Por Alberto J. Olvera
Ahora que el ruido de las elecciones recientes empieza a disminuir, es tiempo de volver a discutir la gravísima crisis del sistema de justicia en México, especialmente de una de sus expresiones menos debatidas en el espacio público: la justicia local en los estados. Ese nivel primario de la justicia, en el que confluyen las policías municipales y estatales, las fiscalías de justicia estatales, y los poderes judiciales locales, es un verdadero hoyo negro, tal vez la principal zona de desastre del Estado mexicano. La catástrofe afecta por igual a los estados gobernados por Morena que a los gobernados por la oposición. Entender esta situación ayuda a colocar en perspectiva la confrontación del presidente con la Suprema Corte de Justicia. La experiencia local indica que para los gobernadores, al igual que para el presidente, los buenos jueces son sólo los que obedecen órdenes del Ejecutivo. El abuso de poder que esta situación implica afectar a líderes sociales, empresarios no colaborativos, periodistas críticos, políticos incómodos, a los jueces mismos y a los propios miembros del partido en el poder si osan no obedecer a los altos mandos. La justicia está totalmente politizada y es, en efecto, muy corrupta en general. En suma, en los estados el sistema priista nunca se fue. En el autoritarismo clásico el sistema de justicia era rentístico, marginal, mercantilizado e instrumento del Poder Ejecutivo. Esta situación persiste y AMLO aspira a aplastar los pocos espacios de autonomía política que quedan en el Poder Judicial federal para completar la restauración del viejo orden.
Pongamos un par de ejemplos para comprender mejor este proceso. El pasado 25 de mayo fueron arbitrariamente detenidos, con lujo de violencia, Cirio Ruiz González, conocido líder cafetalero regional con una carrera de cuarenta años en las luchas campesinas, originario del pueblo de Chavarrillo, cerca de Xalapa; Minervo Cantor Peña, Abraham Cabal Pulido, Crisanto Valiente Miramón, campesinos de Ixhuatlán del Café, y Viridiana Bretón, exalcaldesa del municipio antes mencionado, situado cerca de Córdoba, Veracruz. Otros cuatro campesinos tienen órdenes de aprehensión en el mismo proceso. Se les acusa a todos de haber provocado un incendio en las bodegas de un beneficio de café en Ixhuatlán el 23 de enero de 2022, durante una protesta de cafetaleros contra la empresa Agroindustrias Unidas de México (AMSA), filial de la gigantesca transnacional Ecom Trading. La manifestación fue provocada por los bajos precios pagados a los productores por su grano en un momento de altos precios internacionales, lo que al parecer no era decisión de la empresa matriz, sino un caso de corrupción del gerente local. El incendio fue muy pequeño, los daños fueron mínimos y no hubo víctimas. No hay prueba alguna que involucre a los acusados en dicho incidente, y la inclusión de la exalcaldesa en el proceso sólo puede entenderse como venganza política. Sin embargo, las personas antes mencionadas fueron detenidas con exceso de fuerza, presentados inmediatamente ante un juez de control con sede en Huatusco, Veracruz, quien sin aceptar testimonios ni argumentos en descargo dictó prisión preventiva oficiosa ¡por un año! a todos los detenidos en un penal de media seguridad. No se les permitió hablar con familiares ni abogados. El delito por el que se les acusa es el de “estragos”, que en el Código Penal no es considerado grave, por lo que no amerita prisión preventiva oficiosa. El abuso fue tan patente que hubo una segunda audiencia unos días después, el 31 de mayo. En los días previos se hizo saber a los imputados que la mejor solución era negociar con la empresa el pago de los “daños”, lo cual implicaba declararse culpables. Al no aceptar este chantaje, en la segunda audiencia el mismo juez ratificó su decisión, sin escuchar a los abogados de los acusados ni tomar declaración a testigo alguno, y sólo redujo la presión preventiva a dos meses. El propio gobernador Cuitláhuac García había declarado días antes que reconocía que el delito de “estragos” no era grave y esperaba que el asunto, un “conflicto entre particulares”, se resolviera por la vía de la negociación.
