Por Juan Antonio Nemi Dib
No, no votaré en las elecciones de los poderes judiciales federal y local.
No intento convencer a nadie y por supuesto soy respetuoso del derecho irrestricto de los ciudadanos para dar su confianza a quien quieran, con autonomía e independencia. Ésa es la esencia de la democracia republicana sustentada en el principio del sufragio universal libre y secreto, y en la división de los poderes públicos. Pero precisamente, en ejercicio de mi derecho humano a la libre expresión de mis ideas, comparto aquí las conclusiones de mi discernimiento.
1.- La mayoría absoluta parlamentaria que permitió la reforma constitucional para destruir al actual sistema judicial es una mayoría ESPURIA. Morena y sus aliados alcanzaron el 54% de los votos y, sin embargo, los órganos y los tribunales electorales, coludidos, y sumisos al poder presidencial, le regalaron al grupo hegemónico casi el 75% de las curules y escaños, es decir, literalmente se robaron más del 20% de la representación popular, robo sin el cual, esta reforma corrosiva habría sido imposible. Quienes aprobaron esta atrocidad NO REPRESENTAN al Pueblo de México. Quienes lo permitieron, son cómplices de FRAUDE GRAVE A LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, incluyendo a las sumisas y permisivas oposiciones y por supuesto, al INE y a los tribunales electorales plenos de vasallaje y vergonzosa mansedumbre.
2.- La destrucción del poder judicial autónomo derivó de acusaciones que jamás se comprobaron, salvo los depósitos ilícitos y nunca explicados a las cuentas ocultas del señor ARTURO FERNANDO SALDÍVAR LELO DE LARREA, artífice de este fraude a la Constitución, quien además renunció a una función IRRENUNCIABLE.
3.- Siempre estuvo clara la animadversión personal del Presidente Andrés Manuel López Obrador contra el Poder Judicial que le procesó por los delitos que el propio AMLO cometió cuando era Jefe de Gobierno de la CDMX y sobre todo, la furia que le causaron las resoluciones de jueces y tribunales que reconocieron la ilegalidad, los excesos y las violaciones a derechos de las personas, cometidos por él mismo en su calidad de Presidente de la República y por los funcionarios de su Gobierno, incluyendo terribles e irreparables ILEGALIDADES de funestas consecuencias como el ecocidio del faraónico e inservible TREN MAYA, entre muchos otros.
4.- Nadie puede poner en duda el público y reiterado desprecio de López Obrador, sus beneficiarios y sus empleados, por la importancia y la necesidad del orden jurídico. “No me vengan con que la ley es la ley” es la expresión más clara de la gran vena autocrática, si no dictatorial, carente de principios, absolutamente antidemocrática y profundamente inconsciente de las catastróficas consecuencias de esta sistemática agresión contra la legalidad. Para muchos analistas, además de la concentración ilegal e inmoral del poder, se trata esencialmente de un acto de venganza, sin contenido racional alguno.
5.- La reforma dejó intocadas a las fiscalías y a los órganos de justicia jerárquicamente subordinados al Poder Ejecutivo. Sin desconocer los gravísimos problemas del aparato de justicia, cualquier persona medianamente informada sabe que si hay algo putrefacto son los órganos de “procuración” de justicia, los agentes del ministerio público y las policías ministeriales. Las elecciones del próximo domingo, claramente, no son para mejorar la impartición de justicia y menos aún para “democratizarla” (algo que expertos y agencias internacionales han calificado por lo menos de ABERRANTE, si fuera el caso) sino para controlar absolutamente al poder judicial y consolidar el absolutismo totalitario. Ya de por sí, el aparato se caracteriza por su uso faccioso contra los adversarios o, simplemente, contra quienes piensan diferente. Que le pregunten a la nonagenaria cuñada del Fiscal General de la República.
6.- Los requisitos impuestos a los candidatos a jueces constituyeron una vileza cínica; con esas “credenciales”, es imposible acreditar ni la formación ni la capacidad y menos aún la honorabilidad de los próximos “impartidores de justicia”. Las entrevistas divulgadas mostraron espectáculos deleznables de personas incapaces de responder ni una sola de las preguntas elementales y hechas a modo a fin de que se lucieran, sin lograrlo, a pesar de lo cual encabezan las listas de candidatos. Destacados miembros de la camarilla morenista han reconocido que “se les colaron” decenas de candidatos a jueces, magistrados y ministros con antecedentes penales, que han servido y siguen sirviendo públicamente a personas vinculadas con la delincuencia organizada y peor, varios de los propios candidatos han sido acusados y procesados por delitos gravísimos. Sin embargo, cínicamente, ninguna de esas candidaturas fue retirada o anulada. Por el contrario, cientos de abogados de larga data, con experiencia litigiosa y jurisdiccional y buena fama pública, fueron excluidos del proceso, sin más explicaciones.
