Con 38 votos a favor y nueve en contra, el Pleno de la LXVII Legislatura del Estado de Veracruz aprobó la reforma al párrafo segundo del Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contra las sentencias internacionales en materia de derechos humanos, amplía la prisión preventiva oficiosa.
En su séptima sesión ordinaria, las diputadas y los diputados del oficialismo dieron su aval a la modificación constitucional que tiene como finalidad incrementar el catálogo de delitos por los que un juez debe ordenar la prisión preventiva oficiosa.
Se contemplan la extorsión, delitos relacionados con la ilegal introducción y desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de precursores químicos y sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y derivados, así como delitos graves en contra de la salud, del libre desarrollo de la personalidad, contrabando y cualquier actividad relacionada con comprobantes fiscales falsos.
El proyecto precisa que, para la interpretación y aplicación de las normas previstas, los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial.
El diputado Adrián Ávila Estrada, de Movimiento Ciudadano (MC), subrayó que esta reforma significaría la salida de México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido al contenido de la misma y que la prisión preventiva oficiosa perjudica mayormente a las personas de escasos recursos, “son las que hoy llenan nuestras cárceles, sin sentencia”. Agregó que la prisión preventiva a menudo se convierte en un mecanismo de abuso y que más cárceles y penas no representan un mejor sistema de justicia.
Por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la diputada Ana Rosa Valdés Salazar dijo que cuatro de cada diez internos de los centros de reinserción social no tienen aún sentencia y que eso significaría que podrían ser inocentes. Añadió que la reforma va en contra de la presunción de inocencia.
Del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), la diputada Montserrat Ortega Ruiz refirió que ampliar la prisión preventiva oficiosa traerá consecuencias negativas para México, debido a los pactos de los que el Estado forma parte e indicó que se viola la presunción de inocencia y que actualmente hay muchos ciudadanos a los que aún no se les dicta sentencia, “podrían ser inocentes”.
Por otra parte, con 40 votos a favor del oficialismo morenista y nueve en contra de la oposición, el Pleno de la LXVII Legislatura también aprobó la minuta con proyecto de decreto que desaparece siete organismos autónomos, entre estos, INAI, Coneval e IFT.
De acuerdo con el contenido de la minuta, se plantea la supresión de los organismos autónomos, del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, de los órganos reguladores coordinados en materia energética, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, transmitiendo sus atribuciones y facultades a las diferentes dependencias del Poder Ejecutivo Federal.
La diputada María Elena Córdova Molina, del partido Movimiento Ciudadano (MC), señaló que la desaparición de organismos autónomos traerá repercusiones internacionales, debido a que se extinguen instituciones garantes de la transparencia, y que la eliminación de dichos órganos representa la concentración del poder.
