Por Omar Zúñiga
Recientemente se conoció la Recomendación 04 emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Veracruz por la violación de los Derechos Humanos en contra de una víctima de identidad resguardada, empleada de la UV, adscrita la Secretaría de Desarrollo Institucional (SDI); violación que además se acreditó como acoso laboral y por violación a la integridad personal en relación con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y derecho al trabajo.
Lo peor de todo esto, es que fue la víctima fue violentada ¡por otra mujer!, pues a pesar de que en la versión pública de la Recomendación se testa el nombre de la titular de la Secretaría de Desarrollo Institucional, los datos de tiempo y espacio corresponden a su titular, Jaqueline del Carmen Jongitud Zamora.
Pues bien, el expediente que dio lugar a la Recomendación comenzó el 30 de marzo del 2023, hace casi dos años, con un escrito de queja interpuesto por la víctima “por hechos que considera violatorios de sus derechos humanos y que atribuye a personal de la Universidad Veracruzana, tanto a Jaqueline Jongitud como a quien fuera su secretaria particular; a ellas va dirigida, aunque sus compañeros de trabajo también le hicieron ver su suerte, por no quedar mal con Jongitud.
Resulta que la víctima, con una experiencia en la UV de 14 años en ese momento, a partir de agosto de 2021 estuvo adscrita a la SDI, siete meses antes de que llegara Jongitud Zamora como titular y quien se convirtió en su jefe inmediato (en genérico) y superior jerárquico.
De entrada, le prometieron el oro y el moro, reasignándole tareas de acuerdo a su perfil profesional y académico, con posgrado incluido, como “representante jurídico” de la dependencia, incluida por supuesto la compensación económica correspondiente, por el incremento en el horario laboral y las tareas encomendadas, sin embargo, Jaqueline no cumplió su palabra y otorgó una compensación -que no correspondía con el salario del puesto encargado-, hasta el 16 de agosto de ese año, es decir seis meses después.
Y esa luna de miel al parecer terminó con la llegada de la compensación, pues precisamente a mediados de agosto de 2022 “la situación empezó a cambiar, el trato hacia mi persona se tornó con molestia, indiferencia y de manera despectiva en las reuniones de trabajo” aunque en una reunión “con todos los asistentes fue despectiva, altanera, impositiva, irracional y antes de terminar la reunión, se levantó muy molesta y dejó a todos los asistentes desconcertados por su actitud”.
Y como hablando se entiende la gente, la víctima se acercó con “la doctora” (Jaqueline tiene el grado de doctora) para conocer el porqué de la actitud; la respuesta fue porque “no le dije que un lugar de estacionamiento (sic) estaba designado para la Dirección del Sistema Universitario de Gestión Integral del Riesgo (SUGIR)”.
En resumen, la víctima ofreció su renuncia al cargo y le dijo a “la doctora” “que buscara a alguien de su confianza” para sustituirle, a lo que Jaqui respondió que «no, no es para tanto, seguimos igual» y efectivamente la cosa siguió igual, pero en el trato déspota y autoritario.
La gota que derramó el vaso fue decirle a Jaqui que no tenía la razón en un trabajo asignado, que era ella y no la víctima quien estaba en un error. Craso error ante la intolerancia.
Sin embargo, el verdadero acabose fue en una reunión en la que, para variar, Jaqui exhibió y maltrató verbalmente a la víctima en público, por lo que uno de los directores se acercó a ella, quien aprovechó para desahogarse y buscar apoyo, sin embargo el funcionario ni tardo ni perezoso, fue a buscar a Jongitud para contarle. Fue de chiva, pues.
A partir de ese momento, Jaqueline Jongitud de manera inmediata notificó por escrito a la Abogada General de la UV que la víctima dejaba su designación y el 10 de noviembre, un día después de hacerlo público, se le notificó a la víctima por escrito, que dejó de fungir como representante jurídico «desde el día 9 de noviembre de 2022”.
A partir de ese momento también empezó otro infierno para la víctima, pues le empezaron a asignar tareas que, más allá que nada tenían qué ver con su perfil profesional y lo puede realizar cualquier becario o joven de trabajo social, el objetivo real era “minimizar mis capacidades profesionales y tienen el fin de hacerme sentir incapaz de pensar”.
La chamba asignada era, por ejemplo, copiar y pegar “de un archivo word o pdf, a unas tarjetas media carta, formato A5, la misma información; copiar artículo por artículo de un Reglamento universitario en una tabla de 2 columnas; o bien teclear de nuevo el directorio telefónico de cada uno de los funcionarios de la unidad central (Rectoría, las tres Secretarías y algunas otras dependencias) donde debo insertar nombre, cargo, teléfono, correo institucional, teléfono y extensión, datos que ya existen en la página web de la institución, por citar algunas actividades”.
Además que las tareas eran de ese tipo, también eran extenuantes y en ocasiones, sin nada que ver con el objetivo de la SDI, ni siquiera de la Universidad, “como la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, Ley del Seguro Social, Ley del INFONAVIT”.
El trato de Jaqueline redundó en el deterioro en la salud física y mental de la víctima, que como consecuencia, recibió múltiples tratamientos y licencias médicas, que sufre hasta la fecha, por enfermedades crónicas ocasionadas por las condiciones laborales.
