Tras más de medio año dilatando el acatamiento de una orden federal, un juez de control en el penal de Pacho Viejo cambió las medidas cautelares impuestas a la ex presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), Yolli García, con lo que logró abandonar el reclusorio de Pacho Viejo.
Desde diciembre de 2022, mediante el juicio de amparo 553/2022 un juez federal determinó cambiar a Yolli García la prisión preventiva que tenía desde el mes de marzo de 2020, sobrepasando por mucho los dos años que la Constitución señala como duración máxima de esta medida cautelar.
El abogado defensor de la ex funcionaria, Jorge Luis Lascano Pale, informó que se le cambió la medida cautelar a prisión domiciliaria por un año y el pago de una garantía económica de 500 mil pesos.
Lascano Pale manifestó que durante su reclusión, Yolli García ha enfrentado complicaciones de salud, incluida una operación a corazón abierto, por lo que la resolución contempla permitirle acudir al servicio médico cuando sea necesario.
Yolli García fue detenida en marzo de 2020 acusada de los delitos de ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y coalición, luego de que el IVAI ordenara al gobierno de Cuitláhuac García dar a conocer el contrato de adquisición y/o arrendamiento de la adquisición en mayo de 2019 de 160 patrullas para la Secretaría de Seguridad Pública, en la cual se anunció una inversión de más de 208 millones de pesos.
El IVAI ordenó dar a conocer al proveedor, así como los expedientes de los procedimientos de licitación o adjudicación directa. Al final, quedó exhibido que de las 160 patrullas, 50 se obtuvieron mediante compra de contado por 798 mil 800 pesos cada una, con un gasto total de 39.9 millones de pesos; mientras que las otras 110 fueron arrendadas por tres años, lo implicó un pago de 4.7 millones de pesos al mes y 168.5 millones de pesos en total, lo que significó un gasto extra de 80.6 millones de pesos.
