Las familias de las víctimas del multifeminicidio y el homicidio ocurrido en la Colonia Narvarte el 31 de julio de 2015, así como sus representantes, ARTICLE 19 y Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social A.C. realizaron un acto de protesta en la Fiscalía General de la Ciudad de México, teniendo como consigna la exigencia de verdad, justicia, reparación integral y no repetición por los crímenes cometidos en contra de Nadia Vera Pérez, Alejandra Negrete Áviles, Mile Virginia Martin, Yesenia Quiroz Alfaro y Rubén Espinosa Becerril.
En la conferencia de prensa, recordaron que a siete años de lo ocurrido, la investigación continúa sin avances sustanciales y que a pesar del discurso de buena voluntad para corregir las graves omisiones y errores de la anterior administración de la Ciudad de México, los pocos resultados y el estatus actual de la investigación muestra que en la realidad esa voluntad de avances es solo discursiva. “Por ello, el día de hoy seguimos sin conocer la verdad de los hechos y seguimos exigiendo justicia”.
Hasta hoy –subrayaron-, el mayor aporte a las investigaciones se ha realizado por la coadyuvancia con las familias y sus representantes legales, mismos hallazgos que fueron presentados públicamente en una conferencia de prensa en marzo de 2022, donde se exigió a la Fiscalía la atención inmediata. Este hecho posibilitó que las autoridades aceptaran la investigación sobre más personas partícipes en el hecho, además de renovar las mesas de trabajo con las familias prometidas por la fiscal Ernestina Godoy, quien desde su nombramiento como titular de la institución en 2020 no había cumplido.
“Los hallazgos son información que nos había sido negada por años, la cual obraba en el expediente. Es decir, son pruebas que las autoridades tenían a su alcance y podrían haber avanzado desde el día uno en la investigación con el fin de conocer la verdad y garantizar la justicia.
“A la largo de siete años, las autoridades han errado de tal manera que evidencia importante para el esclarecimiento del caso se ha perdido, por ejemplo, respecto a las sábanas de llamadas de algunos de los implicados, ahora se sabe que había un número telefónico clave en el operativo del crimen, pero la entonces Procuraduría no ejecutó ninguna diligencia, por lo que hoy dichas sábanas no pueden ser recuperadas. Además de la pérdida de objetos personales con información valiosa de las víctimas como teléfonos celulares, computadoras y USBs, que se encontraban registrados en el expediente, pero nunca fueron entregadas a las familias y se extraviaron como parte de la investigación. También, se descartó como evidencia las vestimentas y zapatos de Rubén, Alejandra y Yesenia, las cuales se desecharon a pocos días de lo sucedido, en lugar de pasar por procesos periciales por parte de la autoridad”, narraron, en un comunicado conjunto.
De la misma forma, hasta marzo de este año la Fiscalía reconoció la participación de más de tres personas en los hechos, aspecto fundamental que desde hace siete años los familiares han recalcado. “Sin embargo, hace tres meses de esto y seguimos esperando acciones y diligencias certeras que den atenciones precisas a los hallazgos”.
Al día de hoy –destacaron- en el caso Narvarte hay solo dos sentenciados. “Urge entender que dos personas sentenciadas y una persona procesada más, no es sinónimo de justicia. El hecho de que hayamos identificado más personas implicadas entraña una operación previamente planeada en la que -no dudamos- hay niveles de connivencia y complicidad de autoridades. Muestra de ello es la manipulación de la investigación durante la gestión de los procuradores Garza y Garrido, que no ha sido enmendada por la actual administración”.
Enfatizaron que para poder llegar a la justicia tiene que develarse el móvil del crimen, así como la participación de cada una de las personas involucradas, material e intelectualmente, y de todas las personas que han garantizado la impunidad durante estos siete años.
En cuanto a la línea de investigación sobre libertad de expresión y defensa de derechos humanos, a siete años apenas se han iniciado algunas diligencias en Veracruz para identificar el contexto de agresiones permanentes contra la prensa y el modus operandi de las autoridades en aquel entonces. “Es urgente que se avance en la ‘línea Veracruz’ como en otras líneas de investigación, añadiendo al análisis de contexto y el panorama sociopolítico de la entidad en términos de ataques a la prensa y al movimiento de derechos humanos, razón por la cual Nadia y Rubén se vieron forzados a desplazarse fuera de esa entidad”.
Las familias y sus representantes exigieron:
-Agotar todas las líneas de investigación, incluída la línea Veracruz, la cual tiene relación con el activismo de Nadia Vera y la labor periodística de Rubén Espinosa.
-Realizar todas las diligencias necesarias para determinar la identidad de todas las personas partícipes del hecho, así como de aquellas personas que han perpetuado la impunidad por estos 7 años.
-Investigaciones sobre las y los funcionarios de la entonces PGJCDMX involucrados en la manipulación y desvío de la investigación, así como de la filtración de información del caso.
-Agotar en su totalidad todas las líneas de investigación con la finalidad de saber cuál fue el móvil del crimen. No deben descartarse líneas de investigación y debe entenderse el posible entramado entre las mismas.
-Dejar de revictimizar a las familias, considerando su calidad de víctimas y dejarlas de tratar como responsables de la investigación.
-Generar diligentemente todas las acciones que aseguren la reparación integral del daño para las familias, incluyendo las medidas de rehabilitación, compensación, restitución y satisfacción, las cuales siguen al día de hoy pendientes.
-Exigimos que en el proceso de reparación simbólica se construya en conjunto con las familias, donde exista una disposición de las autoridades para escuchar, respetar la opinión y decisiones de las familias en relación a la memoria y dignificación de Mile, Yesenia, Nadia, Alejandra y Rubén.
-Exigimos la responsabilidad de las autoridades a cumplir a cabalidad con la Recomendación 4/2017 emitida por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM).
Hicieron un llamado a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum para que se pronuncie públicamente y se comprometa a combatir la impunidad en el caso Narvarte, pues es fundamental la voz e intervención de quienes gobiernan en este tipo de casos.
Adelantaron quie el próximo 3 de agosto de 2022, sostendrán una reunión con la fiscal Ernestina Godoy, en la que esperan se den a conocer avances contundentes sobre el caso. “No queremos nuevamente llegar a otro aniversario más sin justicia, sin reparación integral y sin verdad”.