7.- La reforma que motiva las elecciones del domingo, prohíbe expresamente a los partidos políticos intervenir en el proceso electoral, sin embargo, haciendo uso de sus mayorías parlamentarias producto de la sobre representación, MORENA designó a la gran mayoría, si no a la totalidad de los candidatos a jueces, incluyendo a los que propusieron los poderes ejecutivos de la Federación y de Veracruz y Durango, donde también cambiarán los jueces locales. Objetivamente, los candidatos a jueces que aparecen en las listas y que serán “ganadores”, lejos de ser independientes responderán a los intereses y mandatos del grupo político al que deberán sus nuevos empleos.
8.- El INE redujo más de la mitad de las casillas que estarán disponibles para la elección de jueces, la increíble cantidad de 81 mil casillas menos. En el mejor escenario, un votante informado y con mediano conocimiento de los MILES de candidatos a las distintas posiciones, necesitará de 32 minutos para sufragar. Si los 100 millones 500 mexicanos que integran la lista nominal de electores decidieran votar, se necesitarían 2.2 millones de días de 24 horas, o más claro: 27 horas continuas y sin interrupción para cada una de las mesas electorales que se instalarán. Claramente, se trata de una elección ficticia, diseñada para que la gente no vote. La Presidenta del Consejo del INE tiene una clara dependencia política de Andrés Manuel López Obrador y de los intereses políticos de MORENA, un gran número de familiares de ella ocuparon y siguen ocupando puestos estratégicos en el Gobierno Federal y en varios estados de la República. Incluso un pariente cercanísimo fue nombrado por AMLO como el primer director de su “empresa estratégica”, LITIOMX. Recientemente se hizo público, por Carmen Aristegui, el trabajo de salvaje campaña sucia para desacreditar, con la complicidad de TELEVISA, a la magistrada electoral JANINE M. OTÁLORA, magistrada electoral independiente y ajena a los intereses electorales de MORENA, misma que fue obligada a renunciar a la Presidencia del máximo tribunal electoral, substituyéndola Felipe Alfredo Fuentes Barrera, quien se ha mostrado como incondicional del presidente López Obrador, a quien sistemáticamente ha protegido y apoyado con sus resoluciones.
9.- Los electores no conocemos a los más de 3 mil candidatos. De acuerdo con el OBSERVATORIO ELECTORAL JUDICIAL, el diseño de las boletas electorales favorece a ciertos candidatos y perjudica a otros: según el OEJ, de las 3,202 personas candidatas a cargos federales, 201 (6.3%) no tienen posibilidades reales de ganar, y 103 (3.2%) tienen menos del 2% de probabilidad (equivalente a ganar en menos de 1 de cada 50 escenarios). Esto se debe a que, en algunas materias o distritos, el número de candidatos excede ampliamente los cargos disponibles, diluyendo los votos, mientras que, en otros, ciertos candidatos enfrentan poca o ninguna competencia, como en Durango donde sólo se admitieron 49 candidatos para 49 puestos, es decir, acuerdo de élites políticas que de facto anula la supuesta “elección democrática” de los jueces.
“En una boleta de ejemplo analizada por el OEJ, en materias como penal, administrativa o civil, algunas candidatas mujeres (por ejemplo, con números 03, 04, 06) tienen altas probabilidades de ganar porque el voto femenino se concentra en pocas opciones, mientras que hasta nueve hombres (números 07, 08, 09, etc.) se dividen el voto masculino, reduciendo sus chances a cero o casi nulas. Esto no se debe a un cálculo actuarial, sino a un análisis probabilístico basado en el número de candidatos por género, cargos disponibles y recuadros en la boleta.” “El OEJ utilizó variables como el número de cargos, candidatos por especialidad, sexo, distrito y circuito judicial, combinadas con escenarios probabilísticos, asumiendo que los electores llenan todos los recuadros disponibles en la boleta. Los resultados muestran que 133 candidatos tienen prácticamente garantizada su victoria debido a la baja competencia en sus categorías, mientras que 304 (aproximadamente el 9.5%) ya están efectivamente descartados por la saturación de candidatos en otras. Aunque no se menciona que “la mitad” de los candidatos no tienen posibilidades, el análisis sugiere que un porcentaje significativo (al menos 10%) enfrenta desventajas estructurales.”
