Por Lyneth Santiago
La pederastia es uno de los delitos más atroces y devastadores para las víctimas, especialmente por el impacto emocional, psicológico y físico que deja en los menores. En México, este crimen sigue siendo una problemática alarmante que no solo revela fallas sociales, sino también profundas deficiencias en los sistemas de justicia. Recientemente, el caso de Melani, una menor víctima de abuso ha encendido las alarmas sobre la manera en que las instituciones encargadas de procurar justicia manejan estos crímenes (en este caso, la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz), priorizando acuerdos procesales que pueden traducirse en penas reducidas para los agresores.
El uso del juicio abreviado, como en el caso denunciado por la organización Equifonía, ha puesto en evidencia un sistema judicial que, lejos de garantizar la protección de las víctimas, parece inclinarse por la conveniencia procesal. Este mecanismo, que permite a los acusados recibir sentencias menos severas a cambio de aceptar su culpabilidad, plantea serias interrogantes sobre su idoneidad en delitos graves como la pederastia. Las familias de las víctimas, junto con colectivos de defensa de derechos humanos, han señalado que esta práctica no solo perpetúa la impunidad, sino que revictimiza a quienes buscan justicia.
La indignación de la sociedad no se centra únicamente en los agresores, sino también en la actuación de autoridades como la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz. Estos organismos han sido señalados por otorgar beneficios que contradicen el clamor de justicia de las víctimas y sus familias. Para muchos, este tipo de decisiones envía un mensaje alarmante: los derechos de los niños y niñas quedan relegados frente a una justicia que parece priorizar la celeridad sobre la reparación del daño.
Más allá del caso puntual de Melani, esta problemática refleja un fenómeno sistemático que afecta a miles de menores en el país. Según datos de organizaciones internacionales, México se encuentra entre los países con mayores índices de abuso sexual infantil, una realidad que exige una respuesta contundente por parte del Estado. Sin embargo, la falta de recursos, capacitación adecuada y voluntad política para abordar el problema desde sus raíces continúa siendo un obstáculo para erradicarlo.
El caso de Melani, y otros similares, debería ser un punto de inflexión para reformar la manera en que se aborda la pederastia en México. Urge una revisión profunda de las leyes, protocolos de atención a víctimas y los mecanismos judiciales utilizados en estos procesos. Solo a través de una justicia que priorice a las víctimas y las proteja de revictimización, será posible recuperar la confianza en un sistema que, hasta ahora, parece más dispuesto a negociar con los agresores que a defender a los más vulnerables.
Justicia a medias
Adriana Fuentes, quien es abogada y pertenece al área de coordinación general de Equifonía A.C., fue la encargada de darnos información no solo acerca del caso de Melani, si no también, hablarnos acerca de la pederastia y los fallos sistemáticos que hay en las dependencias encargadas de velar por la justicia y seguridad de las víctimas.
“El caso de Melani es un caso muy particular, porque cuando ella es menor de edad, a los 15 años fue víctima de violencia sexual por un familiar temprano, y ¿qué pasa? Una vez ocurrido el hecho, quien en ese momento su representante es su madre presenta la denuncia y ahorita cuando ella ya tiene 20 años, es cuando decide también alzar la voz. Era un tema del que platicábamos, que ella pudiera proporcionar su testimonio y poder salir a los medios (…), ella se presenta porque desafortunadamente en el proceso que, como en éste caso (juicio abreviado), ejemplifica qué está pasando con los otros casos en donde las víctimas de violencia sexual tienen procesos muy largos y la justicia no es pronta (…) lo que hace este tipo de procesos es que las familias, en mucho de los casos, desistan también y se vea identificado el que no se cuente con una atención, un acompañamiento, una asesoría adecuada por parte de las instituciones y es lo que está pasando en el caso de ella. Del 2015 a la fecha el agresor fue aprehendido y se está llevando un proceso en el cual él está pidiendo un procedimiento que le puede resultar beneficioso, entonces al ser un hecho cometido por parte de un familiar, el código nos dice que la situación se agrava y esto a su vez incrementa la pena para los perpetradores (…) si bien es cierto que quienes cometen estos actos delictivos pueden solicitar este procedimiento al que se le llama juicio abreviado, en el que ellos tienen que reunir varios requisitos y uno de éstos es que la víctima NO se oponga, que en este caso la víctima sí se está oponiendo, ¿por qué? Porque también es evidenciar que es el Ministerio Público son quienes hacen este tipo de solicitud y esto es un beneficio para los agresores (…) se está aplicando un procedimiento en el cual se está trasgrediendo los derechos de las víctimas, son víctimas de agresión sexual que por la edad que tienen, se considera aún más grave este hecho delictivo, es importante resaltar esto ya que se está cometiendo un agravio para las niñas y adolescentes.”
