Por Juan José Llanes
La maniobra de resucitación que implementó la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) funcionara a pesar de que las fuerzas políticas y la clase gobernante pretendían condenarlo a la inoperancia, creo que representa un avance importante en aras de sostener la vigencia de un Derecho Humano que resulta esencial en cualquier estado democrático: el acceso a la información, justamente, que sin trasladar a los ciudadanos la función de controlar a los entes y servidores públicos, permiten que coadyuven en la importante tarea de combatir el fenómeno de la corrupción forzando la transparencia y la rendición de cuentas.
Mucho se ha escrito ya sobre el tema, claro; pero baste recordar que los ciudadanos pudimos tener acceso a información tan importante como la que se generó a partir del descubrimiento de casos como la “casa blanca” de la cónyuge del entonces presidente de México, la “estafa maestra” orquestada en ese mismo régimen, el “caso Tlataya”, “el caso Odebrecht”, y otros, que no únicamente perfilaron al sexenio de Peña Nieto como el más corrupto, sino que abrieron la puerta para que los mexicanos decidiéramos que era impostergable el cambio que, finalmente, se produjo en 2018 con el triunfo electoral de Morena.
Para todo eso fue crucial el papel del INAI, que forzó a revelar los datos que, en cualquier otro momento de la historia de este país, habrían quedado vedados a los ojos de quienes alimentábamos las arcas que fueron objeto de la voracidad y el latrocinio de corruptos.
Cabe resaltar: la creación del INAI (con todo y sus deficiencias), no fue una gracia, concesión o prebenda de ningún gobierno; transparentar no es un obsequio que haga ningún partido, movimiento, facción, camarilla o político. Fue algo que los ciudadanos le arrancamos al Estado y lo perpetuamos -con la categoría de Derecho Humano- en la Constitución.
Algunos supusimos que la perniciosa opacidad que rigió en los gobiernos anteriores al 2018 quedaría extirpada a partir de diciembre de ese año. Pero cuando los ciudadanos quisimos saber qué pasaba con Segalmex y el Tren Maya, nos topamos con una pared: el régimen decidió que no teníamos razones para hurgar en los entresijos de las acciones de un gobierno autoproclamado distinto a sus predecesores porque poseía una superioridad moral que no debía ponerse a prueba.
El camino para volver inoperante al INAI (que está por demás ahora recapitularlo) tendía a convertirlo en una instancia que, por no servir, se extinguiera a petición de una voluntad popular que, desde hace tiempo y a decir del gobierno, tiene un solo intérprete: el mismo gobierno.
La decisión de la SCJN de que el INAI funcione y garantice con su actuación el acceso a la información, tiene como colofón la percepción que expuso Blanca Lilia Ibarra, Comisionada Presidenta de este ente autónomo: ‘El INAI no nació para ser cómodo’, (visible en https://aristeguinoticias.com/2408/aristegui-en-vivo/enterate/el-inai-no-nacio-para-ser-comodo-responde-su-presidenta-a-amlo-enterate/)
En 2020, en nuestro libro, “Para entender la corrupción mexicana”, coescrito por Iván Gidi, Yered Figueroa y un servidor (editado por ONEA y el Instituto Literario Veracruzano), escribimos (pág. 66):
“Gracias a la existencia de este organismo (el INAI) y del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, del que forman parte los institutos locales de transparencia, la opacidad dentro del ejercicio público es menos probable que en el pasado. Recordemos que, uno de los elementos principales para la existencia de corrupción es la opacidad, y que la forma de combatirla es a través de la transparencia. Esta práctica elimina las barreras de la discrecionalidad, al volver más accesible la información de interés colectivo. De tal forma, el INAI nos ayuda a combatir la corrupción al evitar que la opacidad siga proliferando”.
Por eso, justamente, no es cómodo.
