Por Juan José Llanes
Cuando comenzó la administración estatal 2018-2024 que encabezó Cuitláhuac García Jiménez en Veracruz, quienes asumieron el mando se encontraron con los ingentes pasivos laborales que se venían arrastrando desde tiempos de Javier Duarte. Fallos judiciales incumplidos, y una indefinida cantidad de justiciables lastimados.
Bajo la premisa de que habría una “transformación”, se supuso (ahora sé que ingenuamente) que el nuevo gobierno de Veracruz se ocuparía de hacer lo que no hicieron sus antecesores: cumplir la ley, a secas.
Como novedad, el gobierno de García Jiménez dispuso la creación de algo que llamaron pomposamente “Comisión Intersecretarial para la Prevención y Atención de Pasivos Laborales de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo” (CIPAPL, por sus siglas). Se emitió un Decreto, publicado en la Gaceta Oficial del Estado disponiendo que se activara con reglas etéreas, y se colocó a la cabeza para su operación a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado.
Lo que no se expuso, pero que se evidenció al poco tiempo, es que el régimen inventó la CIPAPL para hacer lo mismo que Duarte y Yunes: incumplir la Ley. Quedó demostrado, como lo detallaré a continuación.
En primer lugar, el régimen de Cuitláhuac García se negó sistemáticamente siquiera a dialogar sobre la posibilidad de darle cumplimiento a fallos a favor de trabajadores. Para hacerlo, contó con la venia de un Tribunal burocrático (que se controló desde el Palacio de Gobierno con personas juzgadoras a modo), que toleraron la actitud prepotente y majadera de funcionarios menores del cuitlahuato, a quienes mandaban a patear el bote de manera soez.
En muchos casos (que ya iré detallando) la actitud que desplegó el régimen rayó en lo criminal: personas adultas mayores, con enfermedades terminales, madres autónomas, personas de las que dependían menores, vieron frustrados sus intentos de que se viera cumplido un fallo judicial y fuesen reinstalados en su empleo o indemnizados.
La respuesta del Poder Ejecutivo fue siempre la misma: “ese tema lo está viendo la CIPAPL”. Cómplice, el Tribunal burocrático tomó como válido ese garlito y anuló multas, evitó darle vista el Ministerio Público, no quiso -en síntesis- ejecutar sus propios fallos. El duartismo legisló para neutralizar la poca efectividad de la instancia judicial. Ni el yunismo ni el cuitlahuismo lo cambiaron.
En ese sentido, en Veracruz, sigue mandado Duarte.
Curiosos por saber qué tanto estaba haciendo la CIPAPL (además de ser el pretexto para evitar que el gobierno cumpliera laudos), la Lic. Laura Sainz, el Lic. Alan Cervantes y un servidor, en ejercicio de nuestro Derecho de Petición y Acceso a la Información, el 26 de febrero de 2024 dirigimos una solicitud a la SEFIPLAN para que nos informara al respecto.
Pedimos saber:
Cuántos juicios laborales analizó la CIPAPL; a qué servidores públicos responsables de la atención de los juicios y pasivos laborales citaron y a quiénes se fincó responsabilidad; cuáles fueron las “propuestas” que emitió esa Comisión para disminuir los juicios y pasivos laborales; cuántos juicios laborales en los que el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz fue parte, fueron solucionados mediante la conciliación; qué modificaciones administrativas propusieron para la pronta atención de los conflictos laborales; qué dependencias cumplieron con la obligación de “comunicar bimestralmente” a la CIPAPL el número de laudos, los pasivos laborales, los apercibimientos y los requerimientos de pago y embargo hechos por la autoridad… En fin.
Obviamente, pedimos también copia de los expedientes, reportes, oficios, correspondencia, contratos, convenios, notas, memorándums, o cualquier otro registro escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico que documente la respuesta a cada dato solicitado.
Todas y cada una de las preguntas estuvieron sustentadas en el Decreto de Creación de la CIPAPL que firmó Cuitláhuac García y que se publicó en la Gaceta Oficial del Estado.
La respuesta llegó: la absoluta NEGATIVA a darnos la información solicitada.
Inconformes con esa decisión, decidimos presentar una demanda de Amparo Indirecto que conoció y resolvió el Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, en el expediente 429/2024 que tuvo una sentencia el 18 de julio del año pasado, en la que se nos concedió el amparo y la protección federal que solicitamos.
El gobierno de Veracruz lo litigó con energía; insistió en que era válido (desde su perspectiva) no darnos ninguna información sobre la operación de la CIPAPL; finalmente, poco antes de que el juez federal nos amparara, se tomó la decisión de DESAPARECER la CIPAPL. Y el gobierno emitió un comunicado que tituló: “Dan a conocer los logros que tuvo Veracruz en materia de pasivos laborales y se extingue, por decreto, la CIPAPL” que, hasta el día de hoy es visible aquí:
https://www.veracruz.gob.mx/…/dan-a-conocer-los-logros…/
En ese comunicado, el gobierno presumió que “Se logró disminuir el rezago de juicios laborales en proceso iniciados en administraciones pasadas; …” y que “se dio atención, seguimiento y cumplimiento en el pago de laudos o sentencias laborales requeridas por autoridades jurisdiccionales competentes, herencia de administraciones anteriores”.
El juez federal en su sentencia definió que debe imperar el principio de Máxima Publicidad; que se violentó nuestro Derecho Humano a tener Acceso a la Información (“lo que es inadmisible en un estado democrático”, dijo el juzgador); que, por tanto, forzaba al gobierno de Veracruz a darnos la información que le solicitamos “respecto de cada uno de los puntos contenidos en su escrito de solicitud de acceso a la información”
La sentencia es pública, y cualquiera puede acceder a ella y descargarla.
Empero, el gobierno siguió inconforme. Promovió recurso de revisión para intentar revocar esa decisión.
No tenemos razones para creer que el Tribunal Colegiado de Circuito que está analizando esa petición del gobierno de Veracruz vaya a cambiar la determinación del juez federal. Pero, aunque así fuera, ya ganamos: demostramos que el gobierno de Cuitláhuac García decidió ocultar información sobre el manejo de la CIPAPL; que la utilizó para evadir el cumplimiento de fallos laborales; que la transparencia le es extraña al régimen; que lo que proclaman como “logros” el gobierno exige que se crea sin limitaciones; y cualquier solicitud de comprobación se ve como insolencia.
Comprobamos, pues, que la CIPAPL que inventó el cuitlahuato fue una estafa; un ardid para simular; un ariete para seguir lastimando trabajadores.
Y estamos en disposición de seguirlo discutiendo y visibilizando.
