La Suprema Corte de Justicia desechó en definitiva controversias de cuatro Gobernadores de Morena y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México que buscaban detener su eventual inhabilitación para participar en elecciones por violar la Constitución de manera reiterada.
Por unanimidad, la Primera Sala de la Corte confirmó ayer el desechamiento de las demandas de los gobernadores de Tabasco, Michoacán, Veracruz y Colima, así como de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.
Es previsible que lo mismo sucederá con controversia similares que presentaron el Ejecutivo federal y el Gobierno de Guerrero, y que originalmente fueron desechadas en julio por la Comisión de Receso de la Corte.
Las controversias impugnan la sentencia SUP-REP-362/2022 dictada el 8 de junio por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la que se confirmó que 17 Gobernadores y la Jefa de Gobierno violaron la Constitución por actos de propaganda en favor del Presidente Andrés Manuel López Obrador durante la consulta de revocación de su mandato.
En ese fallo, el TEPJF confirmó la incorporación de los 18 gobernantes al Catálogo de Sujetos Sancionados (CASS) por infracciones electorales, y dejó en manos de los Congresos locales decidir posibles sanciones adicionales.
Pero la Sala Superior, por mayoría de cuatro contra tres, fue más allá y determinó que la violación reiterada de mandatos Constitucionales implica que los funcionarios responsables han dejado de tener «el modo honesto de vivir» que es requisito para acceder a puestos de elección.
«La infracción reiterada y grave a las normas Constitucionales, con incidencia en la materia electoral, es causa suficiente para considerar la posible suspensión del modo honesto de vivir como requisito de elegibilidad, a partir de la determinación en sentencia firme y ejecutoriada», resolvió la Sala Superior.
El TEPJF fijó a todas las autoridades y tribunales electorales, locales y federales ocho lineamientos para decretar la suspensión del modo honesto de vivir de un funcionario y, por tanto, de su elegibilidad para elecciones posteriores, tema que no está regulado en ley.
La reincidencia de funcionarios ya registrados en el CASS es una de las causas principales para suspender el modo honesto de vivir, es decir, mientras más se persista en violar las reglas electorales de la Constitución, mayor riesgo de ser declarado inelegible.
El CASS ya incluye a buena parte del Gabinete Presidencial, a la jefa de Gobierno y a Gobernadores de todos los partidos, algunos con dos infracciones, mientras que el líder nacional de Morena, Mario Delgado, ya está calificado como reincidente.
En julio, las controversias fueron desechadas por la Comisión de Receso con voto de calidad del Ministro Juan Luis González Alcántara, pues su colega Loretta Ortiz quería admitirlas y suspender las órdenes del TEPJF.
El Ministro, en los fallos que confirmó ayer la Sala, determinó que las controversias son improcedentes porque se refieren estrictamente a materia y autoridades electorales, porque las sentencias del TEPJF son inatacables, y porque no se afectan las atribuciones del Ejecutivo federal ni de los Gobernadores, único escenario en el que pueden promover demandas de este tipo.
