8 años
Por Javier Solórzano Zinser
El 8º aniversario de la desaparición de normalistas en Iguala está en los terrenos de los riesgos, como los que se vivieron el viernes en el Campo Militar No. 1.
La desaparición de los estudiantes no ha dejado de ser uno de los ejes dolorosos de la vida del país. En lugar de que entremos en terrenos en donde vayamos encontrando soluciones, sigue prevaleciendo la confusión y las dudas sobre las investigaciones, declaraciones y detenidos.
Las filtraciones del fin de semana sobre las conversaciones entre presuntos responsables son un elemento más para la confusión y para ahondar aún más el dolor.
Algunos presuntos responsables los han encarcelado. Y así como han entrado han salido. Los testigos protegidos están dispuestos a decir lo que sea con tal de hacerse a un lado, declaran lo que la autoridad quiere escuchar o acomodar.
El Ejército había aparecido como una constante, pero no se habían tomado decisiones de manera directa en su contra. Las acusaciones directas contra algunos de ellos están cambiando la perspectiva; sin embargo, estamos en terrenos en donde no queda claro si efectivamente los militares mencionados tienen responsabilidades directas.
Las manifestaciones del viernes, las que podrán presentarse hoy y las que se han dado en las últimas semanas, tienen a los militares en la mira en cuanto a su presunta responsabilidad y en cuanto a actos de agresión.
El caso está más enredado que nunca. Al tiempo que la Normal perdió a 43 estudiantes, a la par el caso se ha convertido en una suerte de caballito de batalla cotidiano, políticamente hablando, que le ha dado parque a quienes han estado entre acompañándolo y sacándole jugo vulgarmente a lo sucedido.
La gran incógnita es cuánto tiempo más los padres y madres de familia de los estudiantes desaparecidos, junto con la Normal y la propia sociedad mexicana, vivirán en la incertidumbre.
El gobierno se mueve ofreciendo esperanzas, pero hasta ahora no han encontrado elementos que tranquilicen a los familiares. En la medida en que no se resuelva la desaparición de los estudiantes, tendremos un asunto pendiente que explota bajo cualquier pretexto.
La legitimidad del gobierno no genera en automático la credibilidad de las investigaciones que se han venido haciendo en los últimos cuatro años.
El entorno es cada vez más complejo como lo han manifestado el Presidente y Alejandro Encinas, en el sentido de que se está metiendo gente al movimiento que lleva a cabo actos vandálicos que pueden provocar la pérdida del control y el sentido original de la protesta y las demandas.
Todos sacan raja a un asunto desgarrador pasando por los políticos, presuntos simpatizantes y la propia delincuencia organizada.
No se le podrá dar tranquilidad a nadie durante muchos años más. Para algunos será la eternización del dolor, en tanto que para otros será la posibilidad de la rentabilidad política que se sumará a los muchos movimientos sociales y al oprobio del pasado, presente y el que nos espera. Los escenarios han ido cambiando tanto que se mantiene la dificultad de conocer lo que pasó.
Se pueden sumar piezas al rompecabezas, pero no se ve cómo cerrarlo. El caso se ha enquistado, porque cada quien da su versión y porque los padres y madres de familia, con cierta razón, ya no creen en nada de lo que les dicen, trátese de quien se trate.
Hay mucho de por medio. A la distancia se aprecian más claramente los actores que tuvieron y tienen que ver con el 26 de septiembre del 2014. Van algunos de ellos: el gobierno municipal; policías municipales; gobierno de Guerrero, Fuerzas Armadas, narcotraficantes, gobiernos federales y la misma dinámica de la Normal Isidro Burgos.
La justicia no se puede inventar, sigue siendo un pendiente.
RESQUICIOS
Se están sumando escenarios de riesgo. A las manifestaciones por los 43 estudiantes desaparecidos, sumemos los conflictos en la UNAM, IPN y la Normal de Puebla. Hay una constante en todo esto, son jóvenes que demandan, exigen, toman las calles y protestan.
