Por Miguel Casillas
El golpe a los programas de posgrado constituido por las políticas del SNP afecta aún más a la Universidad Veracruzana debido a un mal manejo de esta problemática.
Nunca el posgrado universitario había sido tan maltratado como ahora. El gobierno federal ha determinado de modo arbitrario que cientos de programas -muchos de los cuales gozaban de las más altas calificaciones en los anteriores criterios de evaluación- dejen de ser una opción elegible para que sus estudiantes tengan beca. Los condenan a desaparecer o a recurrir a los esquemas de los proyectos autofinanciables que desde una perspectiva privatizadora cobran cuotas a sus estudiantes. En el caso de la Universidad Veracruzana serán más de 65 programas educativos los excluidos. Son muchísimos y su potencial desaparición representa un grave proceso de involución institucional.
Para cerrar el golpe al posgrado universitario, ha ocurrido un terrible recorte en el número de becas que están recibiendo las universidades públicas. En la UV se han recortado por la mitad y ahora hay programas ya evaluados por el SNP que tienen a su disposición sólo una o dos becas para sus alumnos: ¡el absurdo! En febrero de 2023 todavía se otorgaron 1,100 becas en la UV, en este semestre que incluye a los ya inscritos y que suponíamos iban a tener beca, después del recorte, en agosto tenemos apenas 451 becas.
Previsiblemente la matrícula del posgrado universitario se va a desplomar; cientos de alumnos ya inscritos que confiaban en tener beca van a reconsiderar sus posibilidades de estudio. Con el cierre de los programas se afectará también a los cientos de personas que, como personal administrativo, asistentes, o apoyos, sostenían los posgrados y cobraban por honorarios. Para los profesores de esos 65 programas que dejan fuera de las becas, el panorama es desolador, muchos perderán sus cargas docentes y sus clases, algunos hasta su salario, también dejarán de dirigir tesis y de participar en los exámenes de grado; a futuro es también una amenaza para los académicos que están en el SNI, pues seguramente el reconocimiento de su participación en programas de posgrado pasará por el tamiz de su adscripción al Sistema Nacional de Posgrado.
Como es una decisión federal, que involucra recursos financieros, las universidades y sus comunidades están en indefensión casi absoluta. El golpe ha sido tan duro que predomina la incredulidad, el desconcierto, la desconfianza sobre el futuro. En reacción, cada vez más se incrementa la inconformidad frente al gobierno, y los universitarios, que tanto apoyaron a la transformación, cada día están más decepcionados: no entienden cómo un gobierno que se reclama progresista y que llegó al poder con su respaldo, se haya dedicado sistemáticamente a golpearlos, a desprestigiar a sus instituciones y a sus académicos, a destruir los viejos programas federales sin sustituirlos con nada, a recortar los presupuestos y ahora las becas y los programas de posgrado. Todo lo progresista que es la Ley general de educación superior, se ve cancelada frente al trato político del gobierno.
Sin embargo, esto no es nuevo, la ofensiva gubernamental contra las universidades viene de lejos. Nadie en las universidades públicas puede hacerse el sorprendido. El gobierno había desaparecido el PNPC y creado el SNP, las nuevas reglas sobre la gratuidad vienen desde que se aprobó la Ley, y los criterios autoritarios han distinguido su actuación de modo reiterado. Ahora es lo mismo, una junta directiva ha definido un listado de temas que consideran prioritarios para ser impulsados a través de los estudios de posgrado; ha determinado un número de profesores SNI como mínimo, y ha definido si el programa es de investigación o profesionalizante sin consultar a los interesados; sobre esta base y considerando las cuotas que cobra cada programa, ha definido que hay unos programas prioritarios, otros que chance y pueden tener beca, y otros que quedan excluidos.
En ese contexto, y teniendo conocimiento sobre el cambio en el sistema de reglas, algunas universidades hicieron ajustes y enfrentaron la evaluación del SNP relativamente con buenos resultados; en la UV, donde prima la indolencia, los responsables del posgrado y de la conducción académica de la Universidad no hicieron nada, no informaron a la comunidad respectiva ni elaboraron un plan de acción, dejaron que cada coordinador y cada núcleo académico interpretara los cambios a su modo y no se desmontó la representación social dominante sobre el posgrado construida en la época neoliberal, se siguió permitiendo que se cobraran cuotas, se mantuvo el pago por honorarios a profesores en algunos programas y no se buscó de modo deliberado la consolidación de los NAB para ampliar la participación de profesores con SNI; también se fue negligente para adaptar y corregir los títulos de las líneas y programas con los nuevos temas de investigación prioritaria.
En la UV de modo institucional tanto la Junta de Gobierno, como el Consejo Universitario General deben intervenir en este asunto. Las autoridades académicas deben rendir cuentas y ser objeto de la exigencia de sus responsabilidades. Es inadmisible que las autoridades renuncien a discutir los resultados de este fracaso ante la comunidad, que rehúyan sus responsabilidades, y que vengan ahora a incrementar la simulación con la presentación de un nuevo plan para el (sic) fortalecimiento del posgrado sin considerar la realidad en que nos encontramos.
Por nuestra parte, los universitarios defenderemos en la calle, en las aulas y laboratorios el objeto de la universidad. Los programas educativos son parte del patrimonio universitario y hoy muchos de ellos están riesgo. Nos toca defenderlos.
