Por Aurelio Contreras Barrales
Los comicios próximos del 2 de junio serán de suma importancia para el futuro de nuestro país. No solo porque se renovará la Presidencia de la República, máxima investidura política en México, sino que también se renovará, entre otros cargos, el Congreso de la Unión, que comprende la Cámara de Diputados y el Senado de la República.
Es en este Poder Legislativo donde se toman una gran parte de las decisiones más relevantes del devenir del país y donde se eligen otro tipo de autoridades que no están supeditadas al designio popular, como son los integrantes de otro Poder, el Judicial, aquel que se encuentra encargado de la impartición de justicia y de la resolución de controversias que contradicen a la ley suprema, la Constitución.
Es precisamente con esta institución, poder autónomo, con la cual el actual gobierno, encabezado por el todavía presidente Andrés Manuel López Obrador, ha tenido mayores roces en su intento por cooptarlo y convertirlo en un apéndice del régimen morenista.
Desde el inicio de su sexenio, López Obrador inició una campaña política con dicha pretensión y la principal exigencia de sus huestes era que el Poder Legislativo realizara las reformas constitucionales necesarias para la elección por la vía democrática de los integrantes de la Suprema Corte, tal y como se hacía en el ya superado régimen decimonónico.
Sin embargo, las circunstancias políticas, jurídicas y sociales han cambiado desde aquella época –por ejemplo, expresidentes de la Corte de la talla de Benito Juárez, Jesús González Ortega, Sebastián Lerdo de Tejada, José María Iglesias e Ignacio Luis Vallarta fueron electos bajo el modelo democrático decimonónico, es decir, a través del voto popular indirecto– y los tiempos actuales en nada favorecen realmente a que la justicia sea partidizada, ya que ésta no solo se sometería a la voluntad del cada vez más ambicioso y autoritario Poder Ejecutivo –como sucedió con el Poder Legislativo– , sino que sería botín para los intereses de los grupos criminales que extienden sus tentáculos imponiendo autoridades electas bajo voto popular.
Hoy en día, Morena y su candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, encabezan una activa y cínica campaña político-electoral conocida como “Plan C”, la cual consiste en llamar al voto masivo para la coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena-PT-PVEM) o los candidatos que por separado presenten para el Congreso de la Unión (Cámara de Diputados y Senado de la República, respectivamente), para que así logren la mayoría calificada que les permitiría realizar un paquete de reformas encaminadas a terminar de centralizar el poder en manos del Ejecutivo y así allanar el camino para reestablecer un régimen de partido único.
Entre dichas iniciativas se encuentra la posible reforma constitucional para entregarle el Poder Judicial a los intereses de los partidos políticos y que de esta manera terminen por desaparecer los contrapesos a las arbitrariedades del Ejecutivo. Y es por ello que en distintas entidades han postulado candidaturas por separado a cargos legislativos, con el afán de fragmentar el voto.
Tal es su ambición de lograr la mayoría legislativa que poco les interesa postular a personajes impresentables, como el exgobernador priista de Tamaulipas y exresidente del penal de Tenango del Valle por nexos con el narcotráfico, Eugenio Hernández Flores, hoy candidato al Senado por el PVEM. Con el simple hecho de que cuenten con arrastre territorial suficiente que les permita engrosar las filas parlamentarias del oficialismo, es suficiente para nominarlos como aspirantes al fuero.
Si bien es totalmente necesaria una reforma al método de selección de integrantes del Poder Judicial, ya que la actual disposición fue resultado de una modificación constitucional hecha durante el gobierno de Álvaro Obregón –hace poco más de 100 años– en el afán del general sonorense por centralizar lo más posible el poder en sus manos, la vía no es entregarle la máxima institución de impartición de justicia al ruedo electorero.
Por lo tanto, estimados lectores, los llamo a que durante estos días de veda electoral reflexionen su voto y que al momento de emitirlo se ponga siempre por delante la estabilidad nacional y la vigencia de nuestros derechos y libertades que como ciudadanos y seres humanos ejercemos, ya que un Ejecutivo empoderado no es buen guardián de estas garantías populares y un oficialismo unipersonal con tendencias hegemónicas como el actual, pondrá por delante la voluntad de su soberano antes que pensar en el bien común.
