El Gobierno, primer responsable
Por Javier Solórzano Zinser
Es inevitable sensibilizarse ante una situación como la que viven miles de familias en el país. La petición de que le entreguen, aunque sea, “un huesito” a un padre de familia, resume el drama y dolor de los colectivos.
No se puede tener un diagnóstico si no se escucha a los actores directamente involucrados, los mismos que han menospreciado y que muchas ocasiones los han colocado como “adversarios” del gobierno. Las autoridades por primera vez escucharon y vieron de manera directa el dolor puro de las familias.
Después de muchos años de una política oficial ausente, se abrieron indicios que pudieran presumir que las cosas adquieran otra dimensión.
No tiene mucho sentido que se hable de que desde 2018 no haya sido el gobierno quien desaparezca personas. La sociedad se rige por autoridades electas, las cuales asumen una plena responsabilidad de lo que sucede en la sociedad, ése es su trabajo y obligación.
Hablar de que no hay desaparecidos y que el Gobierno no tiene que ver es un argumento banal que busca quitarle responsabilidades a la autoridad. Es ésta quien se debe encargar de la civilidad, cohesión y orden entre los ciudadanos. Es la responsable de que las personas tengan no sólo los servicios básicos, sino también la seguridad y tranquilidad de vida.
Lo contrario es seguir “jugando” a que el pasado es el responsable de todo, pasando a segundo plano la responsabilidad que la autoridad de la 4T tiene desde el 2018. Cómo explicarse que en el sexenio pasado haya crecido de manera significativa el número de personas desaparecidas, se calcula que, en 9 mil, y que en el actual se mantenga una tasa oprobiosa.
Teuchitlán cambió los paradigmas del Gobierno. No hay duda de que las reuniones de la pasada semana entre Gobernación y los colectivos fueron marcadas por lo sucedido en el rancho Izaguirre. Argumentar que no había hornos de exterminio como elemento para minimizar lo que estaba pasando en el predio es un absurdo y es abstraerse de su responsabilidad.
Si se quiere, partamos del supuesto de que no había hornos de exterminio, lo cual no quita la pesadilla que se vivía en el lugar. En el rancho se torturaba, asesinaba, secuestraba y, además, se forzaba el adiestramiento. Los jóvenes eran llevados bajo engaño, elemento que debería ser motivo de focos rojos para quienes en el gobierno o en el Congreso tratan de minimizar lo sucedido.
El Dr. Jorge Ramírez, de la UdeG, nos aseguró que tienen bases firmes para asegurar que hay muchos lugares como Teuchitlán. Nos dice, no sólo están en la zona, tenemos evidencias de qué los hay en muchos estados en México. No querer ver el problema bajo esta óptica es un error, es un problema de carácter nacional, nos dice.
Hay evidencias claras de que quien está detrás de los secuestros de los jóvenes es el CJNG. Esta organización hasta ahora ha sido virtualmente intocada, hay muy pocos ataques directos al cártel, hecho que le permite moverse a nivel nacional con relativa facilidad.
Nos dice también el profesor de la UdeG que no podemos vivir bajo el negacionismo, personajes como el presidente del Senado hablan de un problema verdaderamente importante para el país “sin conocerlo”. Como le decíamos la semana pasada, arremetieron contra la ONU y ahora resulta que hasta pidieron su participación en el 2019.
Es un avance lo sucedido en Gobernación. Sin embargo, estamos ante un problema de dimensiones mayores del que durante mucho tiempo han querido hacer ver los gobiernos. Se trata de familias mexicanas que se rompen bajo la violencia de la delincuencia organizada en complicidad con los gobiernos locales y federal.
Es un asunto nacional que tiene el gobierno como primer responsable en el que ya no se vale seguir echándole la culpa al pasado.
RESQUICIOS
Lo sucedido en Texcoco y Guadalajara con los narcocorridos, evidencia que hay un amplio público que los sigue y exige. Es una expresión que permea y que tiene que ver con el país que somos.
