Los ex rectores de la Universidad Veracruzana en su etapa autónoma, Víctor Arredondo Álvarez, Raúl Arias Lovillo y Sara Ladrón de Guevara González, pidieron a la Junta de Gobierno garantizar que el proceso de designación del próximo rectorado observe y aplique rigurosamente los criterios, principios y tiempos establecidos por la Ley Orgánica, Ley de Autonomía y el Reglamento interno de ese órgano colegiado.
En un pronunciamiento público, manifestaron “nuestra preocupación de que la Honorable Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana actúe con estricto apego a derecho en cada etapa del proceso de designación de la persona que ocupará la Rectoría de la UV para el periodo 2025–2029”.
Señalaron que en tiempos en los que la transparencia institucional es indispensable para preservar la legitimidad de las universidades públicas mexicanas, “cualquier desvío del marco normativo –por mínimo que parezca– puede poner en entredicho no solo la autonomía de nuestra casa de estudios, sino también el compromiso ético y social que debe regir su gobernanza”.
Puntualizaron que la legislación universitaria establece que la persona titular de la Rectoría será designada por la Junta de Gobierno, y define con precisión –y sin dejar duda o espacio a interpretaciones meta legales– los pasos y plazos a seguir: desde la emisión oportuna de la convocatoria, los requisitos que deben cumplir los aspirantes, los mecanismos de auscultación y análisis de quienes aspiran a la rectoría.
“Estas disposiciones legales no son sugerencias: constituyen mandatos legales que deben cumplirse con puntualidad y transparencia, sin interpretaciones. Interpretar la normativa institucional, no es atribución de la Junta de Gobierno.
“Retrasar, omitir, interpretar ilegalmente o alterar el curso normativo de este proceso, por la razón que sea, abre la puerta a arbitrariedades que amenazan la credibilidad de la máxima casa de estudios de Veracruz. No se trata únicamente de una cuestión técnica o administrativa: está en juego la confianza pública, la certeza jurídica y la legitimidad del próximo liderazgo rectoral”, sentenciaron.
Arredondo, Arias Lovillo y Sara Ladrón sostuvieron que el respeto a la autonomía universitaria es crucial en todo momento, aún más en el actual.
“Cuando se trata de decisiones de trascendencia institucional, la legislación universitaria debe respetarse con rigor, integridad ética, sin ambigüedad y con visión de futuro. Por estas razones, como ex rectores de la etapa autónoma de la Universidad Veracruzana exhortamos con firmeza a su Junta de Gobierno a que:
“Emita con la debida oportunidad y claridad la convocatoria correspondiente, dentro del marco legal vigente.
“Garantice que el proceso se lleve a cabo con plena transparencia y mediante una amplia participación y auscultación a la comunidad universitaria y frente a la sociedad veracruzana a la que se debe.
“Observe y aplique rigurosamente los criterios, principios y tiempos establecidos por la Ley Orgánica, Ley de Autonomía y el Reglamento interno de la Junta de Gobierno.
“Haga efectivo su compromiso con la autonomía institucional, libre de cualquier tipo de presión o injerencia externa o interna.
Subrayaron que la Universidad Veracruzana ha sido, durante décadas, “un faro de pensamiento crítico, de libertad académica y de servicio público. Preservar su integridad es responsabilidad de todos, especialmente de quienes ostentan funciones clave en su gobernanza”.
Los exrectores advirtieron que “la historia no absuelve a quienes actúan fuera de la ley o a quienes optan por el silencio o la omisión. Nuestro llamado no es solo un acto de memoria, sino una exigencia basada en la legalidad y la honorabilidad, por la estabilidad e imagen social de nuestra casa de estudios; es un llamado a que prevalezca un marco de respeto a la autonomía universitaria y al actuar legal de la Honorable Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana”.
La Ley Orgánica de la UV establece como requisito para ocupar la rectoría tener máximo 65 años cumplidos al momento de iniciar el periodo. El actual rector, Martín Aguilar, es mayor de esa edad y pretendió eliminar el requisito en su fallida iniciativa de reforma. Ahora busca que se interprete la ley como “discriminatoria”.
Asimismo, trascendió que la Junta de Gobierno estaría considerando prorrogar el periodo de Martín Aguilar.
