Veracruz ocupa el deshonroso cuarto lugar en materia de desapariciones y el primer lugar en identificación de fosas clandestinas, manifestó en Xalapa Alan García Campos, coordinador de la Unidad Legal y de Análisis de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El representante de la organización internacional fue conferencista en el Foro “Retos de la búsqueda e identificación de personas desaparecidas en el estado de Veracruz”, realizado de manera conjunta por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Veracruzana y la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV).
García Campos destacó que el fenómeno de las desapariciones constituye una forma compleja de violación de los derechos humanos que debe ser comprendida y encarada de una manera integral; subrayó que se está frente a una de las violaciones más críticas en materia de derechos humanos en el país, incluido Veracruz, que a la fecha registra más de siete mil personas oficialmente reconocidas como desaparecidas.
“Para nosotros no son cifras ni números, son vidas humanas de quienes no están aquí, pero también son las vidas de quienes con tanto empeño, amor y esperanza les buscan”, expresó.
El representante de las Naciones Unidas mencionó que la desaparición de personas puede ser revertida y eliminada si existe voluntad y asignación de recursos y construcción de capacidades y dio a conocer los 10 temas prioritarios que tienen identificados, en los que pueden brindar asistencia y cooperación técnica.
También se refirió a la próxima renovación de los poderes judiciales en México (federal y estatales), y preguntó ¿hacia dónde se comprometerán para combatir el flagelo, ejerciendo la supervisión y vigilancia del Estado de derecho?
El foro, que tuvo lugar en el Auditorio “Héctor Fix Zamudio” del IIJ, fue inaugurado por Arturo Miguel Chipuli Castillo, director del instituto, quien mencionó que, frente a esta lacerante realidad, desde el IIJUV se han desarrollado diversas actividades tendientes al análisis de esta crisis, que ha llevado a estudiar los avances de la legislación en materia de búsqueda, el diseño institucional, así como las acciones públicas destinadas a su solución.
Asistieron investigadores, estudiantes de posgrado y representantes de colectivos de madres buscadoras.
