En su primera decisión sobre una denuncia individual contra México, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU concluyó que el Estado incumplió su obligación de llevar a cabo una investigación pronta, exhaustiva e imparcial de la desaparición de un joven mexicano que fue sustraído de su casa en el puerto de Veracruz por hombres armados vestidos con uniforme de policía, en 2013.
Yonathan Mendoza Berrospe tenía 17 años cuando un grupo de aproximadamente seis hombres entró violentamente en su domicilio en la ciudad de Veracruz, donde vivía con su familia, en diciembre de 2013.
“Los hombres portaban armas de fuego largas y cortas, pasamontañas, botas de policía y chalecos antibalas con la palabra «policía» escrita en la parte delantera y trasera. Al mismo tiempo, más de una docena permanecieron fuera, participando en lo que parecía ser una operación de seguridad. Los hombres golpearon y esposaron al Sr. Mendoza Berrospe y lo introdujeron en una camioneta Suburban negra. Según varios testigos, los perpetradores entraron y salieron en varios vehículos; algunos pertenecían a la Policía Naval, dependiente de la Secretaría de Marina, y otros a la Policía Estatal de Veracruz”, refiere la sentencia.
“Cuando la familia del Sr. Mendoza Berrospe acudió al centro de detención de la Policía Naval en Playa Linda para buscarlo, vieron algunos de los vehículos que presuntamente habían participado en su desaparición. La familia no tardó en presentar una denuncia ante las autoridades fiscales del estado y en interponer un amparo ante un juzgado de distrito de Veracruz, impugnando la detención secreta e ilegal.
“En junio de 2015, el amparo fue archivado tras no recibir información sobre la desaparición del Sr. Mendoza Berrospe por parte de las fuerzas de seguridad ni de las autoridades fiscales locales, estatales y federales. Ni la investigación a nivel estatal ni la federal localizaron su paradero, ni llevaron a los responsables ante la justicia. La madre del Sr. Mendoza Berrospe llevó entonces el caso ante el Comité en julio de 2021, poco después de que México reconociera la competencia del Comité para examinar comunicaciones individuales sobre hechos bajo su jurisdicción”, se puntualiza.
El Comité observó que la mayoría de las acciones de investigación mencionadas por el Estado se llevaron a cabo después del 2019, y que la mayoría de las acciones de búsqueda mencionadas por el Estado parte se llevaron a cabo después de 2021, es decir, seis y ocho años después de la desaparición, respectivamente. “Así pues, el Comité constató que las autoridades del Estado no procedieron sin demora a realizar una investigación exhaustiva e imparcial, como exige el artículo 12, ni tomaron todas las medidas necesarias para buscar a la víctima, como exige el artículo 24 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas”.
Dado que aún se desconoce lo sucedido a Yonathan Mendoza Berrospe y su paradero, y que las víctimas no han recibido reparación alguna, el Comité también consideró que México había violado su derecho a conocer la verdad y a la reparación.
El Comité pidió a México que garantizara una búsqueda e investigación exhaustivas y diligentes de la desaparición forzada de Yonathan Mendoza Berrospe, enjuiciara a los responsables, incluidos los agentes del Estado a todos los niveles, y proporcionara una reparación adecuada a su familia.
“Este caso, como muchos otros en México, está tristemente marcado por la impunidad a causa de la falta de respuesta por parte de las autoridades y de la ausencia de acciones prontas y adecuadas para buscar a la persona desaparecida e investigar su desaparición. Confiamos en que tras esta decisión todas las autoridades del Estado cumplan los compromisos asumidos por México al ratificar la Convención. Con ello, esperamos haber podido contribuir a que se otorgue justicia a las víctimas ayudando al Estado a esclarecer la suerte del Sr. Mendoza Berrospe, averiguar su paradero y sancionar a los autores de su desaparición forzada,” afirmó Juan José López Ortega, miembro del Comité.
“Esta es una decisión importante que, por primera vez, establece y concreta los estándares para la búsqueda diligente de las personas víctimas de desaparición forzada y para llevar a cabo investigaciones efectivas que permitan hacer comparecer a los responsables ante la justicia. Deseamos que las pautas fijadas en este caso proporcionen a México las herramientas necesarias para luchar contra el flagelo de la desaparición forzada, que azota el país, y para poner fin a una situación de casi absoluta impunidad, de la que este caso es solo una muestra”, reiteró.
“La investigación debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. No puede depender de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que el Estado parte busque efectivamente la verdad,” dijo el Comité en su dictamen.
