El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un acuerdo que prohíbe a las personas servidoras públicas, autoridades e instituciones hacer uso de recursos públicos para promover el voto o la participación ciudadana en la elección judicial del próximo 1 de junio.
Esto implica que, ninguna autoridad, ni siquiera la presidenta Claudia Sheinbaum, podrá promover la elección judicial ni llamar a la ciudadanía a participar, ya que eso es facultad exclusiva del INE.
En sesión extraordinaria, el Consejo General del INE aprobó por mayoría de votos esta disposición propuesta por el consejero Arturo Castillo, la cual además prohíbe a estos actores crear espacios para la difusión de perfiles de las candidaturas al Poder Judicial.
Las y los consejeros acordaron que el INE podrá celebrar convenios para promover y difundir la elección en los espacios de radio y televisión asignados a otras autoridades.
Esta prohibición se integró a los criterios aprobados este mismo sábado para garantizar la equidad e imparcialidad en el desarrollo de las campañas de jueces, magistrados y ministros que iniciarán a partir de este domingo 30 de marzo, y en las que participarán más de tres mil 400 aspirantes.
La mayoría de consejeras y consejeros coincidieron en que es facultad exclusiva del INE promover el voto y la participación ciudadana en el proceso extraordinario del Poder Judicial, por lo que ninguno de los poderes de la Unión puede hacerlo tampoco.
La consejera Claudia Zavala señaló que la importancia de que estas autoridades no intervengan radica en que la difusión de este proceso electoral debe realizarse de manera imparcial, equitativa e independiente.
La consejera hizo referencia al spot que recientemente lanzó el Poder Ejecutivo federal, el cual, señaló, favorece a la reforma judicial impulsada por el gobierno pasado.
“El INE no puede promover eso, el INE lo que hace es promover en términos imparciales el proceso electivo que vamos a llevar a cabo sin ninguna carga a favor o en contra de lo que se decidió desde la legislación”, sostuvo.
De igual manera, en las entidades federativas las y los gobernadores han promovido abierta o veladamente las aspiraciones de varios de quienes aspiran integrar los tribunales estatales luego de los comicios.
