La gobernadora Rocío Nahle envió una iniciativa de decreto al Congreso de Veracruz en la que pide desaparecer al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IVAI) y trasladar todas sus funciones a la Contraloría General del Estado, dependencia del Ejecutivo, y a las de los otros poderes y sujetos obligados.
En su justificación, según Nahle la experiencia federal, nacional y en ocasiones local, no siempre ha derivado en una mejora tangible en los objetivos de fortalecer la transparencia, la evaluación y supervisión de políticas públicas, y el cumplimiento de derechos humanos. Y en cambio, “hemos visto que la duplicidad de funciones o los altos costos asociados a la operación han generado esquemas que deben optimizarse”.
Bajo ese supuesto, propuso la extinción del IVAI y transferir sus funciones a la Contraloría General del Estado, a las instancias homólogas de los poderes Legislativo y Judicial, así como de los organismos autónomos del estado, para que sean responsables de garantizar el derecho de acceso a la información pública y de protección de datos personales, siendo además competentes, entre otros asuntos definidos, para conocer de los procedimientos de revisión contra los actos que emitan los sujetos obligados respectivos.
Con ello, aseguró la gobernadora, “se garantiza la continuidad de los servicios y, sobre todo, con una optimización en la operación y una reducción significativa en los costos asociados”. Y sostuvo que “el derecho fundamental de acceso a la información no fue disminuido, atemperado o modificado: conserva su núcleo esencial”.
En el régimen transitorio de la iniciativa de decreto se plantea que la extinción del organismo autónomo operará una vez que entre en vigor la legislación que adecue el marco normativo, para lo cual contará el Congreso del Estado con un máximo de 60 días naturales para realizar los ajustes normativos.
De igual manera, se plantean disposiciones de transferencia de los recursos financieros, humanos y materiales con que cuenta el Instituto a las diversas dependencias que resultarán competentes al respecto, así como la obligación de entregar los registros, padrones, sistemas informáticos y claves de acceso, tanta internos como externos, que eran utilizados por el órgano garante, con la finalidad de que estén en condiciones los nuevos órganos de asumir las responsabilidades y tareas en esta materia.
Los comisionados del IVAI que a la entrada en vigor del decreto continúen en su encargo, concluirán sus funciones al iniciar vigencia la legislación. Mientras que se dispone que los derechos laborales de las personas servidoras públicas del Instituto “serán respetados en términos de la legislación aplicable” y los recursos humanos con que cuente el Instituto pasarán a formar parte de la Contraloría General del Estado.
El IVAI transferirá los recursos correspondientes al valor del inventario o plantilla de plazas y los recursos financieros a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, dentro de los 20 días hábiles siguientes contados a partir de la entrada en vigor de la legislación. Los recursos materiales con que cuente serán transferidos a la Contraloría General del Estado.
