Por Juan Antonio Nemi Dib
Con afecto para Alfredo Bielma Villanueva,
decano de la Ciencia Política, que me
hizo recordar a Catilina y Cicerón.
Uno sólo puede ser idéntico a sí mismo. Lo sabe la filosofía, lo sabe la biología. La igualdad no es lo mismo que la identidad. Aunque diariamente usamos el “somos iguales” en sentido de equiparables, de “muy parecidos”, similares y hasta análogos, está demostrado que nadie es exactamente igual a otro, por más semejanzas que nos encontremos. Sin embargo, el de “igualdad” es un concepto inevitable en la vida cotidiana, especialmente en el ámbito de lo legal y, sobre todo, es la esencia conceptual de los sistemas democráticos de organización de las sociedades modernas.
Si la igualdad jurídica no existiera, sería imposible una organización social en la que todas las personas expresan libremente su opinión y ejercen su voluntad individual, entre otros muchos derechos irrenunciables. La esencia de este concepto (igualdad jurídica) es que, en una comunidad de iguales, el voto de un ciudadano vale exactamente lo mismo que el sufragio de otro, independientemente de su patrimonio personal, de sus características físicas, de su prestigio, de sus creencias, de sus conocimientos, de su nivel académico e incluso de la [des]información con la que cuente cada uno al decidir y al usar su potestad de escoger a quien le gobierne, pero también al gozar sin límites las prerrogativas que tienen todos los integrantes de esa comunidad.
Algunos piensan que la democracia representativa, en la que presuntamente todos somos jurídicamente iguales y valemos lo mismo, ciertamente es un modelo que se basa en la elección de aquéllos que alcanzan el mejor resultado electoral, pero es un sistema de suyo deficiente e inequitativo, entre otras cosas, porque el “sentido democrático” se agota en el momento mismo en que la boleta se deposita en la urna. Otros cuestionan la capacidad de los modelos basados en la elección de unos cuantos “notables” para representar los intereses de todos los ciudadanos, el frecuente incumplimiento de las plataformas y compromisos y el cambio de identidad y de actitud de quienes triunfan en los comicios.
En 1835, Alexis de Tocqueville, un joven francés impresionado por las bondades que encontró en la organización política de los Estados Unidos de América, publicó la primera parte de un conocido libro (“De la démocratie en Amérique”), allí afirmaba que el sistema de elección democrática de las autoridades es el sistema más adecuado para el gobierno de una sociedad pacífica, porque a su parecer, favorece el desarrollo, protege los derechos de todos y, de manera muy especial, la libertad.
Sin embargo, Tocqueville también destacó los peligros de la tiranía de la mayoría, en grave perjuicio de las minorías, el riesgo de la mediocridad y el hecho de que aún las mejores organizaciones democráticas son incapaces de satisfacer la obsesión por la plena igualdad.
Pero por encima de todos los argumentos contra el concepto de igualdad jurídica, la crítica más dura -pero muy certera— aparece en un ensayo de Karl Marx (“Zur Judenfrage”, Sobre la cuestión judía). Este abogado/filósofo/economista y primer teórico de la lucha de clases y el comunismo, afirmaba que es un gran absurdo pretender que las personas sean jurídicamente iguales bajo un régimen de explotación en el que unos pocos se apoderan del trabajo de muchos, y por ende, éstos son económica y socialmente desiguales.
Con la llegada del modelo socialdemócrata y el estado de bienestar, la desigualdad y las condiciones desventajosas para la mayoría se redujeron en forma significativa; la pobreza disminuyó mucho y en general se elevaron sustancialmente los niveles de vida. Gracias a ello, los sistemas organizados sobre la base de elecciones libres y competitivas alcanzaron su mayor auge. Después de la Segunda Guerra Mundial, las naciones organizadas bajo principios electorales democráticos, ya republicanos, ya parlamentarios, se colocaron pronto a la vanguardia en el crecimiento económico, en el aumento del bienestar, consiguiendo la reducción notoria -en algunos casos, la erradicación— de la indigencia, y el progreso generalizado ciencia, de la cultura, la infraestructura, la salud, la educación, la recreación y el tiempo libre, además de las infraestructuras, la vivienda, etc..
Así se consolidó el “Bloque Occidental” que habría de enfrentar a los países de socialismo real agrupados en torno al “Pacto de Varsovia” en el mundo bipolar de la Guerra Fría. Poco después, la caída del Muro de Berlín parecería la consolidación definitiva de un modelo de organización política y económica eficaz, que algún famoso teórico definió como “el fin de la historia”, por supuesto, con EUA al frente de la civilización.
