Con votos de Morena, PT, PVEM y MC, la Cámara de Diputados avaló en fast track la reforma a la Ley Minera que busca regular la forma en que el Estado mexicano explote el litio.
Diputados de Va por México (PAN-PRI-PRD) dejaron la sesión en la que se discutía la reforma y se abstuvieron de votar.
Morena aprobó la dispensa de trámites a la iniciativa del Ejecutivo federal, la cual se envió ayer y se publicó anoche en la Gaceta Parlamentaria.
La iniciativa se discutió sin haber pasado por la discusión de las comisiones ordinarias y tal cual se envió por el Ejecutivo.
En la iniciativa, el Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso declarar de utilidad pública la exploración, explotación y aprovechamiento del litio.
En el dictamen se retoma la propuesta que se había hecho en la reforma eléctrica que se desechó en San Lázaro anoche con la reforma eléctrica, en el sentido de que no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones en la materia.
«Serán consideradas zonas de reserva minera aquellas en que haya yacimientos de litio.
«Se reconoce que el litio es patrimonio de la nación y su exploración, explotación y aprovechamiento se reserva para beneficio exclusivo del pueblo de México».
El litio es considerado de importancia por la demanda que existe para la fabricación de baterías, aparatos eléctricos y dispositivos como teléfonos y computadoras.
La propuesta de reforma al artículo 5 de la ley plantea la creación de un organismo público que administre y controle las cadenas de valor económico del litio.
Se indica que el Servicio Geológico Mexicano auxiliará al organismo descentralizado encargado de la explotación de litio en la ubicación y reconocimiento de las áreas geológicas en las que existan reservas probables de litio.
Se precisa que en la exploración del litio y de sus cadenas de valor, será deber del Estado mexicano proteger y garantizar la salud de los mexicanos, el medio ambiente y los derechos de los pueblos originarios.
«El cumplimiento de la legislación y tratados internacionales en materia de protección al medio ambiente y derechos de los pueblos originarios será escrupuloso por parte de dicho organismo público».
En los transitorios se indica que 90 días después de entrada en vigor la reforma, se deberá crear el organismo pública y el presupuesto que se necesite provendrá de movimientos compensados de la dependencia que asuma las funciones de coordinación sectorial y no se autorizarán ampliaciones.
