La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó deficiencias en el control y supervisión del gasto del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) para la adquisición de vacunas, vacunas caducas, plazas no autorizadas y falta de pagos de estímulos a personal.
En el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021, entregado a los diputados el viernes pasado, señala que un contrato para la adquisición de una vacuna (Triple Viral contra Sarampión, Rubeola y Parotiditis) se realizó con un procedimiento de adjudicación directa internacional abierta por caso fortuito o fuerza mayor.
Las ASF explica que dicho procedimiento pudo ser previsto, ya que “desde el 13 y 27 de julio de 2020, el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia le informó al Insabi de las necesidades de las vacunas que integran el Esquema Nacional de Vacunación”.
Además, destaca el reporte, el Insabi no contó con un sistema informático para el control y seguimiento de las compras consolidadas de medicamentos e insumos para la salud (en las que se incluyen las vacunas) requeridos para las unidades médicas que integran el Sistema Nacional de Salud, con el fin de contar con información oportuna y confiable que contribuya “en la toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas en el otorgamiento de los insumos, y además asegurar el abasto de vacunas del Esquema Nacional”.
La auditoría reveló que en el almacén central de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México no se verificaron que se distribuyeran a las jurisdicciones sanitarias 160 mil 369 dosis de vacunas, ya que al 30 de junio de este año, estas aún se encontraban en la cámara de red de frío del almacén, superando entre 24 y 138 días los 6 meses de almacenamiento máximo de acuerdo con la normativa.
Asimismo, 9 mil 779 de dosis de vacunas en dicho almacén ya habían caducado y no informaron oportunamente al Insabi para que este solicitara al proveedor el canje de las mismas.
Por lo anterior, la ASF “emite la promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General de la ciudad de México o su equivalente realicen las investigaciones permanentes y, en su caso, iniciar el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos”.
