Por Darío Fritz
La frase es tan reiterativa como añeja. Desde que la popularizara José Alfredo Jiménez hace siete décadas y Pedro Infante la llevara al cine, “la vida no vale nada” es el lugar común cuando las defensas bajan, pero también la imagen que sintetiza un mundo de fragilidades policiales y judiciales. Al cierre de la pasada semana, a 25 hombres y mujeres que habían emprendido una esperanza personal y colectiva de asumir cargos públicos en las próximas elecciones mexicanas de junio les han arrancado la vida en crímenes que pasan por emboscadas, disparos directos o puñaladas. La laceración final de una esperanza.
No es algo nuevo, como tampoco aquella frase sobre corazones rotos y futuro marchito. De 2006 a 2012 se contabilizaron 311 ataques a autoridades electas, personas funcionarias, candidatas y militantes de partidos políticos, en tanto para el periodo 2018-2023 fueron 836, de acuerdo con un estudio de Data Cívica y México Evalúa. La escalada es tres veces mayor y nadie se anima a decir que vaya a descender. El analista en seguridad, Eduardo Guerrero, ha advertido en W Radio que mayo puede llegar a ser muy duro: el mes previo al escrutinio suele registrar alrededor del 50 por ciento de los casos de violencia electoral, en tanto que por el terror que generan estos ataques de 2,000 a 3,000 candidaturas locales preferirían renunciar a continuar con la espada de Damocles del asesinato pendiente sobre sus cabezas.
Tan solo hace cuatro meses, a inicios de enero, la Consultora Etellekt contabilizaba 65 ediles asesinados en el presente sexenio (20 alcaldes, 33 regidores y 12 síndicos), una incidencia 35 por ciento mayor a la registrada durante el sexenio de Felipe Calderón. Los números, que siempre permiten explicar, confirman en un estudio de Laboratorio Electoral 151 ataques en el actual proceso electoral contabilizado desde 2023 hasta el 31 de marzo pasado -51 asesinatos de aspirantes, 9 secuestros, 22 atentados y 75 amenazas. Para las autoridades, en su conteo hay ocho casos que han quedado afuera (dos activistas trans, tres exalcaldes, dos exregidores y un exdirigente priista), advierten Data Cívica y México Evalúa.
La impunidad, también añeja, que trasvasa los cuatro puntos cardinales del país, sin distinción de sectores sociales, ni siquiera el influyentismo de la política, en 95.7 por ciento de casos de 2.2 millones de carpetas de investigación de 2022 estudiadas por México Evalúa, la FGR no lograba convencer a los jueces de la vinculación a proceso de los acusados. Eran datos similares a 2021.
¿Quién asesina? Las acusaciones más escuchadas se dirigen a esa gelatinosa identificación denominada crimen organizado. Que lo es todo o nada. Académicos del Colmex, concluyeron en “Urnas y tumbas” que en las elecciones de 2021 de 32 crímenes, en 11 casos se responsabilizaba al crimen organizado, 11 otros políticos y en seis no había claridad sobre cuál de estos dos grupos estaba detrás. En cuatro casos se indicaron “razones personales”.
Las consecuencias para los lugares con estos registros de violencia -Guerrero, Michoacán, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Veracruz y Estado de México-, se precisan en “Votar entre balas”: los funcionarios de casilla desisten, menor participación electoral y mayor violencia en años posteriores. La vida no debería acabar llorando, como se resigna José Alfredo Jiménez. Y un lugar sin justicia, ni leyes, ni nada, ya sabemos a quiénes les apetece.
@DaríoFritz
