Margaret Satterthwaite, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados por el Consejo de Derechos Humanos, advirtió su preocupación por la violación a la autonomía del Poder Judicial de Veracruz en una carta enviada al Gobierno de México.
Tras analizar el caso de la detención y liberación de la jueza Angélica Sánchez, fue enfática al afirmar su preocupación ante hechos «que, de ser ciertos, revelarían la violación de las normas internacionales relativas a la independencia del Poder Judicial contenidas en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y precisadas en la Observación General 32 del Comité de Derechos Humanos».
Precisó que de manera particular su preocupación es que la jueza Angélica Sánchez haya sido detenida sin orden de detención y que dicha detención podría constituir una desaparición forzada de corta duración.
«La información recibida que describiría un patrón de represalias en contra de la Jueza Sánchez por el contenido de una decisión. En particular, me preocupa que la Jueza haya sido detenida sin orden de detención y que dicha detención podría constituir una desaparición forzada de corta duración. Asimismo, veo con suma preocupación las faltas al debido proceso descritas en el caso que sigue la Fiscalía de Veracruz contra la Jueza, y las declaraciones públicas que se han hecho al respecto», sentenció Margaret Satterthwaite.
En la carta que Margaret Satterthwaite hizo pública este lunes 4 de septiembre, pero que envió al gobierno mexicano desde el pasado 5 de julio, menciona el hostigamiento, gritos y amenazas que hizo la magistrada presidenta del Poder Judicial de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez, en contra de la jueza Angélica Sánchez por haber tomado la decisión de poner en libertad a un procesado ante el amparo ordenado por el juez federal.
«La información indica que la presidenta habría cuestionado a la jueza sobre el sentido de su fallo y al recibir la repuesta, le habría llamado por misma aplicación y gritado ‘¿En qué momento me consultaste sobre lo que ibas a resolver, cuándo informaste, sí sabes que este es un asunto de Alto Impacto?” y ante la repuesta de la Jueza le había dicho: “Entonces atente a las consecuencias”.
La relatora especial de la ONU señaló que un principio fundamental de la independencia judicial, es que los jueces no deben estar sujetos a acciones penales o disciplinarias basadas en el contenido de sus decisiones.
«La información indica que los Jueces en Veracruz tendrían la instrucción de notificar a sus superiores cuando van a resolver algún asunto que se considera relevante, además cuando son asuntos de relevancia, recibirían llamadas o mensajes desde la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia donde se instruiría el sentido en el que deben resolver», destacó.
Resaltó que los jueces de control son parte integral de la administración de la justicia «y me preocupa el efecto amedrentador que este precedente puede significar para otros jueces en el país».
Instó al gobierno de México a que «adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de la persona mencionada e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas. Quisiera asimismo instarle a que tome las medidas efectivas para evitar que tales hechos, de haber ocurrido, se repitan».
Margaret Satterthwaite pidió recibir una repuesta en un plazo de 60 días y adelantó que «transcurrido este plazo, esta comunicación y toda respuesta recibida del Gobierno de su Excelencia se harán públicas a través del sitio web de informes de comunicaciones. También estarán disponibles posteriormente en el informe habitual que se presentará al Consejo de Derechos Humanos».
