Por Juan José Llanes
Cuando Roberto Ramos Alor era Secretario de Salud y director de Servicios de Salud de Veracruz, estalló la pandemia de COVID-19. Poco se sabía sobre la enfermedad y sus efectos, y existía un temor fundado entre la población en todo el mundo.
En septiembre de 2020 Amnistía Internacional definió que México era el país que, a nivel global, más médicos había perdido a causa de la pandemia. La nota, que recogió El País, se puede leer aquí: https://forbes.com.mx/noticias-mexico-pais-con-mas…/. Insisto: eso hasta septiembre de 2020.
Tras el estallido de la pandemia a mediados de marzo de 2020, varios médicos que prestaban servicios en el Centro de Alta Especialidad (CAE) “Dr. Rafael Lucio”, de esta capital, me visitaron. Eran médicos con especialidades que ameritaron muchos años de estudio (anestesiólogos, internistas), y muchos otros años en el servicio público. Todos, personas adultas mayores (con más de sesenta años), y comorbilidades (hipertensión y diabetes).
El primer Decreto que emitió el Gobierno Federal sobre el tema del COVID disponía el resguardo de la población vulnerable, particularmente las personas adultas mayores y con comorbilidades, y permitía que el personal del área de salud voluntariamente optara por el resguardo. Tras solicitar estos médicos de los que hablo acogerse a esta opción, la dirección del CAE se las negó. Ante ello fue me consultaron.
Se enderezó una petición dirigida a Ramos Alor. No hubo respuesta. Diseñé una demanda de amparo indirecto y la presenté ante el Poder Judicial Federal. Trataré de explicarlo de manera sencilla (estoy cierto que los conocedores del tema lo entenderán bastante bien), pero en resumen le solicité al juez federal que decretara una suspensión provisional con efectos restitutorios anticipados y que le permitiera a esos facultativos resguardarse. El juzgador federal fue más allá: decretó una suspensión de oficio y de plano, porque asumió que, dadas las circunstancias de estos médicos, su vida estaba en peligro.
El amparo -luego del juicio- se concedió y en contra de la sentencia federal SESVER (que dirigía Ramos Alor), combatió vigorosamente el fallo que fue confirmado a la postre por un Tribunal Colegiado. Al final se dejó en claro que los médicos no debían exponer su vida y que el Estado debía disponer lo necesario para atender las necesidades en materia de salud de la población sin arriesgar a médicos.
Me llamó la atención que se produjo un doble discurso: por un lado, el gobierno combatía las determinaciones del Poder Judicial Federal que ordenaba que no expusieran la vida de unos cuantos médicos, bajo el argumento de que el personal médico era insuficiente. Pero -al mismo tiempo- el gobernador Cuitláhuac García pregonaba que los servicios de salud bastaban para atender la contingencia. Empero, se contrataron médicos que se trajeron de Cuba.
Cuando en diciembre de 2020 Ramos Alor acudió al Congreso del Estado a la glosa del Informe de Gobierno, fue cuestionado al respecto. Lo más inteligente que se le ocurrió decir fue que los médicos que se acogieron a los beneficios (que el propio Gobierno Federal había dispuesto para tutelarlos) eran “traidores a la Patria”.
Allí quedó evidenciado lo que dije antes: el doble discurso, y las reglas en oposición. Por un lado, el gobierno federal le dijo al personal médico vulnerable: “si eres persona adulta mayor y enferma, resguárdate… pero mejor no lo hagas porque, si lo haces, Ramos Alor te llamará traidor a la Patria”. A la sociedad se le dirigió otro doble discurso: “Hay suficiente personal médico”, dijo Cuitláhuac. Y a un Juez Federal SESVER le dijo que hacían falta médicos. México cubrió en demasía la cuota de médicos muertos en la pandemia, y en Veracruz (en el CAE, en particular), varios galenos sucumbieron (pregúntenles a los médicos que sobrevivieron).
Yo creo que fue en ese periodo en el que Ramos Alor delineó el promisorio futuro que le aguardaba: diputado federal, primero (como si como pediatra mucho hubiese contribuido a la tarea legislativa, más allá de levantar la mano), y ahora como un muy poderoso coordinador federal del IMSS – Bienestar en Veracruz.
Roberto Ramos Alor se caracterizó siempre por esa postura fundamentalista y estridente que caracteriza a los sectores más duros del régimen. No se conocen los límites en ese discurso en pro de la instrumentación de una política de Estado en la que se trata no de debatir con el adversario, sino de descalificarlo, avasallarlo, hacer que se calle. Una rutina que parece sacada de un manual que dicta que al “otro”, al “adversario”, al que no se conduzca exactamente como se quiere que lo haga, se le debe llamar, por ejemplo, “traidor a la Patria”, como si la Patria fuesen ellos; como si Ramos Alor estuviese remotamente autorizado para definirlo.
En el caso al que he estado haciendo referencia, el tema puede resumirse así: Ramos Alor quería decidir qué médicos tenían que exponer su vida; quería decidir -por sí y ante sí- quienes merecían vivir y quienes arriesgarse a morir de coronavirus. A los que no se plegaron, les llamó “traidores a la Patria”.
Y se le premió.
Tal y como premia este régimen a quienes defienden -como Ramos Alor lo hace- una narrativa autoritaria que, no por ello, deja de ser ramplona.
En el olvido quedará, al parecer, ese desfalco de más de mil millones de pesos que detectó en el sector de salud de Veracruz (cuando lo manejaba Ramos Alor) la Auditoría Superior de la Federación y será -sin mayor problema- el coordinador federal del IMSS-Bienestar de una entidad cuyo sistema de salud es -por decir lo menos- desastroso.
Pienso en todo ello. Pienso en esa frase que invita a “disfrutar lo votado”. Pienso en los tiempos de feroz impunidad y rapacería que se vivieron en la época de Duarte, y en la de Yunes.
Pero me quedo con la íntima satisfacción de que, después de ese episodio que conté al inicio, médicos se salvaron.
