida a menos, con el propósito de promover su pensamiento.
