Por unanimidad de votos, el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) decretó la existencia de supuestos actos de “violencia política contra las mujeres en razón de género” en contra de la diputada local del Partido del Trabajo y ex dirigente estatal del PRI Elizabeth Morales García, de los cuales responsabilizó al caricaturista Alberto Morales García y los fotoperiodistas Rigoberto Suárez y Pablo Jair Ortega, este último, actual integrante de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas.
Las magistradas del TEV acordaron inscribir a los comunicadores por cuatro meses en el Registro nacional y local de personas condenadas y sancionadas por violencia política de género, además de hacerlos acreedores a una amonestación pública por criticar la actividad como política de la expresidenta municipal de Xalapa, de la misma manera como lo han hecho con un sinfín de otros actores políticos veracruzanos.
La legisladora dijo que “es momento de frenar la violencia contra mujeres en cualquier ámbito, en especial de todas las que tienen legítimas aspiraciones políticas”, y se quejó de que “siempre me han señalado por temas de mi vida personal con los que pretenden limitar mi crecimiento en el servicio público, así como falsos señalamientos y burlas en medios digitales”, a los que está expuesta como cualquier otro servidor público.
La exdelegada del ISSSTE en el sexenio de Enrique Peña Nieto se “congratuló” de que las autoridades jurisdiccionales electorales “enarbolen la bandera de la erradicación de las conductas que socavan y dañan a las mujeres”, bandera que nunca defendió en el pasado.
Destacó que “estas resoluciones emitidas por las magistradas del TEV son un precedente para respaldar a todas las veracruzanas que en estos momentos han decidido participar en la vida política de nuestro Estado y también hacen justicia a todas aquellas que antes de la tipificación como delito la violencia política en razón de género en 2017, fueron víctimas de agresiones de todo tipo por parte de personas que hicieron y siguen haciendo mal uso de su libertad de expresión”.
La CEAPP, que hace unas semanas llamó a los periodistas a llevar a cabo “un comportamiento ético y profesional en su vida pública y privada”, no se ha pronunciado al respecto.
