Prioridad, atender la fractura al Estado de Derecho
Por Mónica Camarena Crespo
Claudia Sheinabum a partir del primer minuto del 1 de octubre es presidenta de México, la primera mujer en ocupar ese cargo y por lo tanto, la encargada de atender de manera urgente el sinnúmero de problemas que le heredó López Obrador.
La presidenta debe enfrentar como alta prioridad la evidente crisis constitucional y la fractura al Estado de Derecho. Hoy en México se incumplen con las sentencias del Poder Judicial con lo que desaparece la división de poderes.
De manera burda, el Legislativo y Ejecutivo en manos de Morena no reconocen la legitimidad de los fallos de jueces federales, con ello, pisotean la autonomía e independencia judicial.
Han sido muchas las voces que señalan una y otra vez que con la Reforma ilegal al Poder Judicial se viola el Estado de Derecho y se pierde el equilibro de poderes.
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) dio a conocer su postura: “Tenemos la convicción de que México debe ser un país donde gobierno y ciudadanos respeten las Leyes, teniendo como marco de referencia la Constitución con la que nos identificamos y que no puede ser violentada por sectores sociales o políticos que pasen por encima del conjunto de la Nación. Estamos convencidos, con millones de mexicanos, que México está llamado a volver a vivir en un verdadero Estado de Derecho Democrático, constituido por una Federación de Estados autónomos, con equilibrio de poderes, que nos hace ser una República confiable para todos”. Oídos sordos a este posicionamiento.
También, la Misión de Expertos Electorales (MEE) de la Unión Europea (UE), que participó como observadora de las elecciones presidenciales de México el 2 de junio último, cuestionó al pasado gobierno de Andrés Manuel López Obrador por haber coartado las funciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Poder Judicial.
“A lo largo de su mandato, el gobierno actuó de tal forma que produjo el efecto de limitar el papel de las instituciones autónomas del país, incluidas las competencias y el presupuesto de la autoridad electoral y el Poder Judicial”, afirmó la MEE en su reporte final.
De la misma forma el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha emitido una declaración institucional en la que expresa su preocupación ante la aprobación de la reforma del Poder Judicial en México. El ICAM se unió así, a las críticas y advertencias emitidas por diversas instituciones de la abogacía y la judicatura mexicanas, entre ellas el Consejo General de la Abogacía Mexicana, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa.
Otras organizaciones internacionales como la International Bar Association (IBA), la Union International des Avocats (UIA), el New York City Bar Association, y la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, han expresado preocupaciones similares.
Además, se suma el informe publicado el pasado mes de mayo por la Facultad de Derecho de Stanford y el Programa sobre Estado de Derecho del Diálogo Interamericano, que concluye que la reforma representa una amenaza significativa a la independencia judicial en México.
La primera presidenta de México, tiene la gran oportunidad de enderezar una mala historia y recomponer en base a la ley, la fractura al Estado de Derecho que vive el país que gobernará los próximos seis años.
X: @monicamarena