El asunto es tan absurdo que es difícil entender la verdadera causa de tamaña arbitrariedad. La empresa ha continuado explotando a los productores sin interrupciones y todo indicaba que el tema desaparecería. Pero al parecer hay un doble propósito en este caso. El primero es castigar ejemplarmente a la exalcaldesa, quien ha empezado a operar políticamente en su región a favor de candidatos de Morena a la gubernatura y a la presidencia que no le gustan al grupo en el poder en Veracruz, y ella misma pretende ser la candidata del partido oficial a la diputación local de Huatusco. ¿Le estarán imponiendo un castigo ejemplar para que los demás operadores morenistas locales entiendan quién manda en Veracruz? Esa sería la razón para obligar a todos a declararse culpables, afectando la carrera política de Viridiana Bretón, quien tendría así antecedentes penales.
En cuanto a los campesinos, también hay una lección. Cirio Ruiz, junto con líderes cafetaleros locales y la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC), ha criticado la falta de una política de apoyo a la cafeticultura campesina, que busca preservar las variedades tradicionales de café, cuyo cultivo presta servicios ambientales muy importantes y produce un café de exportación de alta calidad. En cambio, el gobierno actual ha favorecido el proyecto de la trasnacional Nestlé, que quiere introducir en forma masiva la variedad de café robusta y procesar el producto en un megaplanta en el puerto de Veracruz, orientada a la producción de concentrados de café para las nuevas máquinas caseras y café soluble. Esto implica arrasar con los bosques mesófilos de montaña que el café de altura preserva, generar un monocultivo sin árboles de sombra y bajar aún más los precios del café para todos los productores. El gobierno de la 4T apoya de manera abierta a las trasnacionales en un proyecto económica, social y ecológicamente dañino para los productores y para las zonas cafetaleras. Al detener a Cirio y a otros campesinos, se manda un amenazante mensaje a los productores de café.
Por si esto fuera poco, casi en los mismos días en que se produjo la detención arbitraria antes mencionada, el secretario de Gobierno de Veracruz, Eric Cisneros, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, la presidenta de la Mesa Directiva de la Legislatura, Margarita Corro Mendoza y la fiscal general del Estado, Verónica Hernández Giadáns, viajaron el viernes 26 de mayo, día laborable, a Otatitlán, un pequeño pueblo de la Cuenca del Papaloapan, para asistir a la puesta en servicio del “Expreso de la Cuenca”, un miniautobús turístico que recorrerá las calles de un pueblo de 6000 habitantes y que no forma parte de ningún circuito turístico, pero del cual es originario el secretario de Gobierno. Eric Cisneros es el verdadero poder tras el trono en Veracruz, quien suple las carencias intelectuales y políticas del gobernador, por lo que ha asumido la tarea de nombrar y subordinar abiertamente a las titulares de los otros poderes e instituciones formalmente autónomas. Un viaje como el mencionado, publicitado en redes y medios de comunicación locales, manda el mensaje a la clase política de que el jefe político de Veracruz es el secretario de Gobierno y que el Congreso, la Fiscalía y el Poder Judicial estatales están sometidos a su mando.
Esta situación no es nueva. Desde que comenzó el actual gobierno estatal se ha buscado usar el sistema de justicia local para castigar a los políticos de oposición que no han colaborado con las causas del secretario de Gobierno. Tal es el caso de Rogelio Franco Castelán, dirigente del PRD, exsecretario de gobierno de Miguel Angel Yunes —el anterior gobernador—, a quien el nuevo gobierno morenista quería encausar por corrupción, y de Juan Antonio Nemi Dib, funcionario del gobierno de Javier Duarte, gobernador de infausta memoria, a quien Nemi se negó a denunciar puesto que ello implicaba que él mismo se declarara culpable de delitos no cometidos por su persona. En un caso y en otro hubo amenazas a sus familias, fabricación de delitos, encarcelamiento arbitrario y procesamiento judicial patentemente ilegal. Nemi logró salir libre vía amparos luego de más de un año en la cárcel, mientras que Franco sigue en prisión, pues después de cada amparo ganado surge de pronto una nueva acusación. No es que los gobernadores antes mencionados sean inocentes, no. Se trata de que, ante la incapacidad procesal del gobierno para presentar pruebas de la corrupción de los anteriores gobernantes, se decida chantajear a quienes se considera puntos débiles de la cadena o son por alguna razón objeto del odio del jefe político de Veracruz.
