La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por más de 51 mil millones de pesos en la tercera entrega de la Cuenta Pública 2023 del gobierno federal.
Este monto sin aclarar corresponde al quinto año de gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y es la suma de las tres cuentas públicas de 2023.
Ante los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, que encabeza el legislador federal del PVEM Javier Herrera Borunda, el titular de la ASF, David Colmenares Páramo, destacó que solamente en su último informe hay un monto por aclarar de más de 48 mil millones de pesos.
“La cifra es respecto al Sistema Subnacional de Gobierno y prácticamente el doble de la determinada en la Cuenta Pública pasada (…) esto se explica por la mejora de nuestros procedimientos de auditoría, pero principalmente por la implementación de nuevas tecnologías de la información e inteligencia artificial”, destacó en su mensaje.
En la matriz de datos básicos del Informe consolidado de la ASF, el monto por aclarar durante el proceso de seguimiento de las acciones es de 43 mil 206 millones de pesos. El auditor detalló que el monto recuperado es de 930 millones de pesos.
Colmenares Páramo comentó que en la fiscalización de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, se determinó un monto por aclarar de más de ocho mil 599 millones de pesos en las revisiones al sector público federal.
“De los cuales más del 80 por ciento de este monto se encuentra relacionado con entes como Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), IMSS, Pemex y Fonatur, por mencionar algunos”, indicó.
El auditor añadió que 16 por ciento corresponde “a empresas productivas, subsidiarias y de control directo del estado y solo un 4 por ciento se encuentra vinculado a las secretarías de Estado del gobierno federal”.
En cuanto a las auditorías forenses, resaltó que “por primera vez se están realizando sobre entes que históricamente no habían sido revisados con este nivel de profundidad”.
“Del orden federal destacan Diconsa, el Instituto Nacional de Migración, el IMSS y el INAI; en el orden estatal, poderes judiciales locales, dos universidades autónomas y los Servicios de Salud de dos entidades federativas”, explicó.
El titular de la ASF aseguró que con “estas 29 auditorías de tipo forense, se determinó un monto por aclarar por más de seis mil 700 millones de pesos”.
“Ahora bien, es de suma importancia tomar en consideración que todos los resultados con posible daño patrimonial pasan a una segunda etapa de fiscalización en la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación”, mencionó.
Colmenares Páramo resaltó que en esta etapa “se podrían aclarar las observaciones determinadas durante el proceso de auditoría, o bien, de no ser así, se daría inicio a las investigaciones correspondientes, la presentación de denuncias penales y procedimientos resarcitorios en contra de los funcionarios responsables, según corresponda”.
También, se fiscalizó la ejecución de recursos por parte de 139 instituciones de educación superior, dando como resultado un monto por aclarar de más de 900 millones de pesos en ese sector educativo.
Respecto de la fiscalización de municipios, indicó que se logró fiscalizar al cien por ciento de los municipios de 15 entidades federativas. Asimismo, apuntó, se informan los resultados de mil veintiocho procesos de fiscalización superior realizados a alcaldías, en los cuales se determinó un monto por aclarar por más de 15 mil 800 millones de pesos.
De la revisión efectuada a los gobiernos de las 32 entidades federativas, señaló que se determinó un monto por aclarar por más de 22 mil 700 millones de pesos, distribuidos en 30 estados que resultaron con un posible daño patrimonial. Los gobiernos de la Ciudad de México y Querétaro no tuvieron montos por aclarar.
El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, diputado Javier Herrera Borunda, apuntó que hoy más que nunca la ciudadanía exige saber dónde y cómo se gastan sus recursos.
