La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la acción judicial contra el periodista Héctor de Mauleón y el diario El Universal, que busca censurar, restringir y criminalizar el trabajo periodístico. La organización consideró que esta acción, en aparente represalia por la labor informativa, amenaza las libertades de expresión y de prensa.
El Tribunal Electoral de Tamaulipas aprobó una resolución que impone medidas cautelares contra el periodista De Mauleón y El Universal, tras la publicación el 1 de mayo de la columna de opinión “Huachicol y poder judicial en Tamaulipas”, en la que se denunciaron supuestos vínculos entre políticos y redes de corrupción en el estado, según la organización Alianza de Medios MX que condenó la acción.
José Roberto Dutriz, presidente de la SIP y director general y CEO de La Prensa Gráfica de El Salvador, subrayó que “la medida tiene la clara intención de censurar, mediante la intimidación judicial, al periodista y al diario, por informar y opinar sobre un asunto de interés público”.
Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y directora de la Organización Editorial Mexicana (OEM), agregó que “además de poner un freno a las opiniones que pueden resultar incómodas a quienes aspiran a cargos públicos, se restringe y criminaliza la actividad periodística. La resolución sienta un antecedente negativo para las libertades de expresión y de prensa en México”.
Según explicó De Mauleón, las medidas cautelares del Tribunal en su contra y de El Universal incluyen el retiro inmediato de la publicación; abstenerse de emitir nuevas publicaciones o expresiones que vinculen a la candidata a magistrada del Supremo Tribunal Electoral, Tania Contreras, con personas o actos delincuenciales. El incumplimiento de las medidas podría derivar desde sanciones económicas hasta arresto. El diario decidió mantener la columna.
Los directivos de la SIP recordaron que la Declaración de Chapultepec establece, en su primer principio que: “El ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo”, y agrega en su segundo artículo que: “Toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente. Nadie puede restringir o negar estos derechos”.
