Mientras en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado la clase gobernante morenista “dialogaba” consigo misma para refrendar su apoyo al desmantelamiento del Poder Judicial de la Federación, en las calles trabajadores dijeron “no al golpe de Estado” que se maquina.
En unos “Diálogos Nacionales para la Reforma del Poder Judicial” en los que se hace oídos sordos a las voces que piden defender la autonomía judicial, representantes de los tres Poderes de Veracruz, junto con legisladores federales del régimen, se reunieron para defender la reforma judicial obradorista.
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez, acompañado de la gobernadora electa Rocío Nahle, se regodeó en que “las propuestas a diputaciones federales y senadurías de Veracruz, hoy electas y también a favor (del llamado plan C), alcanzaron el 60 por ciento de las preferencias contra el escaso 28 de sus detractores”.
“Hay, pues, una legitimidad y un mandato popular para llevar a cabo la reforma; quien no lo quiera ver así de claro quedará marginado y desdeñado por la historia. El pueblo sí supo modificar esta situación y ejerció el otro poder, el de su voto, el de la organización y su masiva expresión en las urnas dejando un claro y contundente mensaje: el plan C va», arguyó Cuitláhuac García.
En paralelo, trabajadores del Poder Judicial Federal se manifestaron frente a las instalaciones del Poder Judicial del Estado de Veracruz, donde expresaron su oposición a la reforma y exigieron una justicia imparcial, ajena a influencias políticas.
Con consignas como “no al golpe de Estado”, “el Poder Judicial de la Federación no es la Fiscalía ni la policía”, “la impartición de justicia requiere conocimiento de la ley, no popularidad”, y “salvemos la carrera judicial”, los trabajadores alzaron la voz para defender también sus derechos laborales, en peligro con la reforma que se pretende aprobar en septiembre.
“En el Poder Judicial federal, esencialmente, se resuelven juicios contra el gobierno, no contra las personas. Por ello, el federal suele ser el más incómodo para el Ejecutivo y el Legislativo”, sostuvieron.
