Por primera vez en lo que va del sexenio, el Pleno del Senado de la República no reunió la mayoría calificada que se requería para aprobar el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que incluía el nombramiento de magistradas y magistrados de los órganos jurisdiccionales en materia electoral de 30 entidades federativas.
En votación por cédula, el acuerdo obtuvo 72 votos a favor, 38 en contra y dos abstenciones, por lo que al no alcanzar las dos terceras partes de los senadores presentes en la asamblea, el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, pidió “comunicarlo a la Jucopo para que, de conformidad con el acuerdo respectivo, a la brevedad, presenten una nueva propuesta”.
A grito de: “¡Sí se pudo!, ¡sí se pudo!”, por primera ocasión la oposición venció al bloque oficialista en el Senado y rechazó la lista de magistrados electorales estatales propuesta por la Comisión de Justicia de la Cámara Alta.
María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del PAN, comentó que la convocatoria al proceso de selección y las comparecencias de los más de mil aspirantes fueron “una simulación y una farsa”, pues, sostuvo, “ya se había elegido previamente” a quienes van a ser magistradas o magistrados; advirtió que esto se debe a que Morena busca tener el control total de las autoridades electorales.
Al referirse al acuerdo, desde tribuna, la senadora Lilia Margarita Valdez Martínez, de Morena, señaló que en la legislatura pasada no hubo un acuerdo sobre este tema, porque el “PRIAN quería su cuota”. Por eso ahora “celebramos” que se hayan inscrito más de mil aspirantes, quienes tuvieron el valor de acudir a una convocatoria “y estoy segura de que cualquiera de ellos va a defender las elecciones en su estado”.
Por el PRI, Carolina Viggiano Austria lamentó que las y los magistrados no tendrán legitimidad, pues tendrán “proclividad a obedecer” y a “someterse al poder”; por ello, adelantó que su partido va a vigilar a cada uno de esos funcionarios judiciales y denunciará ante la ciudadanía lo que sean capaces de hacer “por dinero o por amenazas”.
Por Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales Magdaleno aseguró que el acuerdo desconoce el trabajo que realizó la Comisión de Justicia, “echaron abajo 170 horas de trabajo y cinco días ininterrumpidos que muchos atendimos de manera seria y responsable, y por desgracia quedaron fuera gente valiosa”.
Los tribunales que deben cubrir sus vacantes son de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila de Zaragoza, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana, Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.