Pero nada es para siempre. El auge actual de los gobiernos populistas, muchos de ellos de corte autocrático y hasta dictatorial, y notorios estudios sociológicos contemporáneos, destacan el creciente descontento de la población de numerosos países del mundo, incluyendo la de las naciones más desarrolladas. La pérdida de calidad de vida, la reducción drástica de los mecanismos de protección social antaño ofrecidos por el estado de bienestar, la precariedad salarial, la concentración de capitales monopólicos, la crisis generalizada de los sistemas de pensiones, el incremento de la delincuencia y la violencia en general, los conflictos bélicos regionales, las nuevas guerras comerciales, la automatización, la destrucción de empleos tradicionales y el desplazamiento de mano de obra, así como la falta de expectativas y posibilidades para las nuevas generaciones, se enuncian como algunos de los factores de esta “frustración democrática” que convierte a electores antaño liberales, en personas dispuestas a renunciar a una buena cantidad de sus libertades a cambio de la añorada certidumbre que supuestamente ofrecen los gobernantes de corte totalitario.
Pero el problema es más grave: estamos viviendo la era del endiosamiento del individuo, la deificación de la persona como el eje de todo; más allá de la muerte de Dios preconizada por Nietzsche, se coloca al sujeto individual en el centro de todo, por encima de la sociedad a la que pertenece y sin la cual, sería imposible el ejercicio de esos derechos que se exigen, e incluso, sería inviable la propia sobrevivencia del individuo. Gran contrasentido. Sin sociedad ni normas universales, no habrá garantías ni libertad que proteger.
El resultado son generaciones de terrícolas que exigen sus derechos a rabiar, pero incumplen y hasta desconocen sus obligaciones y deberes más básicos para con su comunidad, son generaciones orientadas al disfrute instantáneo, llegando al extremo de la saciedad fútil, la aburrición endémica, el consumismo desenfrenado, la devastación ambiental, la dependencia de los antidepresivos y las drogas prohibidas, las rupturas relacionales y los vínculos personales y familiares desechables, incluyendo la frustrante soledad de la senectud, el egoísmo superlativo, comunidades carentes de empatía, deliberadamente ciegas frente al sufrimiento ajeno y, paradójicamente, intolerancia y desprecio para los otros, para los diferentes, para los que desagradan; la fragilidad y el cambio constantes que bien describe Bauman en su concepto de sociedad líquida, el principio físico de la incertidumbre de Heisenberg llevado a la gente.
Y eso sin hablar de la infodemia, la conversión del interés público en objeto de mera mercadotecnia y publicidad, la sofisticada manipulación de la opinión pública, mayor que nunca gracias al impacto de las redes sociales y, ahora, al uso de la inteligencia artificial, para aupar o destruir a conveniencia; por no insistir en una realidad vertiginosa que caduca su propia historia al mismo tiempo que la produce, lo que necesariamente lleva al desencanto, al rechazo, al desinterés y al franco abandono de la cosa pública. Y no es menor, tampoco, que dos mil de los ocho mil millones de habitantes del planeta vivan por debajo del umbral de la pobreza.
En este escenario, ¿es realmente posible una democracia de iguales?
Fue Cicerón quien propuso que el concepto de igualdad debía atender, esencialmente, al principio de justicia, es decir, a un recto actuar de todos, individuos y gobernantes, un recto actuar que de manera natural tienda al beneficio para todos, un actuar sustentado en un derecho común que asuma la recta ratio (la razón correcta) y así se conduzca. La historia muestra ejemplos de sociedades capaces de cumplir con sus normas de manera voluntaria y proactiva en beneficio de todos sus miembros, prácticamente sin infracciones, en las que las excepciones son anomias, y no lo general. La recta ratio no es utopía, no lo es si realmente sirve sin exclusiones y si todos la cumplen haciendo su parte.
Rousseau sostiene que las sociedades organizadas deben partir de la VOLUNTAD GENERAL como un mecanismo eficaz para garantizar que las cosas se orienten al interés general o, en sus términos, al ‘bien común’. La voluntad general no es la suma de las voluntades de cada uno, es mucho más que eso. Afirma el ginebrino: “Hay… gran diferencia entre la voluntad de todos y la voluntad general; ésta se refiere sólo al interés común, la otra al interés privado, y no es más que una suma de voluntades particulares: pero quitad de esas mismas voluntades los más y los menos que se destruyen entre sí, y queda como suma de las diferencias de la voluntad general”.
Creo en Cicerón y creo en Rousseau. Estoy con John Rawls y su convicción a favor de la sociedad como un sistema equitativo de cooperación entre todos. Por más diferentes que los humanos seamos, podemos coincidir todos en la defensa de la libertad, de la vida, el patrimonio lícito, la integridad y la dignidad de los demás y de nosotros mismos, podemos coincidir en una economía libre pero justa, remuneradora y con oportunidades para todos podemos defender la creatividad y la iniciativa. Por más ajenas que sean nuestras posiciones políticas, podemos convenir contra la explotación, contra el mal uso del poder público, contra la esclavitud en todas sus formas, la segregación, los privilegios, la desigualdad social artificialmente creada; podemos coincidir contra la intolerancia, podemos ir juntos en la protección de los bienes comunes, fundamentalmente los recursos naturales, y su adecuada transferencia a las próximas generaciones, podemos luchar juntos contra la pobreza, contra la delincuencia, recuperar la solidaridad y el sentido de inclusión y pertenencia social, podemos vivir con respeto a las diferencias y en una sociedad que haga de la igualdad jurídica una realidad justa y buena para todos, en una vida plena también para todos.
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