Agencia Libertad
La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fue un “crimen de Estado” en el que estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles con la participación de “Guerreros Unidos” y no hay indicios de que estén vivos, señaló la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso.
Las conclusiones avaladas por expertos establecen que en la desaparición de los normalistas existen elementos suficientes para que FGR continúe indagatorias para deslindar responsabilidades en contra de 33 personas. Aclaró que el caso no está cerrado, continúa hasta encontrar toda la verdad, localizar a los muchachos y castigar a los responsables.
El informe fue precedido por una reunión encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador con madres y padres de los jóvenes.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), y titular de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas Rodríguez, subrayó que continúa la investigación y la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Por ello, afirmó que todavía existe una tarea larga en este caso.
El funcionario presentó las primeras conclusiones preliminares de la comisión que creó en 2018 sobre el caso de los 43 estudiantes que desaparecieron en Guerrero, estado del sur del país.
“No estamos cerrando —como alguien lo ha señalado— la investigación, sino que, con toda esa investigación, continúa, continuará, hasta que encontremos toda la verdad, encontremos a los muchachos y se castigue a los responsables”, dijo.
La comisión también concluyó “que autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes” e, incluso, las acusó de “alterar hechos y circunstancias” para establecer una conclusión “ajena a la verdad”.
Sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas”, mencionó Encinas sobre las autoridades, incluyendo miembros del Ejército y de las policías locales.
El funcionario también reconoció que “no hay indicios” de que alguno de los estudiantes esté vivo y que “nunca estuvieron juntos” desde que se separaron en la estación de autobuses de Iguala esa noche.
El 26 de septiembre de 2014 los estudiantes de la escuela para maestros rurales de Ayotzinapa desaparecieron cuando se dirigían a Ciudad de México para participar en una manifestación por el 2 de octubre.
Según la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) -la llamada “verdad histórica”-, policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.
La administración de López Obrador ha rechazado esa versión al coincidir con familiares y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.
Principales conclusiones del informe
El análisis de los hechos permite confirmar:
-Que la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano.
-Que autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes, existiendo elementos de presunción respecto de alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos.
-Que en todo momento las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde su salida de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” hasta su desaparición, y sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como del homicidio de otras seis personas.
-Que en ningún momento la presencia de los estudiantes en Iguala obedeció a la intención de boicotear el acto de la presidenta municipal del DIF.
-Que el grupo delictivo actuó con amplio número de sicarios y halcones, a partir de un mando central y al menos tres células de halcones y sicarios, con el apoyo de distintas policías municipales y agentes del Estado.
-Que en ningún momento existió comunicación alguna entre los estudiantes y el grupo delictivo durante los hechos.
-Que, tras la salida de la terminal de autobuses de Iguala, en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos durante su desaparición.
-Se confirma la intervención de la policía de Iguala en el aseguramiento de los estudiantes en el autobús 1531.
-Se confirma la presencia de policías de Huitzuco en el Palacio de Justicia de Iguala y en Santa Teresa.
-Se confirma el traslado del autobús Ecoter, sin pasaje, hacia el estado de Morelos, librando los retenes establecidos.
-Se confirma que los mandos militares de la región no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado Julio César López Patolzin.
-Que, al filo de las 22:45 horas del 26 de septiembre de 2014, tras los hechos de violencia y persecución, se dio la orden de desaparecer a los estudiantes.
Se confirma la identificación de tres de los 43 estudiantes desaparecidos.
-Que no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida. Por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que fueron arteramente ultimados y desaparecidos.
-Que es necesario continuar la búsqueda en: la ribera del río Balsas y en la laguna del nuevo río Balsas; en Atzcala, municipio de Eduardo Neri; en la Barranca de Tonalapa, municipio de Tepecoacuilco; en Brecha de Lobos y en el paraje Suriana, en Iguala, así como en las inmediaciones de Tepeguaje.
-Que existen indicios para que la FGR inicie o continúe las indagatorias para el deslinde de responsabilidades en contra de integrantes de Guerreros Unidos, autoridades federales y municipales y contra quien resulte responsable por acción u omisión en estos delitos.
