El diputado local del Partido del Trabajo, Ramón Díaz, presentó un anteproyecto de Punto de Acuerdo ante el Pleno de la LXVI Legislatura del Estado para exhortar a diferentes autoridades a realizar investigaciones sobre a los procesos de licitación y adjudicaciones directas del Poder Judicial del Estado de Veracruz, toda vez que existe información sobre prácticas de desvío de recursos en el Tribunal Superior de Justicia.
El legislador aliado de la “4t” manifestó que hay indicios suficientes para “encontrarnos ante el otorgamiento de diversos contratos a empresas fantasmas y es que los domicilios fiscales, que obran en los contratos de estas asignaciones, transitan desde los estacionamientos, las vecindades, construcciones en obra negra, lavados de autos, andadores, callejones, a las cuales se les han otorgado millonarios contratos para adquirir material de papelería, mobiliario y equipo de oficina, sanitización, compras de insumos para prevenir contagios de COVID, mantenimiento de aires acondicionados, equipos de cómputo; todo lo anterior, bajo esquemas de adjudicación directa o licitaciones simplificadas, totalmente opacos y ajenos a los criterios de racionalidad del gasto al ser notorios los sobreprecios en los que se adquieren dichos productos”.
Afirmó que “existe la sospecha de que se otorgó un contrato, por una cantidad superior a los seis millones y medio de pesos, para adquirir mobiliario de oficina a una persona física cuyo domicilio fiscal se encontraba, al momento en el que se otorgó, en la ciudad de Martínez de la Torre, y donde hoy en día existe una construcción en obra negra, donde se proyectan locales comerciales y una cuartería”.
De acuerdo con el contrato, dicha persona física inició operaciones en enero de 2019 y para el final de ese año ya contaba con el capital suficiente para soportar una compra millonaria como la otorgada, además que la dueña de la supuesta empresa es una joven que al momento de la transacción contaba con 23 años de edad.
Ramón Díaz mencionó que otro dato relevante lo constituyen los poco más de 14 millones y medio de pesos que se destinaron para sanitizar diversas instalaciones del Poder Judicial, sin que exista constancia de que la persona física a la que se le otorgaron dichos contratos, por adjudicación directa, contara con las certificaciones necesarias para brindar dicho servicio.
En el mismo sentido –continuó- existen viáticos erogados por diversos magistrados en los que “se encuentran duplicadas sus comprobaciones, así como comisiones en las que trasladan cuadrillas de personal para realizar labores de limpieza y jardinería en diversas instalaciones de los distritos judiciales, donde se reportan gastos promedio de más de dos mil pesos diarios por persona”.
“Lo anterior nos lleva a pensar en las diversas situaciones en las que se ha visto envuelta la administración del Poder Judicial del Estado de Veracruz, pasando desde la aplicación de un llamado Plan de Eficiencia de Recursos y Austeridad del año 2021, que desvió recursos etiquetados para el pago de los togados, hasta la crisis financiera de la que extrañamente nadie se percató y que provocó la solicitud a esta soberanía de una ampliación presupuestal por un monto de 500 millones de pesos, que según sus cuentas eran necesarios para salir de dicha crisis y que al final, únicamente se otorgaron 200 millones de pesos, de los cuales ni siquiera supimos si lograron ayudar a este poder a salir de la crisis o dejaron pendientes económicos por resolver.
En función de las irregularidades expuestas, cuya responsabilidad recae directamente en la directora general de Administración del TSJEV Joana Marlen Bautista Flores, y de la propia presidenta del Poder Judicial Isabel Romero Cruz, el legislador petista propuso que se exhorte al Sistema de Administración Tributaria (SAT) para que en término del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación “investigue si el listado de contribuyentes que han prestado servicios o comercializado insumos al Poder Judicial del Estado de Veracruz durante los ejercicios fiscales 2019, 2020, 2021 y a la fecha de 2022 han emitido facturas sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o comercializar dichos bienes, o si bien no se localizan, presumiendo la inexistencia de las operaciones, es decir, que corroboren si han simulado operaciones o son empresas fantasma”.
Asimismo, que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) analice las operaciones financieras y económicas y evolución patrimonial de los proveedores y funcionarios del Poder Judicial del Estado de Veracruz, y de ser el caso, “implemente y de seguimiento a los mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones u operaciones, que pudieran favorecer operaciones con recursos de procedencia ilícita, en términos de lo dispuesto por los artículos 400 Bis y 400 Bis 1 del Código Penal Federal”.
También pidió que se exhorte al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz para que lleve a cabo una auditoría integral que incluya un informe técnico, financiero, de legalidad y desempeño de los procesos de licitación y adjudicaciones directas del Poder Judicial del Estado de Veracruz del año 2019 a la fecha y de los recursos extraordinarios que hayan recibido, que se evalúen los resultados del Plan de eficiencia de recursos y austeridad del Poder Judicial implementado en el ejercicio fiscal 2021, se analice la justificación de la solicitud de ampliación presupuestal por 500 millones de pesos para aliviar la supuesta crisis financiera que terminó resolviéndose extraordinariamente con 200 millones que se otorgaron durante el pasado ejercicio fiscal.
Incluyó además al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, para que inicie una investigación interna y en caso de existir algún tipo de responsabilidad, “lleven a cabo las acciones necesarias para sancionar ejemplarmente a los responsables”.
Finalmente, Ramón Díaz planteó que se al Instituto Nacional de Acceso a la Información para que inicie el procedimiento de denuncia por falta de actualización de las Obligaciones de Transparencia en la que incurre el Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en el Portal Nacional de Transparencia, y que a su vez el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales realice una auditoría a las obligaciones de transparencia del Poder Judicial del Estado.