Los sistemas de seguridad y justicia en México enfrentan varios retos en la atención de casos de pederastia, particularmente en lo que respecta a la duración y complejidad de los procesos legales además de la impunidad que muchas veces se ve reflejada en los mismos. Como se observa en el caso de Melani, las víctimas y sus familias suelen enfrentarse a procesos judiciales extensos que dificultan el acceso a una justicia pronta y efectiva. Esto no solo retrasa la reparación del daño, sino que también aumenta el riesgo de revictimización. Además, la falta de acompañamiento adecuado por parte de las instituciones, incluyendo el Ministerio Público, pone de manifiesto carencias en la atención psicológica, legal y emocional que las víctimas necesitan para atravesar el proceso de manera digna y segura.
Otro punto crítico es la implementación de figuras legales como el juicio abreviado en casos de pederastia, el cual, aunque permitido por el marco jurídico, ha generado cuestionamientos cuando se aplica en delitos graves tales como el antes mencionado. Este procedimiento, que busca agilizar los procesos a cambio de la aceptación de culpa por parte del agresor, puede resultar contraproducente si no se respetan plenamente los derechos de las víctimas. En el caso de Melani, por ejemplo, la solicitud de un juicio abreviado por parte del Ministerio Público y el agresor, sin el consentimiento de la víctima, pone en evidencia un posible desbalance entre los intereses del sistema judicial y la protección de los derechos de las personas afectadas. Esto subraya la necesidad de una revisión más cuidadosa de los procedimientos aplicados en delitos que involucran menores de edad y situaciones de especial vulnerabilidad.
Tan solo hace falta recordar que, en el pasado informe de Equifonía A.C., basado en datos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS) de la Secretaría de Salud, se reveló que hubo un incremento en casos de violencia sexual en niñas de 10 a 14 años tan solo en el estado de Veracruz.
En la entrevista, Adriana destacó que, en estos casos, han identificado que este abuso infantil y los embarazos a raíz de la misma problemática, se dan en un ámbito familiar, en un contexto de pobreza y vulnerabilidad.
Cabe destacar que Veracruz ocupa el tercer lugar a nivel nacional en 2023 en casos de violencia sexual, solo por detrás de Chihuahua con 385 casos y México con 577 casos, lo que refleja la magnitud del problema en el estado.
Esta problemática exige un fortalecimiento de las normas para la protección de niñas y adolescentes, ya que el incremento demuestra un severo estado de impunidad en el Estado.
“Una de las principales deficiencias del sistema judicial mexicano en casos de pederastia, es que al momento del procesamiento de los hecho, las Fiscalías dejan de hacer muchas cosas, en este caso de Melani, como en el de muchas otras, hemos encontrado y se evidencia que no hay una atención adecuada a la víctima (…), tenemos una Ley General de víctimas a nivel estatal, si bien es cierto que nos regimos por un código nacional de procedimientos penales, no es menos cierto que también que el código penal como lo estipula deja en claro las penas hasta las que se pueden llegar (…) lo que ha pasado es que las diligencias mínimas que se deben de realizar, no hay un seguimiento puntual de cuál es la información que se está dando (…) por supuesto que voy a mandar un oficio donde se haga un dictamen pero no hay un seguimiento de quién lo va a hacer, cuándo lo van a hacer, que es lo que debería garantizarse a las víctimas (…) de verdad hay muchas cosas que cuando llegan al Poder Judicial, a pesar de que hay experiencias donde no se juzga adecuadamente y no se utilizan los protocolos para la actuación cuando se están atendiendo delitos en contra de niñas, niños y adolescentes, es importante destacar que la integración de las carpetas no fortalece a que no pueda realizar correctamente su trabajo el Poder Judicial, esos son también los retos que estamos enfrentando (…) algo que pasa con estos hechos delictivos y sus procesos, es que suelen ser de realización oculta, entonces hay muchas cosas que el Poder Judicial debe fortalecer desde un aspecto más antropológico, trabajo social y socioeconómico.”
