Por Ruby Soriano
El riesgo del uso de argumentos discrecionales en las denuncias en contra de periodistas por presunta violencia en cualquiera de sus modalidades, representa un inminente riesgo para el ejercicio periodístico y para el respeto a una de las garantías individuales como es la libertad de expresión.
Violencia de género, violencia política, violencia digital, incitación digital al odio son algunos de los conceptos utilizados por políticos, gobernantes y funcionarios públicos para amedrentar, socavar la crítica, limitar la libertad de expresión o incitar a la propia autocensura periodística.
La organización Artículo 19 a través de Pedro Cárdenas responsable del Programa de Protección y Defensa a Periodistas para México y Centroamérica reconoce que el acoso legal se está convirtiendo en una tendencia entre personajes de la política y gobiernos, quienes hacen uso del inicio de denuncias o litigios para actuar contra periodistas y de alguna manera provocar autocensura o intimidación.
Cárdenas señala que sólo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se dieron 158 casos de acoso judicial contra la prensa, periodistas y medios de comunicación, por sus publicaciones, notas, o posteos en redes sociales.
Y es que ahora los periodistas no sólo enfrentan riesgos en torno a una agresión física, sino también se tienen que preocupar por ser indiciados en algún procedimiento legal que los coloque como presuntos culpables.
Los 158 procesos legales en contra de periodistas registrados en el anterior sexenio, se presentaron en 26 entidades del país. De esa cantidad, 102 fueron emprendidos por autoridades, lo que es bastante crítico, porque la justicia en México tiene dos velocidades.
Es decir, si eres una persona periodista y te violentan, el proceso puede durar años, lustros, décadas en investigaciones y ejercicios de no acción penal por parte de las fiscalías, que pueden llegar a cerrar los casos.
Pero, por el contrario, si se le inicia un proceso a un periodista, tenemos una velocidad impresionante en las investigaciones pues en automático, dictan medidas cautelares.
Pedro Cárdenas de Artículo 19 señala la preocupación sobre “el uso estratégico” que se da a esta herramienta de parte políticos, gobernantes, legisladores que hacen uso de ella sin tener solidez en sus argumentos para presentar las denuncias correspondientes.
En el 2023 por ejemplo, un tercio de las denuncias que se presentaron en contra de periodistas, fueron por violencia política en razón de género.
Especialistas en el tema de violencias señalan que el marco normativo para la erradicación de la Violencia Política en Razón de Género no es la falla. Las anomalías se hallan en el uso frívolo que en su mayoría mujeres de la política hacen de ella, con el objetivo único de frenar cuestionamientos sobre su trayectoria política, socavar críticas y evadir responsabilidad en su desempeño y reputación, como funcionarias, gobernantes, legisladoras o funcionarias públicas.
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