Incluso para el fin de “legalizar” el uso arbitrario de la justicia, el Congreso local inventó el delito de “ultrajes a la autoridad”, calificado como grave, para justificar la prisión preventiva oficiosa de quien el gobierno quisiera y por el tiempo que les diera la gana. La primera víctima de esta nueva figura delictiva fue precisamente Franco Castelán, pero luego siguieron más. Como en el caso de otras “innovaciones legales” producidas por un congreso estatal de bajísimo perfil, y controlado totalmente por el secretario de Gobierno, este delito, al igual que otras leyes y adiciones a la constitución local, fueron declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia.
Otro caso escandaloso de arbitrariedad político-judicial es el de Juan Manuel del Río Virgen, quien al momento de su detención era secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, por tanto mano derecha de su presidente, Ricardo Monreal. Del Río estuvo más de un año en la cárcel acusado de ser el autor intelectual del asesinato de un candidato de MC a la alcaldía de un municipio del centro-norte del estado en 2021. A pesar de la presencia personal del poderoso senador Monreal en Xalapa para seguir el caso, Del Río Virgen, dos veces diputado federal, fue mantenido en la cárcel sin pruebas y con una lista creciente de delitos imputados. Salió de la cárcel finalmente con un amparo, sin librarse de las acusaciones.
Para cerrar este recuento incompleto del aberrante uso político de la justicia en Veracruz, vaya otro recientísimo ejemplo. El pasado lunes 5 de junio fue detenida en Xalapa la jueza Angélica Sánchez Hernández, del Distrito Judicial de Cosamaloapan. La jueza había cumplimentado una ejecutoria de amparo dictada por un juez federal a favor de Itiel “N”, alias “Compa Playa”, a quien acusan de haber asesinado en abril de 2019 a Juan Carlos Molina, un exdiputado priista y líder corporativo. En un mensaje en redes en días previos, la jueza manifestó su temor a ser detenida, pues aunque se limitó a cumplir una determinación de un juez federal, había señalado antes que la investigación de la Fiscalía era muy pobre. La jueza fue detenida de manera arbitraria y, según dijo a su hija, la obligaron a disparar una pistola y sembraron droga en su automóvil. Se supo que la acusan de “delitos contra las instituciones de seguridad pública”, es decir, de disparar contra policías. El secretario de Gobierno afirma, sin pruebas, que la jueza liberó al sujeto de marras por corrupción. Como dice el dicho: “Cuando la perra es brava, hasta los de casa muerde”. Por fortuna, la juez ha sido liberada ya sin que los cargos se le hayan retirado.
El patético caso de Veracruz no es único en el país. La gran mayoría de los gobernadores han sometido a los otros poderes a su dominio, y los demás ejercen diversas formas de control sobre los mismos. Esto indica que nuestra democracia, tan difícilmente ganada después de décadas de lucha contra el régimen autoritario priista, es apenas un sistema que garantiza que las elecciones sean competitivas, pero que no ha logrado construir un Estado de derecho operativo ni garantizar la división de poderes. Y estas limitaciones se expresan en forma brutal en la mayoría de los estados. La democracia a nivel subnacional es tan delgada como una hoja de papel.
No debemos olvidar que somos un país federal, por lo que hay policías locales, fiscalías estatales formalmente autónomas y Tribunales Superiores de Justicia en cada entidad, que tienen miles de empleados precarios y sin estabilidad laboral, los cuales atienden el 92 % de los delitos que se denuncian a nivel nacional. Mientras estas instituciones estén sometidas al arbitrio de los gobernadores o de quienes ejercen el mando político local y funcionen en la más completa precariedad presupuestal y laboral, no podrá combatirse al crimen organizado y desorganizado y el sistema de justicia continuará siendo usado para los fines políticos de quienes gobiernan. Y en esta etapa electoral nacional que empieza, sólo cabe esperar más abusos de la justicia con fines políticos.
El caso del proceso judicial contra Cirio Ruiz, otros tres campesinos detenidos y otros cuatro imputados, y contra la exalcaldesa Viridiana Bretón es un intolerable abuso de poder por parte del gobierno morenista de Veracruz. Son presos políticos en el más estricto sentido de la palabra. Debemos exigir la inmediata libertad de los detenidos, que la absurda acusación sea retirada y que el gobierno deje de intervenir abiertamente en el funcionamiento del sistema de justicia. La pulsión autoritaria del gobierno de Morena es tan descarada que ya ha rebasado los estándares de la época priista.
Este texto fue publicado originalmente en el blog de la revista Nexos. Agradecemos al autor su autorización para reproducirlo en La Clave.
