El adiós a la justicia autónoma
Por Mónica Camarena Crespo
A partir de que la Reforma Judicial del expresidente Andrés Manuel López Obrador fue sacada adelante “haiga sido, como haiga sido”, inició el rápido y “cochino” camino para concretar la elección de juzgadores, que no será otra cosa, que integrar en el Poder Judicial ya muy lejos de la autonomía, a los más cercanos a Morena.
Una descarada intervención del Estado, derivó en una votación “a modo” desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para otorgar al Senado, la facultad para insacular a los candidatos a juzgadores propuestos por el Poder Judicial, sin tener que pasar por el filtro de idoneidad. Es decir, el método preferido de la 4T, la tómbola amañada, será la encargada de este delicado proceso de selección.
Así, los mexicanos, ya sin voz ni voto, serán testigos mudos de graves violaciones para la intervención directa en el Poder Judicial, con todas las agravantes que conlleva la falta de Estado de derecho.
POCOS SIGUEN ADELANTE
Digno de reconocer el papel de algunos mexicanos que siguen luchando contra la embestida al Poder Judicial, un caso relevante y digno de orgullo, es el de la jueza Juana Fuentes Velázquez, directora nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), quien viajó a Costa Rica para exponer “la preocupante situación” por la que pasa el PJF.
La jueza que ha luchado sin descanso, acudió a este país para asistir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde tendrá reuniones con juzgadores y expertos internacionales y tratar entre otros temas, los riesgos que enfrenta el Poder Judicial debido a la embestida cotidiana por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como la presión política, presupuestal y discursiva, ejercida también por una mayoría legislativa del partido en el poder a través de los medios del Estado.
Otro tema muy importante será el impacto del desacato generalizado a las suspensiones de amparo por parte de las autoridades; la negación a una justicia autónoma e imparcial para los mexicanos, y las violaciones sistemáticas a los derechos de los juzgadores en México.
Estas violaciones tipificadas por la Corte Interamericana, incluyen, amenazas a su estabilidad laboral y autonomía funcional, en contravención de los estándares internacionales establecidos en el artículo 23 de la Convención Americana. Además, la jurisprudencia de la Corte IDH enfatiza la obligación estatal de garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio independiente de la función judicial.
Con estos señalamientos internacionales transcurrimos, rápido y a tropezones, hacia la abolición del Estado de derecho.
X: @monicamarena
