Por Raúl Arias Lovillo
Existen muchas evidencias en el mundo para afirmar tajantemente que la educación es uno de los factores fundamentales para mejorar el bienestar y los niveles de vida de la población de un país. La educación tiene un ganado prestigio como mecanismo para redistribuir los ingresos: cuando un gobierno facilita a su población educación de calidad, distribuye activos sin afectar derechos de propiedad.
Por supuesto, existen otros factores que contribuyen también en esta dirección, pero no se conoce una sola experiencia de un país que haya alcanzado altos niveles de desarrollo sin que haya construido un sistema de educación de calidad, desde la educación básica hasta los niveles más altos de creación de ciencia y tecnología.
Muy lejos estamos de que Veracruz y nuestro país sigan estas lecciones internacionales. Por el contrario, existe mucha incertidumbre y muchas dudas respecto a la reforma educativa del actual gobierno mexicano que se inicia en el próximo mes de agosto.
Con el nombre de “Nueva Escuela Mexicana”, el proyecto educativo del gobierno pretende que la educación deje ser “neoliberal y colonialista”. Se trata de una propuesta ideológica que debilita el pensamiento científico. Esto es particularmente grave cuando todos los países alinean sus proyectos educativos a la condiciones de la actual transición digital que vive la humanidad, México se empantana con las bases ideológicas de una revolución socialista que solo ha dejado pobreza y miseria donde se ha aplicado. El proyecto educativo gubernamental iniciará sin tener concluidos los planes de estudio, con muchas dudas sobre el contenido de los libros de texto y sin haber obtenido el consenso de docentes, padres de familia y sociedad en general.
Las familias veracruzanas tienen motivos para preocuparse por el futuro de sus niños y jóvenes, la educación que se les impartirá no los capacitará para enfrentar los desafíos de la nueva revolución tecnológica. Estarán condenados a vivir los sueños de una transformación socialista extraviada en el siglo XX.
El desastre que se cierne sobre nuestra educación básica también se empieza a extender a las universidades y a la investigación científica, tecnológica y humanística de México. Los progresivos recortes presupuestales en las universidades impiden las reformas urgentes que requiere la disrupción tecnológica. Así es muy probable que estemos condenados al fracaso al continuar formando a universitarios en carreras tradicionales que escasamente los capacitan en las habilidades y destrezas que exige el mercado laboral actual.
Otro tanto ocurre con la ciencia y tecnología del país. El Congreso liderado por el partido Morena muy pronto aprobará la nueva ley de ciencia y tecnología promovida por el Conacyt, una iniciativa que coarta la libertad académica, que anula toda evaluación de pares académicos y que centraliza las decisiones en el gobierno quien tendrá la capacidad absoluta para decidir sobre en que áreas se podrá investigar.
Vivimos, pues, en estos días los embates de una transformación silenciosa de nuestra educación que sin duda anulará toda posibilidad de ascenso social de muchas generaciones en los años venideros.
