Quebradero

Share

Desaparecidos. La pesada herencia

 

Por Javier Solórzano Zinser

No hay cómo minimizar el tema de los desaparecidos, no tiene sentido. El hallazgo macabro y dantesco en Teuchitlán, Jalisco, nos volvió a colocar en el centro de un problema de la máxima importancia, el cual a menudo la autoridad tiende a darle matices buscando colocarlo lejos de la agenda-país.

No es la primera vez que aparezca algo como esto en donde al mismo tiempo es un centro de adiestramiento y exterminio. Así como no tiene sentido generalizar, tampoco lo tiene minimizar y politizar el tema.

Se supondría que tendríamos que estar en medio de la indignación nacional que nos debiera llevar al menos a un minuto de silencio como sucedió en el Congreso, a diferencia de lo que ha planteado, por lo menos hasta ahora, la Presidenta.

El brutal tema de los desaparecidos cruza de manera oprobiosa al país desde hace mucho tiempo. Lo que hace las cosas diferentes en algunos casos es cómo los gobiernos lo abordan. El Estado durante mucho tiempo no reconoció la desaparición de personas por el absurdo prurito de que lo colocaría como responsable directo por ser el rector de la sociedad, independientemente de los motivos de las desapariciones. El Estado y los gobiernos son responsables de actuar ante las desapariciones, lo que no los hace responsables en algunos casos de ser quien las provoca.

Es un problema enquistado en donde los gobiernos invariablemente prometen atacarlo de manera directa. La sociedad mexicana ha sido testigo y actor de cómo los candidatos abordan el tema, se sientan con las víctimas y prometen actuar para después pasar a segundo plano, en el mejor de los casos, el problema.

Ayer hacíamos referencia de cómo, en el pasado sexenio el gobierno de López Obrador consideró a las madres buscadoras como adversarias a las cuales nunca recibió. Sin embargo, sí se dio tiempo de recibir a las ejemplares Madres de la Plaza de Mayo de Argentina, las cuales, por cierto, le plantearon la importancia de que tuviera comunicación con los colectivos mexicanos.

Entrar en los terrenos de lo que el Gobierno de Jalisco hizo y no hizo en Teuchitlán es politizar y señalar, perdiendo de vista que no es éste un caso único. En muchos otros estados existen evidencias de centros de esta naturaleza o de violencia, desatada en donde a los jóvenes se les tiene encerrados, torturados y los obligan a delinquir.

Es fundamental que el Gobierno y los ciudadanos asumamos que tenemos un problema de enorme relevancia con los desaparecidos. En la mayoría de los casos son derivaciones de la inseguridad que se vive en el país y de la presencia cada vez más significativa de la delincuencia organizada.

El crimen organizado se ha convertido en una “fuente de empleo” para muchos jóvenes, se calcula que “trabajan” en ello entre 600 y 700 mil personas; se asegura que podría ser la quinta fuente de empleo en el país. Los jóvenes son forzados, a lo que se suman sus necesidades, no tienen empleo y buscan ingresos a como dé lugar para ellos y sus familias.

Valdría la pena revisar en medio de esto la reducción de los índices de homicidios, porque muy probablemente no se está tomando en cuenta lo que sucede en diversas partes del país, en donde la violencia recae de manera inmediata entre los jóvenes y muchas veces no hay registro de ello.

Tenemos que cuestionar lo que está pasando de manera profunda y el Gobierno tiene que ser el gran coordinador y aliado. Es un tiempo que requiere de unidad y concordia, no hay manera de minimizar el dominio que en algunas zonas tiene la delincuencia organizada de nuestro territorio.

Es tiempo de empezar a hacer a un lado la pesada herencia, en forma y fondo.

Es un tiempo que requiere de unidad y concordia, no hay manera de minimizar el dominio que en algunas zonas tiene la delincuencia organizada de nuestro territorio. Es tiempo de empezar a hacer a un lado la pesada herencia, en forma y fondo

RESQUICIOS.

En tiempos en que la CNDH era otra, alertó en 2017 omisiones fehacientes en el tema de narcofosas. Ayer La Razón consignó: “La CNDH ve con preocupación que en muchas regiones del país se incrementen los hallazgos de fosas clandestinas y, por consiguiente, el número de cadáveres o restos de ellos exhumados”.