El sistema judicial mexicano enfrenta múltiples desafíos en el tratamiento de casos de pederastia, particularmente en la etapa de investigación y procesamiento. Una de las principales deficiencias radica en la falta de atención integral a las víctimas durante todo el procedimiento. Aunque existen leyes como la Ley General de Víctimas y protocolos específicos para la protección de niñas, niños y adolescentes, su implementación es inconsistente. Las diligencias mínimas, como la obtención de dictámenes periciales o el seguimiento puntual de pruebas, suelen quedar a medias, lo que no solo afecta la construcción de casos sólidos, sino que también perpetúa la revictimización. La combinación de estos factores no solo dificulta el acceso a una justicia pronta y efectiva, sino que también debilita los procesos judiciales, dejando en evidencia la falta de crítica y profesionalismo de estas dependencias.
El juicio abreviado
En la entrevista, Adriana destacó que en estos casos han identificado que este abuso infantil y los embarazos a raíz de la misma problemática, se dan en un ámbito familiar, en un contexto de pobreza y vulnerabilidad.
“En primera, el mecanismo del Juicio abreviado, lo que hace es que disminuye la carga para ellos, y lejos de disminuir la carga, me parece que también significa dejar de investigar adecuadamente (…) uno de los requisitos para este juicio es que el perpetrador acepte su culpa, el otro es la no oposición de la víctima y la última es la reparación del daño. En el tema de la reparación del daño, es ahí donde hay un quiebre, en el sentido de que, en muchas ocasiones éstas son de verdad, una burla y nuevamente una revictimización para las víctimas. En el caso de Melani, por ejemplo, la reparación del daño era prácticamente nada, son 3 mil pesos para una víctima que ha estado cinco años en este proceso, es una burla (…) no se toman en cuenta los impactos que pueden haber para una menor de edad el que sea víctima de este hecho grave por un familiar directo, en donde las repercusiones a su vida, a su proyecto de vida, sumándole lo que puedan decir en la comunidad (…) por eso decimos que tiene que haber un estudio antropológico, la gran pregunta es ‘¿cómo llegaste al cálculo de esa cantidad?’, el tema también es que, un plan de reparación no solamente es un aspecto económico, tendríamos que valorar eso, este es otro factor de los cuales nos parece que aún cuanto quieran hacer algo que pueda disminuir la carga de trabajo a las Fiscalías, porque es la Fiscalía quien lo solicita, es necesario valorar qué dejaron de hacer en estos casos para llegar a sentencias adecuadas (…) ¿qué beneficios tiene el juicio abreviado? Son que la pena se reduce y lo que pasa es que hay factores que llevan a proponer sentencias que van desde los seis años, ha habido casos, en donde a través de las solicitudes de información hemos podido obtener, que las penas son muy bajas, lo que genera una incertidumbre en las víctimas puesto que se puede correr riesgo para su seguridad e integridad (…) todos esos factores tienen que ponderarse para llegar a la conclusión de que el agresor pueda obtener este beneficio.”
La problemática en torno al juicio abreviado en casos de pederastia radica no solo en las condiciones desproporcionadas y burlescas de reparación del daño, sino también en la falta de un análisis integral que considere el impacto real en las víctimas y sus entornos, puesto que se tiene que considerar no sólo el aspecto económico, si no, también las medidas psicológicas, sociales y comunitarias que atiendan los efectos duraderos de estos delitos en la vida de las víctimas, especialmente cuando el agresor forma parte de su círculo familiar.
Sin un plan de reparación que abarque estas dimensiones, se perpetúa la sensación de impunidad y se deja de lado el principio de justicia restaurativa.
Estos elementos reflejan la necesidad urgente de replantear en qué casos se debe aplicar el juicio abreviado en delitos graves, garantizando que la víctima no corra riesgos no sólo en el ámbito de seguridad, si no también, en la trasgresión a sus derechos fundamentales e integridad.
