Ante los múltiples cuestionamientos y críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de un reportaje del periodista Tim Golden, en el que se da a conocer un presunto financiamiento del Cártel de Sinaloa a su primera campaña presidencial, ProPublica, medio en el que se publicó la investigación, finalmente respondió al líder del Ejecutivo.
Durante la madrugada de este 9 de febrero, Stephen Engelberg, editor en jefe del medio independiente estadounidense, publicó un artículo en donde aclaró algunas de las preguntas que López Obrador realizó desde el estrado de Palacio Nacional.
Entre los datos presentados por el también ex colaborador de The New York Times destaca que, según dio a conocer, Golden solicitó una entrevista con el líder del Ejecutivo para incluir su versión de los hechos en el reportaje, pero no obtuvieron una respuesta positiva.
En esa línea, indicó que Jesús Ramírez Cuevas, titular de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República, tuvo conocimiento de la investigación que estaba por publicar.
“(Golden) hizo grandes esfuerzos para incluir las opiniones de López Obrador antes de que se publicara el artículo. Nos comunicamos con el portavoz principal del presidente más de una semana antes de la publicación y le proporcionamos un resumen detallado de los hallazgos de la historia junto con una serie de preguntas. Después de numerosas solicitudes, el portavoz prometió una respuesta, pero nunca la recibimos”, señaló Engelberg.
Engelberg expuso que «nuestro reportaje, que se basó en entrevistas con funcionarios actuales y antiguos y la revisión de documentos oficiales, reveló la existencia de una investigación previamente secreta de la DEA sobre las supuestas donaciones a la primera campaña presidencial de López Obrador en 2006 por narcotraficantes trabajando con el llamado Cártel de Sinaloa».
«El caso comenzó cuando un abogado mexicano del narcotráfico que estaba trabajando como informante de la DEA les informó en 2010 que había participado en la reunión en la cual las donaciones fueron negociadas, según funcionarios. Dijo que le dio la mayor parte de los fondos a un operador de la campaña de 2006 de López Obrador, Mauricio Soto Caballero. El informante entonces animó a Soto a que entrara en un negocio de cocaína de poca monta. Agentes de la DEA lo detuvieron en McAllen, Texas, y Soto aceptó trabajar de forma encubierta para los americanos para evitar la prisión federal.
«Al final, Soto y otros tres testigos adicionales confirmaron a la DEA las declaraciones del abogado del narcotráfico, según funcionarios. Para reunir más pruebas para un posible caso de corrupción, la DEA mandó a Soto a grabar secretamente dos conversaciones con el hombre a quien dijo haber dado la mayor parte del dinero de los narcotraficantes, Nicolas Mollinedo Bastar, uno de los hombres más cercanos de López Obrador.
«Fiscales del Departamento de Justicia revisaron las grabaciones y concluyeron que eran incriminatorias pero no decisivas, según gente conocedora del caso. Agentes de la DEA quisieron proceder con un operativo encubierto más elaborado dentro de México, pero los funcionarios de Justicia rechazaron ese plan a finales del 2011, en parte por temor a que incluso un proceso legal exitoso realizado en los Estados Unidos podría ser visto por los mexicanos como una injerencia estadounidense intolerable en su política. «El caso se cerró, y a nuestro entender, los investigadores estadounidenses no procedieron con ninguna otra investigación de posibles vínculos con narcotraficantes de López Obrador o su entorno cercano», explicó el editor de ProPublica.
Aseveró que «la táctica de atacar a los reporteros que revelan verdades incómodas es tan vieja como la democracia misma. Pero el auge de los medios sociales ha elevado el poder de los ataques contra los periodistas a nuevas alturas. Los políticos como López Obrador ahora pueden usar sus plataformas para decir lo que quieren de un reportero y después dar un paso atrás mientras ejércitos de bots y amigos amplifican el mensaje a través de Internet».
«Esta experiencia puede ser difícil para los reporteros estadounidenses. Pero es un asunto mortalmente serio en México, donde se mata con impunidad a los periodistas que investigan el crimen organizado y la corrupción oficial. Según el Committee to Protect Journalists (El Comité para Proteger a Periodistas), más de 100 reporteros, editores y fotógrafos mexicanos han sido asesinados tan solo desde 2010. Los 13 asesinados en 2022 representan una cifra histórica», puntualizó.
«Esperamos que el Presidente López Obrador nos conceda una entrevista, pero de todas maneras continuaremos escribiendo sobre la corrupción mexicana y la política de Estados Unidos en torno a ella», concluyó Stephen Engelberg.
