Por Darío Fritz
En una ceremonia sencilla y la asistencia que no supera la decena de personas, una madre firma un convenio con el Estado mexicano por el cual será resarcida económicamente por el intento de homicidio de un grupo de militares contra dos de sus hijos adolescentes. Han pasado pocos años del incidente en que fueron rafagueados por el simple hecho de aparentar “sospechas” y ahora se le ha puesto precio a la vida de ambos, sin tomar cariz público, es decir, sin prensa que lo atestigüe, para cerrar el reclamo, sin futuras demandas, de esa madre que ha tenido la suerte de que sus hijos sobrevivieran. Incidentes de este tipo de violaciones a derechos humanos se han normalizado desde hace años como consecuencia de las hostilidades del Estado —algunos gustan llamarlo “guerra” para simplificarlo, aunque nunca lo ha sido — contra el crimen organizado. Las pruebas contundentes han puesto contra la pared tanta impunidad y mucho se le debe a la intervención de las comisiones de derechos humanos estatales y federal. ¿Cuánto vale la vida de una persona que ha sido víctima del atropello de una autoridad gubernamental, llámese militar o policía, que se creyó impune por el simple hecho de portar uniforme y armas que validan cualquier acción?
En la película Worth, de 2020, traducida como ¿Cuánto vale la vida?, Michael Keaton, en el papel de representante del gobierno estadunidense, debe acordar justamente eso con las víctimas de los ataques del 11 de setiembre de 2011. Keaton se lo pregunta a sus estudiantes de derecho, para el caso de un accidente en una granja. Los alumnos ponen una cifra, acuerdan y asunto arreglado en minutos. Pero no es tan sencillo. Se analizan ingresos, gastos promedio, proyección de pérdidas, el futuro de hijos sin uno o ambos padres. Los detalles pueden ser tan infinitos como cada caso por resolver. Las fórmulas, frías en sus números, se aplican, pero detrás hay seres humanos. Las pérdidas varían y los montos que intentan compensar siempre serán injustos. “Si alguien se llevara a su hijo —dice una víctima en la película, basada en los hechos reales que siguieron a la necesidad de mitigar dolor y reclamo de los deudos —. ¿Cómo superar algo así? ¿Cómo se calcula eso?”
La Ley General de Víctimas y la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado establecen una guía para proceder en pagos y plazos, que a su vez se apoya en leyes como la Ley Federal del Trabajo y el Código Civil Federal. Aun así es insuficiente. Las propias autoridades —ya sean militares o policiales — se adelantan y hacen propuestas de montos que las víctimas o sus familiares terminan aceptando para cerrar el caso, donde no suelen contar con dinero para pagar abogados que sepan apoyarlos en las negociaciones.
Un trabajo periodístico de N+, es de los pocos que ha logrado aportar números. La Sedena pagó 124.8 millones de pesos a las víctimas y familiares entre 2015 y setiembre de 2022. Hubo desembolsos en que la vida de la víctima se estimó en 17 mil pesos y en otros superó los 10 millones, lo cual explica la importancia de tener quien te defienda.
También CEAV resarcía a víctimas por violaciones a derechos humanos. Pero en 2020, luego de una quita de presupuesto del 75% —según la ONG, Causa Común —, saltó a ninguna indemnización cuando en 2019 había entregado reparaciones por casi 30 millones de pesos en favor de 36 víctimas de fuego castrense, informó Animal Político. Si los datos se obtenían con fórceps hasta entonces, la disposición de Sedena de negar la información por razones de seguridad a partir de 2021 y por cinco años, acerca de cuántas personas recibieron indemnizaciones, así como detalles de los hechos investigados y si se juzgó a los militares involucrados, quedó enterrada toda transparencia.
¿Cuánto vale la vida? No debería tener la menor trascendencia, parecen indicar estas negativas oficiales. Aquella madre que recibió el resarcimiento quiso saber, al terminar la ceremonia, cuáles eran los requisitos para que sus hijos ingresaran a la institución militar. Fue debidamente informada y salió de allí con una alternativa laboral a futuro. Si para algunos las revoluciones matan a sus propios hijos, aquí las instituciones pueden lo mismo atentar contra jóvenes que formarlos y emplearlos luego. Quedará en ellos que el día de mañana no repitan la historia con otros.
@dariofritz.bsky.social