El abuso infantil, la reducción de sentencia y el mensaje a la sociedad
“El hecho de que la Fiscalía muchas veces proteja al agresor o reduzca su condena, genera un mensaje negativo y desesperanzador para las víctimas (…) cuando se pueden denunciar estos hechos, hay que tener varios elementos que sabemos que, en muchas ocasiones las niñas, las adolescentes no comparten esta información y no se identifica que son víctimas, pues se queda prácticamente en silencio, las víctimas tiene afectaciones pero no se verbalizan (…) es importante hacer esta observancia e identificación, porque si bien es un tema en donde no podemos prevenir, podemos entender el riesgo, ¿y cuáles son esas atenciones del riesgo? Pues brindar una atención tanto en salud como en procuración de justicia adecuada (…) el que manden ese tipo de mensajes, hace pensar a una víctima; ‘¿para qué me voy a enfrentar a un proceso que puede ser largo donde el probable responsable pueda hasta irse?’ puede pasar que ya lo aprehendieron, puede estar hasta recluido por la gravedad del hecho, pero llegando el momento donde ya se tengan los suficientes elementos, o si la Fiscalía quien prevalece en los casos, no hace su labor adecuadamente, puede resultar que le brinden un procedimiento abreviado. Para un caso de pederastia, las penas van desde los 15 a los 40 años, decirle a una víctima que su agresor solo va a estar seis años es revictimizarla.”
La percepción de impunidad generada por la reducción de condenas en casos de pederastia impacta profundamente en la decisión de las víctimas de denunciar estos delitos. La falta de confianza en que el sistema judicial garantizará justicia desincentiva la búsqueda de apoyo, especialmente entre niñas y adolescentes que ya enfrentan barreras significativas para verbalizar sus experiencias de abuso. Este silencio perpetúa el ciclo de violencia, pues la invisibilización del delito dificulta la intervención temprana y el acompañamiento necesario para las víctimas.
Por otro lado, la reducción de penas mediante mecanismos como el juicio abreviado genera un doble agravio: minimiza la gravedad del delito y envía un mensaje de desprotección a las víctimas. Aunque la ley contempla sanciones severas para los agresores en casos de pederastia, la aplicación de procedimientos que reducen significativamente las penas debilita el impacto de estas normas.
Para las víctimas, saber que su agresor podría recibir una condena mínima después de un proceso extenso y desgastante refuerza el miedo y la inseguridad. Es fundamental que las instituciones judiciales actúen con firmeza, asegurando no solo que se impongan penas proporcionales al daño causado, sino también que se priorice el bienestar y la protección integral de las personas afectadas.
“Muchas veces las víctimas no saben qué es el juicio abreviado, no se les explica, no se les expone, entonces debe de haber un profesionalismo por parte de las Fiscalías en donde debe de ser sumamente imparcial, el tema de corrupción se ha hablado, el tema de colusión con los agresores también se ha hablado, entonces hay un tema de que debería haber un protocolo de vigilancia y observancia por parte de sus superiores para una adecuada atención a las víctimas de pederastia (…) otro aspecto a tomar en cuenta es que jueces y juezas, cuando se les haga una solicitud, puedan hacer un estudio adecuado, en donde prevalezca el interés superior de la niñez, el libre desarrollo para ellos (…) esos protocolos que tanto se han mencionado sobre cómo debemos actuar cuando tenemos el conocimiento de que se estén infringiendo los derechos de niños, niñas y adolescentes, es aquí donde tenemos que hacer algo y también capacitarnos, además analizar a conciencia y tener en cuenta la responsabilidad que tienen las Fiscalías, asesores y al poder judicial.”
El caso de Melani y otros similares revelan una triste realidad sobre el sistema judicial mexicano, donde la impunidad, la corrupción y la colusión con los agresores parecieran tomar el hilo de los procesos, algo lastimosamente común en los casos relacionados con la pederastia. La aplicación del juicio abreviado está siendo utilizado en casos de delitos tan graves como el abuso infantil, lo que no solo permite que los agresores reciban sentencias mínimas, sino que también evidencia el claro interés por parte de las autoridades hacia estos casos.
La falta de profesionalismo, la escasa atención a los derechos de la víctimas y la ausencia de un protocolo adecuado de acompañamiento por parte de las autoridades judiciales, como el Ministerio Público, el Poder Judicial, entre otros, exponen las debilidades estructurales del sistema de justicia, lo que pone en duda la confianza de la sociedad en las instituciones encargadas de proteger al sector de los más vulnerables.
Mientras esta realidad continúe, es posible que el ciclo de abuso e impunidad se vuelva algo constante y no se le de el interés que requiere, dejando a los niños, niñas y adolescentes sin la protección que merecen.