Pero Jaqueline no cejaba en su objetivo e incluso le pedía trabajo –siempre a través de su secretaria particular- con dead lines en sus fechas de entrega, incluso cuando la víctima se encontraba en sus licencias médicas.
Para buscar una mejora en sus condiciones de trabajo y en su salud, pidió a “la doctora” un cambio de adscripción, con fecha 17 de enero de 2023.
A través de oficio, en menos de 24 horas, Jaqueline daba respuesta a través del oficio SDI075/01/2023 en le que le informaba que «me veo imposibilitada a responder de forma positiva a su solicitud, aunque lamento el estado de salud en el que se encuentra y espero tenga una pronta recuperación, pero solicito a usted atentamente se incorpore a sus actividades, para que nos apoye con las tareas que se requieren en esta dependencia» (sic).
Este asunto llegó incluso a la oficina del rectorcito Gerardo Martín Aguilar, el 14 de febrero de 2023, para pedirle su intervención directa para el cambio de adscripción, a lo que en respuesta, Martincillo envió a su esposa el 6 de marzo “para platicar sobre mi estado de salud”; al final el consejo de la señora fue que la víctima “pidiera una licencia sin goce de sueldo”, para atenderse.
Comentario al calce, la señora no tiene ningún cargo en la estructura de mando de la Universidad, por lo que se infiere que fue enviada de Marticinillo o de Jaqueline, o de ambos, pero lo más grave, es que el caso trascendió la esfera oficial.
Al final, la queja se integró y lleva unos dos años, lapso durante el cual, por ejemplo y documentado por la CEDH, Jaqueline Jongitud Zamora, secretaria de Desarrollo Institucional de la UV, acudió personalmente a los consultorios de cada médico tratante de la víctima para requerir información sensible sobre ella, “con el presunto objetivo de otorgar más información a esta Comisión, pues en el resultado de dichas visitas dadas a conocer por la servidora pública únicamente se advierte un interés por perjudicar y desacreditar a la víctima”.
Además, entre las diligencias realizadas por la CEDH para la investigación, el encargado de la misma se trasladó al “centro de trabajo en cuestión (SDI) para recabar entrevistas al personal que allí labora –de acuerdo a su competencia legal-, pero dicha diligencia fue impedida por autoridades de la Universidad Veracruzana “bajo condiciones no establecidas en la ley”.
Por estas razones, no se entiende que la UV haya rechazado la recomendación (como se informó oportunamente en este espacio el 21 de febrero pasado), con el argumento de que la CEDH “desechó pruebas sin analizarlas, retomó aspectos laborales que están fuera de su competencia y violentó el debido proceso”.
Sin embargo y tanto sabían que lo que hicieron fue una verdadera atrocidad, que el 14 de abril del 2023, Martincillo autorizó el cambio de adscripción, que mucho antes fue solicitado por la víctima.
Una de las resoluciones que instruye la CEDH es inscribir a la víctima en el Registro Estatal de Víctimas. Uuufff.
Es de todos conocido dentro de la Universidad Veracruzana que Jacqueline Jongitud es de “carácter fuerte”, pero también es conocida su intransigencia; que busca por su posición jerárquica pasar sobre sus subordinados, “se conduce en forma altanera contra las personas que laboramos con ella, olvidando que ella como yo, somos mujeres y merecemos el mismo trato y respeto como personas, independientemente de la posición de jerarquía administrativa que temporalmente posee”.
Como dice el expediente, encargar tal actividad excesiva “demuestra que la Secretaria (Jongitud Zamora) desconoce siquiera la estructura de la Universidad, así como las funciones y atribuciones de su misma Secretaría y de las demás dependencias universitarias, pues de conocerlas, bastaría con que ella navegara un poco la página web de la propia Universidad y leyera un poco la legislación universitaria”. Parafraseando al gran Cat Morales: ¡Mocos Petra!
Hoy en día, Jaqueline es una de la aspirantes a suceder a Martincillo en la Rectoría de la UV.
La gran pregunta, es, si merece la Máxima Casa de Estudios y el mismo estado de Veracruz, que una persona como ella, pueda estar al frente de la UV, cuando lo que urge en la Universidad, es sacarla del ostracismo en que se encuentra hundida y no sobajar a la gente que trabaja en y para la institución,
¿Cuál sororidad?
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Para documentar el optimismo, el secretario de Gobierno Ricardo Ahued dijo que siempre serán respetuosos y estarán atentos a lo que determine la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Veracruz, sobre la atención a las víctimas en el caso de los abusos policiales en Totalco en el año en julio de 2024, cuando estaba al frente del gobierno, el tristemente célebre inútil de Cuitláhuac García.
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Y ya con esta me despido… Marcela Galván quien fuera Secretaria Particular de Jaqueline Jongitud, y su incondicional para ejecutar las órdenes contra sus subordinados, como en el caso de la Recomendación 04 de la CEDHV, a la postre recibió de Jongitud Zamora el mismo trato que ella operó. La jefa se cansó de ella, le quitó la compensación y le hizo la vida imposible; pero hoy Galván también está involucrada en la multicitada Recomendación. Uuffff.
¡Qué barbaridad!
deprimera.mano2020@gmail.com
