La organización ambientalista Greenpeace, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (Cemda), organizaciones de la sociedad civil y residentes de Veracruz pidieron que se anule la “nueva e ilegal” autorización emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para el proyecto de ampliación del puerto de Veracruz.
En conferencia de prensa realizada en el barco “Artic Sunrise” de Greenpeace, el cual se encuentra atracado en el puerto de Veracruz, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Greenpeace México, el Cemda y el académico de la Universidad Veracruzana (UV) Leonardo Ortiz manifestaron que otra vez avaló “un proyecto fragmentado, que no recurrió al uso de la mejor ciencia disponible y que no permitió la participación de las personas”.
El pasado 23 de mayo residentes de Veracruz, el Cemda y académicos presentaron ante un juez federal un análisis de las actuaciones realizadas por las autoridades para cumplir con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el que concluyeron que la nueva Autorización de Impacto Ambiental otorgada por la autoridad federal ambiental al proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz debe ser declarada nula y se debe ordenar que se someta nuevamente al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA), conforme ordenó la Corte.
Hicieron un llamado para que la Administración del Sistema Portuario de Veracruz, S.A. de C.V. (Asipona Veracruz) –promovente del proyecto de ampliación– elabore una nueva Manifestación de Impacto Ambiental donde se incorporen todos y cada uno de los elementos del proyecto, y se valore realmente el riesgo ambiental utilizando una metodología adecuada, pertinente y que sirva para los fines que la sentencia busca cumplir.
Asimismo, exigieron a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), dependiente de la Semarnat, garantice los derechos de acceso a la información y participación de las personas en la toma de decisiones ambientales y que exija a la Asipona considerar los descubrimientos científicos asociados al Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México de por lo menos los últimos 10 años, allegándose de toda y la más actualizada información científica generada.
Solicitaron también que la Convención Ramsar sobre humedales acompañe y participe activamente en la evaluación de impacto ambiental del proyecto, para garantizar que sea utilizada la mejor ciencia y la mejor metodología de evaluación para proteger efectivamente los ecosistemas y los servicios ambientales que prestan a la población.
Xavier Martínez Esponda, director operativo de Cemda, explicó que el actuar de las autoridades es contrario a lo ordenado en el Acuerdo de Escazú, la Ley General para el Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la propia sentencia de la Corte.
“Es como si no se hubiera aprendido nada de todo este litigio. Lo que tenía que haber ocurrido era que se hiciera una nueva Manifestación de Impacto Ambiental, con todos los elementos de la obra y haciendo uso de la mejor ciencia disponible, se aperturara (sic) un nuevo Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y se expidiera una nueva resolución. Es paradójico que las autoridades obligadas a cumplir no hayan considerado la jurisprudencia que se expidió a partir de este caso”, destacó.
Cabe recordar que en febrero del 2022, por unanimidad las y los ministros de la Primera Sala de la SCJN resolvieron otorgar el amparo a residentes veracruzanos, quienes presentaron una demanda en contra del proyecto de ampliación del puerto de Veracruz.
En respuesta a la sentencia de la SCJN, en marzo del 2022, la Semarnat dejó insubsistentes las autorizaciones que se habían otorgado. Pero el pasado 30 de diciembre, la DGIRA volvió a autorizar de manera condicionada el proyecto, nuevamente de manera fragmentada, sin una adecuada integración de la información, sin uso de la mejor ciencia disponible y sin posibilitar la participación de las personas. Leonardo Ortiz explicó que «en la última década, el conocimiento científico sobre los arrecifes de Veracruz ha aumentado de una manera asombrosa y nada de eso ha sido considerado en la última autorización».
Resaltaron que la autorización se expidió sin la asistencia de autoridades internacionales como la Convención Ramsar. “Las autoridades de la Convención Ramsar decidieron esperar a que México tomara decisiones judiciales y ejecutivas respecto a la ampliación portuaria”, señaló Sandra Moguel, abogada de AIDA. “Es el momento oportuno para pedirle asistencia técnica a ese tratado para que se pronuncie respecto a los impactos al ecosistema, pero también respecto a la propia evaluación de impacto ambiental que realizó la Semarnat”.
Los académicos y activistas reiteraron su petición al juez de distrito de no tener por cumplida la sentencia de la Corte.
Las otras organizaciones que suscribieron la petición son la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por los Ríos Libres (PUCARL), Gente Sustentable, A.C., Sendas, A.C. y Pronatura Veracruz, A.C.
