Por Carlos Tercero
Con el crecimiento exponencial de las redes sociales y acceso digital a la información, ha crecido también la preocupación de gobernadores y alcaldes por la publicación de los “rankings” que muestran periódicamente, –usualmente cada mes–, el lugar que ocupan en la calificación/aprobación que la ciudadanía, la opinión pública expresa sobre su gobierno y su desempeño, como resultado de la suma y promedio de sus calificaciones respecto a los temas prioritarios para el bienestar social como seguridad, salud, abatimiento a la pobreza, generación de empleo, manejo financiero, servicios públicos (alumbrado, agua potable, vialidades, recolección de basura, etc.), así como su capacidad de gestión.
No solo los gobernantes, los políticos en general están expuestos a un flujo constante de información sobre los diversos problemas que preocupan y afectan a la sociedad: la inseguridad, el desempleo, la demanda de servicios, la falta de oportunidades; es así que este tipo de información que permite tomar el pulso del sentir social, influye en la toma de decisiones, sobre todo a partir del nivel de preocupación que muestra la ciudadanía sobre determinado asunto, la atención que los partidos políticos opositores le dan al tema, la cobertura mediática que recibe el problema y los datos estadísticos que lo reflejan, así como las evaluaciones e indicadores que permiten un análisis estratégico del asunto, pero sobre todo, hay que reconocer que dicha toma de decisiones políticas está fuertemente influenciada por la percepción ciudadana.
En contrasentido, la ciudadanía, la sociedad civil organizada ha sido poco o nada influyente, mucho menos, eficiente en lograr que las calificaciones negativas, las peores posiciones del “ranking”, se constituyan en las observaciones de una auditoría social con la capacidad de “inhabilitar” tales desviaciones de lo que debe ser el estándar del buen gobierno, pues existen diversos casos de gobernantes que reiteradamente se encuentran entre los peor calificados y al poco tiempo resulta que terminan un cargo y pasan a otro; nefastos gobernadores que dejan a sus estados sumidos en el rezago y la corrupción y, sin el menor recato trascienden a posiciones legislativas, diplomáticas o administrativas dentro del gobierno federal; presidentes municipales que tras dejar en bancarrota las arcas municipales son premiados con una diputación, una senaduría o posición de gobierno.
Luego entonces, si al político le preocupan las mediciones y evaluaciones de opinión pública y generalmente, –salvo algunos casos de cinismo crónico–, actúan en consecuencia, ¿por qué quienes conforman dicha opinión pública no reaccionan en la misma proporción? La vinculación de las organizaciones de la sociedad civil con el gobierno ha detonado innumerables casos de utilidad pública gracias a su incidencia en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas, así como programas y acciones de gobierno; sin embargo, esta dinámica está lejos de alcanzar el mismo nivel de armonía y trabajo conjunto con los partidos políticos, menos aún involucrarse o ser elemento de decisión en la definición de candidaturas a los distintos espacios de elección popular, mucho menos de representación proporcional, ni posteriormente a las decisiones de designaciones a las posiciones por determinación ejecutiva.
El ejercicio del poder desgasta; los eventos, sucesos e imponderables en cada demarcación territorial, impactan en la opinión pública, pero como herramienta estadística, los rankings de gobernadores y alcaldes, señalan tendencias. Igualmente, no se puede perder de vista que hay casos en los que, dependiendo de la voluntad y generosidad del gobernante hacia el “patrocinio” para el levantamiento de estos estudios demoscópicos, su calificación casualmente suele ser mucho más favorable. Los levantamientos serios están previstos para medir el desempeño y no la popularidad, aunque en su gran mayoría se realizan a través de aplicaciones de mensajería y/o redes sociales, lo cual conlleva un sesgo derivado de la exclusión de un sector de la población que aún no cuenta con un teléfono inteligente, una tableta o una computadora, ni el acceso a internet para ser considerado y participar como parte de la muestra de estos ejercicios estadísticos.
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