Evidentemente, se trata de una elección cuyos resultados parecen estar claramente decididos de manera anticipada, lo que prefigura simulación, falsedad y demagogia. Es un hecho: a pesar de sus gravísimas faltas y su carencia de independencia y honestidad, las tres ministras de la Suprema Corte nombradas por López Obrador repetirán en sus puestos, y una de ellas será la nueva presidente de la Corte.
10.- La sombra del terrible y anticipado fraude es ineludible. Los candidatos no tendrán representantes ni acceso a todas las etapas del proceso. No se sabe cuántas boletas electorales se imprimieron. No habrá cadena de custodia para los paquetes electorales (serán “resguardados” por los “imparciales y “democráticos” funcionarios de los OPLES y el INE). No habrá cómputos preliminares el día de la elección. Los resultados se conocerán hasta el 15 de junio. En ese lapso, los documentos electorales, incluyendo las boletas, pueden ser manipulados, alterados, inflados, destruidos con plena libertad y sin que nadie pueda impedirlo. No habrá programa de resultados preliminares. No habrá conteo rápido. La noche de la elección, el INE hará declaraciones sobre el porcentaje “estimado” de votantes que participaron en la elección judicial. Sin embargo, ese anuncio se torna innecesario, habida cuenta de que la señora presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, ya dijo que sólo votarán entre el 13 y el 20% de los electores. Incluso si este optimista cálculo fuese cierto, el INE está reconociendo anticipadamente que hasta un 87% de los mexicanos rechazan participar en este absurdo simulacro de elecciones democráticas.
11.- Afirma la experta FRANCISCA POU GIMÉNEZ que es claro que “la elección de jueces” del próximo domingo… “llevará a un sistema de justicia caótico, subordinado a la mayoría política que patrocina las listas e integrado por personas cuyo perfil y capacidades no tendremos modo de evaluar, antes de emitir un voto que acabará reducido a un acto arbitrario.”
12.- Dicen Saúl López Noriega y Javier Martín Reyes que estas reformas (y las elecciones que derivan de ellas) “…ESTÁN DANDO NACIMIENTO A UN NUEVO ESTADO MEXICANO: UN ESTADO MÁS AUTORITARIO, MAS AUTOCRÁTICO, MÁS MILITARIZADO Y MÁS PUNITIVO”.
13.- Otros temas me preocupan con la misma intensidad: la reducción a su mínima expresión (tristemente, ya en vigencia) del juicio de amparo y el establecimiento de terribles tribunales de disciplina para castigar a jueces que no obedezcan los mandatos del poder político o económico, que garantizará la desaparición de la independencia de los poderes judiciales y que sólo es comparable al Comité de Salvación Pública de Robespierre, que causó casi 40 mil ejecuciones, mediante la guillotina, los ahogamientos masivos y los asesinatos por golpes y tortura dentro de las prisiones, la mayor parte de ellos, sin juicios ni proceso legal previo.
Pero no son los únicos: la absurda e incomprensible reducción en el número de ministros que concentra en ellos una dosis desproporcionada de poder, la aberrante desaparición de las salas de la Corte, por lo menos triplicarán el tiempo que tarde un proceso legal en resolverse, eso nunca será justicia.
Hace poco, una jueza de Tamaulipas censuró “legalmente” a Héctor de Mauleón, uno de los más valientes y exitosos periodistas de México. Absurdamente, muchos de los gastos del gobierno de López Obrador, de cuantías escandalosas, han sido declarados secretos y escondidos por 25 años, mientras que ni uno sólo de los casos de corrupción de su gobierno (y tampoco del actual, empezando con BIRMEX) han merecido castigo para nadie; al contrario, las complicidades y los negocios ilícitos de familiares y amigos campean, incluyendo los de magnitudes astronómicas como el del huachicol fiscal. A partir del próximo lunes, ¿Quién se atreverá a sancionar a los responsables?
Y por ende me surgen preguntas:
¿Es esta una república democrática basada en la representación popular, con poderes diferenciados, divididos y equilibrados?
¿Es esta la justicia que México necesita?
¿Es esta (o no) una pendiente autoritaria que significa la peor y más costosa regresión autocrática en la historia de nuestro país y el cimiento de una nueva dictadura mesiánica?
Por ello no seré parte de este fraude monumental y no votaré el próximo domingo.
Si usted, respetado lector, llegó al final de este fárrago, le agradezco su paciencia y tolerancia, no es un tema que deba minimizarse, aunque hice el mayor esfuerzo.
antonionemi@gmail.com
