Los 50 diputados locales del Congreso de Veracruz fueron denunciados penalmente ante la Fiscalía Anticorrupción por 10 ex trabajadores que fueron despedidos injustificadamente en 2017 y a quienes el Poder Legislativo se niega a reinstalar, a pesar de haber ganado un laudo laboral.
El abogado Juan José Llanes Gil del Ángel informó además que se presentó una queja en contra de los legisladores locales ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
En conferencia de prensa, Juan José Llanes Gil expuso que demandaron la reinstalación, el pago de salarios caídos y otras prestaciones ante el Tribunal de Justicia y Arbitraje, que radicó el juicio 1175/2017-5.
El 12 de agosto de 2022 se dictó un laudo a favor de los trabajadores y se ordenó a la Legislatura a reinstalarlos y pagarles los salarios caídos; el 8 de septiembre de 2023, los trabajadores se presentaron en el palacio legislativo local para solicitar su reinstalación pero les fue negado el acceso, a pesar de que acudió un actuario del Poder Judicial.
El 31 de octubre de ese mismo año, los ex trabajadores regresaron con una nueva orden del juez para ser reinstalados y nuevamente se negaron a reubicarlos, ante lo cual el Poder Judicial emitió un apercibimiento a la LXVI Legislatura para dejar entrar a los trabajadores y su personal y notificó al Congreso directamente, por lo que se les dejó pasar a las instalaciones, pero no se les reinstaló.
Por tercera ocasión, el Tribunal Superior de Justicia del Estado ordenó la reinstalación de los trabajadores el 7 de mayo pasado, pero tampoco fueron reinstalados. Los afectados abordaron a al presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, quien se negó a atenderles, ya que estaba llevándose a cabo la celebración del Día de las Madres del Congreso local.
Gómez Cazarín los envió al área jurídica del Congreso, donde les dijeron que después de las elecciones analizarán si se atiende o no el laudo laboral.
Ante las reiteradas omisiones, el abogado Juan José Llanes explicó que existe la negativa del Congreso para atender la resolución del juez, lo cual representa un delito y una violación a los derechos humanos de los ex trabajadores, que presentaron una queja ante la CEDH por el desacato y la violación a su derecho al acceso a la justicia, a un buen gobierno y al trabajo.
Asimismo, acudieron ante la Fiscalía Anticorrupción, toda vez que al no acatar la sentencia, los diputados locales incurren en el delito de incumplimiento de un deber legal, detalló Juan José Llanes.
“Denunciamos a los 50 diputados del Congreso de Veracruz. Esperamos que tanto la Comisión de Derechos Humanos y la Fiscalía desplieguen las investigaciones de manera pronta e imparcial”, aseveró el abogado laboral.
Llanes lamentó que en Veracruz el sistema judicial este colapsando y que ante los reiterados desacatos, se tenga que recurrir a otras instancias para obligar a servidores públicos o representantes populares, mismos que juraron cumplir y hacer cumplir la ley, a cumplir una instrucción.
Destacó que el próximo 4 de noviembre los diputados locales pierden el fuero y en algún momento, la Fiscalía tendrá que consolidar las investigaciones y actuar en consecuencia.
