El próximo 30 de enero de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebrará una audiencia pública contra México por el caso de doña Ernestina Ascencio Rosario, una mujer nahua de la Sierra de Zongolica, Veracruz. Doña Ernestina falleció en 2007, tras ser atacada por miembros del Ejército Mexicano y ser víctima de graves violaciones a sus derechos humanos, incluyendo violencia sexual, discriminación racial, omisiones e intervención indebida por parte de las altas autoridades del Estado.
En la audiencia, la Corte Interamericana juzgará la violencia sexual y tortura que miembros del Ejército mexicanoperpetraron contra doña Ernestina Ascencio, dando como resultado su muerte por la omisión estatal de garantizarle la atención médica adecuada y oportuna que pudo salvar su vida. La Corte también juzgará al Estado por la discriminación racial feminicida ejercida contra ella por el hecho de ser mujer, indígena nahua empobrecida, monolingüe y adulta mayor. Las autoridades estatales no sólo ignoraron su testimonio sobre el ataque sexual por pronunciarlo en su lengua, lo que llevó a desestimar evidencias clave para esclarecer los hechos, desviar y archivar indebidamente su investigación; sino que también intentaron frustrar la búsqueda de justicia de su familia, recurriendo a su secuestro para impedirles impugnar la decisión.
Asimismo, se juzgará el ocultamiento de información pública para asegurar la impunidad de los perpetradores. Todo ello en un contexto general de racismo patriarcal, de falta de efectiva garantía de los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas, y de un sistema de justicia y de acceso a información pública sujeto a aplicación discrecional y gravemente debilitado.
Las organizaciones locales y regionales que litigamos el caso de la mano de familiares de doña Ernestina, invitamos a seguir esta audiencia histórica que busca justicia y reparación para ella y su familia, y que pone en el centro la lucha de las mujeres indígenas contra la violencia y la discriminación racial, así como la ausencia de garantías plenas para el ejercicio del derecho a la verdad y a la justicia en el país.
