El nuevo proyecto de normativa para la universidad no representa un cambio sustantivo en el diseño institucional
Por Miguel Casillas
Como si los tiempos políticos estuvieran apacibles, como si el Congreso de Veracruz tuviera una composición proclive a la Universidad, como si hubiera un pacto de caballeros entre el rector y el gobernador, como si ya el gobierno hubiera entregado todo el subsidio, en la Universidad Veracruzana sus autoridades insisten en definir un nuevo proyecto de Ley Orgánica y en colocar a la Universidad en una situación de riesgo. De manera obcecada insisten una y otra vez en imponerle a la Universidad una agenda política de resultados inciertos: no hay certeza de tener una correlación de fuerzas a favor de la Universidad en el Congreso, ni sobre la disposición de Morena para avalar el proyecto de la Universidad; al interior tampoco hay una fuerza o un movimiento universitario que encabece la propuesta, las autoridades no gozan de la legitimidad suficiente entre la comunidad, han tenido serios problemas con los estudiantes y han sido incapaces de defender el presupuesto. Frente a este escenario de incertidumbre, el poeta preguntaría: ¿pero qué necesidad, para qué tanto problema?
Lo peor es que el nuevo proyecto de Ley Orgánica es profundamente demagógico, pues no propone ni un cambio organizacional, ni cambios a las formas de gobierno, ni fomenta la descentralización y el fortalecimiento de las regiones, ni propone una universidad más democrática. Es una Ley que consolida el statu quo, que refrenda la vieja universidad del gobierno autoritario y estructura centralista.
Desafiando toda técnica jurídica, es la Ley de los adjetivos. Sin mayor explicación la Universidad se orientará hacia la excelencia académica para coadyuvar en la construcción de una sociedad más justa, igualitaria, sustentable, incluyente y respetuosa de los derechos humanos. Determinará su oferta académica bajo criterios de responsabilidad social, pertinencia, excelencia, equidad, igualdad sustantiva, inclusión, interculturalidad, sustentabilidad y acción climática, con las necesidades nacionales, regionales, estatales, locales y las tendencias del contexto internacional. Fomentará en el proceso de formación integral del estudiante, valores, actitudes, conocimientos y saberes orientados a la cultura de la paz y la resolución pacífica de los conflictos, así como la promoción de la igualdad, justicia, solidaridad, interculturalidad y legalidad, en un contexto de reconocimiento de la dignidad de las personas y de sus derechos humanos. Fomentará en los integrantes de la comunidad universitaria una actitud crítica, creativa, humanista y científica, así como solidaria, emprendedora y participativa. Promoverá acciones para la revalorización de los saberes y la equidad epistémica de los pueblos originarios y afrodescendientes. Fomentará la salud integral y la creación de estilos de vida saludables en la comunidad universitaria. Impulsará espacios libres de discriminación y de todo tipo y modalidad de violencia, así como garantizar que las actividades universitarias se realicen con respeto y en ambientes seguros. Y se implementarán mecanismos alternos para la resolución de conflictos con un enfoque integral, que garantice la no repetición, erradique la violencia en el entorno universitario y fomente una cultura de paz. Puro rollo.
Hay cosas absurdas que se habrían de eliminar como improcedentes, como la fracción IV del artículo 4 que dice “Transitar de forma progresiva hacia la gratuidad de la educación superior formal que imparte, de acuerdo con el presupuesto asignado para tal efecto”; pues se trata de un documento legislativo mayor no sujeto a coyunturas y porque es absurdo renunciar a la innovación como vía para el crecimiento de la Universidad en un contexto de gratuidad para todos los estudiantes.
El Artículo 8 es una aberración, pues delimita con toda precisión en la Ley que quiénes integran el Consejo Universitario General son las autoridades universitarias, pero deja indefinida y sujeta a una legislación secundaria la participación de los representantes de la comunidad, de los profesores y los estudiantes. Insólito: la burocracia se asegura su lugar en el Consejo Universitario y deja en la incertidumbre a los integrantes de la comunidad.
En el Artículo 12. Se les olvidó que los integrantes de la Junta de Gobierno deben ser académicos. La propuesta dice: “La Junta de Gobierno estará conformada por nueve personas elegidas por el Consejo Universitario General, de las cuales cuatro serán externas y cinco integrantes de la Universidad”. Así se abre la puerta para que en la Junta de Gobierno participe cualquier persona, los empresarios, los líderes políticos o religiosos que sean santo de la devoción de las autoridades.
Los artículos 18 y 23 vienen a consagrar la expansión burocrática generada en la gestión de Sara Ladrón de Guevara y a convalidar una nueva Secretaría de Desarrollo Institucional, no solamente inútil, sino costosa, redundante y contraria a las exigencias de eficacia y buen ejercicio de los recursos.
El nuevo proyecto de Ley Orgánica para la Universidad Veracruzana no representa un cambio sustantivo en el diseño institucional ni en el gobierno de la Universidad; no hay avances ni modificaciones que apunten hacia una universidad más eficiente, más democrática, de mayor calidad educativa. Sus redactores suponen que atascando la Ley con adjetivos se avanzará en el sentido que apunta la Ley general de educación y nos quieren vender su reforma como la adecuación que está exigiendo la SEP. La obcecación de las autoridades por imponer su propuesta de Ley, genera muchas tensiones en la Universidad y en sus órganos colegiados, distrae la opinión respecto a lo verdaderamente importante: el proyecto académico de la Universidad.
Los rasgos predominantes del proyecto de Ley Orgánica que impulsan las autoridades de la UV son una visión juridicista, la renuncia al cambio democrático, el desprecio a la descentralización y al fortalecimiento académico de las regiones, la falta de un sentido de ahorro y austeridad republicana que inspiren la desburocratización, la falta de un proyecto académico comprometido con la excelencia. De modo irresponsable, sin cálculo sobre el riesgo político en que colocan a la Universidad, son capaces de meter a la Universidad a la vorágine de las campañas y de exponer el proyecto académico institucional a la dinámica de la política y sus partidos en disputa.
