En lo que va de la presente administración estatal, la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Veracruz han otorgado contratos por 780 millones de pesos para el suministro de productos alimenticios y utensilios para el servicio de alimentación de cadetes, personal operativo y personas privadas de su libertad, a una empresa que hace tres años se dedicaba al ramo de la construcción, cuestionó el diputado local Marlon Ramírez Marín a Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, titular de la dependencia.
Durante la comparecencia del Secretario ante los diputados integrantes de la Comisión Permanente de Seguridad Pública, el diputado detalló que la empresa llamada Administradora de Empresas del Golfo SA de CV, de acuerdo con la información obtenida por una solicitud que consta en el Registro Público del Comercio, originalmente se dedicaba a la construcción, y en el 2020 modificó su objeto social; asimismo, de acuerdo con el Portal de Transparencia, su representante legal Guadalupe Reyes Montero, recibe un programa emergente de vivienda que le entregaron en el 2022.
“Como integrante de esta LXVI Legislatura tengo una responsabilidad y me niego a creer que en siete mil proveedores, de acuerdo a la última actualización que tengo del padrón de la Secretaría de Finanzas y Planeación, hayan tenido que contratar a lo que era una constructora para darle el servicio de alimentación, después de que modificó su objeto social y que además su representante legal sea beneficiario de un programa social”, señaló.
Al puntualizar que el gobierno estatal ha pagado en este rubro tres mil 429 millones de pesos en este sexenio, Marlon Ramírez Marín acusó que igual que el año anterior, con el caso de la maestra Araly Rodríguez, en el que propio Gobernador ofreció hacer una investigación y sigue pendiente, “hoy volvemos a caer en una circunstancia parecida, ahora no es un maestro, pero sí una persona que recibe contratos por muchos millones”.
“No alcanzo a entender como en su dependencia una maestra, Araly Rodríguez, que recibía siete mil pesos de salario mensual en la Secretaría de Educación, le entregaron contratos por uniformes por 60 millones de pesos, y ahora un beneficiario de un programa de vivienda es el representante legal de una empresa que originalmente era constructora. ¿Secretario, está usted enterado de lo que está haciendo su dependencia en el gasto?”, le inquirió.
Al responder, el titular de la SSP admitió que Administradora de Empresas del Golfo SA de CV es una de las empresas proveedoras, justificó una adjudicación directa por motivos de seguridad amparada en la ley, e intentó argumentar que se trataba de un error; y finalmente se comprometió a entregar la información desglosada en un término de 48 horas. Sin embargo, Ramírez Marín aclaró que no hay error e invitó al funcionario a contrastar los datos con los que cuenta y que tienen respaldo en documentos oficiales.
Durante la comparecencia, el Legislador también cuestionó al titular de la SSP, respecto a cuántos elementos de la dependencia a su cargo están asignados en funciones de ayudantía a funcionarios y secretarios, pregunta que no respondió el funcionario estatal.
